La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que se abrirá una investigación para revisar si el desalojo de las familias en Montesierra se realizó bajo un mandamiento ministerial o judicial legítimo.
“Hasta el momento no tenemos requisitada una queja, pero de advertirse que los actos de autoridad fueron llevados a cabo de manera arbitraria, que no hubiese un mandamiento que determinara el desalojo e incluso que ese desalojo se hubiese llevado de manera que transgrediera los derechos humanos de las personas, sí pudiéramos estar en una posibilidad de emitir alguna recomendación en su momento”, señaló la Visitadora General Reyna Isabel Mendoza Osuna.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, explicó que por el momento existe una discrepancia sobre si las personas desalojadas del predio ubicado en el fraccionamiento Montesierra son desplazadas por la violencia o precaristas (personas con necesidad de vivienda, pero no desplazadas por violencia), ya que no se siguieron los protocolos correctos para identificar a las familias desplazadas y sus necesidades.
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“Ya desde hace años se había establecido un convenio con la Universidad Autónoma de Occidente para que realizara el trabajo cuando alguien presumía que era desplazado. Entonces, hay todo un formato. Yo estuve incluso en la vigilancia de la elaboración de ese formato ya hace varios años (…) yo creo que hoy debía continuarse exactamente con la misma metodología para no andar no andar presumiendo a partir de criterios particulares, sino con documentos en la mano si existen o no eso es desplazado”, detalló.
PROBLEMÁTICAS ESTRUCTURALES
El problema de fondo —añadió Loza— es una crisis de vivienda estructural en Sinaloa. Para 2022, el estado presentaba un déficit de 432 mil viviendas, a lo que se suma una demanda anual creciente de aproximadamente 16 mil nuevos hogares por matrimonios registrados.
“De tal manera que todas las medidas que se tomen solamente aliviarán de manera muy leve el gran problema de vivienda que hay en el estado de Sinaloa”.
Luego del desalojo, se ofreció a las familias un refugio temporal en el gimnasio Rosario Espinoza; sin embargo, no existe claridad sobre el tiempo que podrán permanecer ahí ni qué pasará con las familias después. La exigencia se centra en buscar una mediación con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) para encontrar una solución definitiva, más allá de los albergues temporales.
