Con la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, ahora los sujetos obligados asumirán las tareas de transparencia; es una regresión, acusan ciudadanos

A días de que la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Guadalupe Ramírez Zepeda, debió regresar 150 mil pesos por incurrir en gastos excesivos de viáticos que incluyeron cortes de carne selectos y spa, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional para desaparecer a la CEAIP.

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) tenía como función garantizar el acceso de la información de los ciudadanos, al intervenir en controversias por negación de la información pública, vigilar el respeto de las obligaciones de transparencia y la protección de datos personales.

La CEAIP con 22 años de existencia como órgano autónomo garante en materia de transparencia en Sinaloa tuvo como antecedente la CEAIPES, creada en 2002, bajo una legislación que en su momento fue considerada de avanzada a nivel nacional. La CEAIP llegó a su mayor fortalecimiento jurídico a partir de la Ley de Transparencia que le otorgó autonomía constitucional a partir de 2016.

Con la reforma constitucional aprobada en Sinaloa, los sujetos obligados en respetar las normatividades en materia de transparencia, serán quienes asumirán las tareas que estaban en manos de CEAIP, un órgano concebido como autónomo constitucional e imparcial.

Bajo el nuevo marco legal, las facultades que tenía la CEAIP deberán ser transferidas a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el ámbito de las diferentes instancias del Poder Ejecutivo Estatal.

En el caso de los organismos autónomos, así como los poderes Judicial y Legislativo, las tareas de CEAIP deberán ser asumidas por las contralorías de estos entes.

Por tratarse de una reforma constitucional, era necesario contar con una mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los diputados que integren la Legislatura, número que se obtuvo sin problema, al contabilizar 30 votos a favor, 23 de Morena, seis del PVEM y uno más del PT. Solo una diputada de Morena no votó, pero porque Arely Berenice Ruíz López no asistió el día de la sesión.

Votaron en contra nueve diputados del PAN (2), MC (2), PRI (3) y del PAS (2).  Subieron a tribuna para cuestionar la propuesta de reforma que llevaría a la desaparición de la CEAIP los diputados del PAN y el PRI. Aunque votaron en contra, no hicieron uso de la voz, para exponer sus razones los diputados de MC ni del PAS.

La diputada del PRI, Paola Gárate, calificó el hecho como un “madruguete” e ironizó en su mensaje en tribuna que se dirigía a los ciudadanos presentes en el salón de sesiones, al cual no acudieron porque la hora de la sesión fue adelantada de manera deliberada dos horas antes.

Agrupaciones ciudadanas que habían presentado iniciativas desde mediados del año como Iniciativa Sinaloa y Observatorio Ciudadano de Mazatlán, cuestionaron la negativa del Congreso de organizar diálogos y foros para discutir las reforma, la cual se había contemplado en la reforma constitucional federal que mandató a los Congresos locales a armonizar sus legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

En cambio, la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya se avanzó “fast track”, ya que el 15 de diciembre, el mismo día que fue recibida, fue dictaminada por la Comisión de Protocolo, y al día siguiente recibió la primera lectura y fue turnada para su dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Tanto el PRI como el PAN, en voz del diputado, Jorge González, coincidieron en calificar la reforma como un retroceso en materia de transparencia y las más retrógrada en la historia democrática de Sinaloa.

Los diputados de Morena, Juana Minerva Vázquez y Manuel de Jesús Verdugo concentraron sus argumentos en que era una reforma constitucional vigente, que el Congreso estaba obligado a armonizar.

La reforma federal establecía que deberían eliminarse en cada una de las entidades la figura de los órganos autónomos garantes del derecho de acceso a la información y datos personales, y que ya había fenecido el plazo dictado para armonizar el marco jurídico local en esta materia.

El otro argumento fue que obedecía a un enfoque de austeridad republicana de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que busca evitar la duplicidad de estructuras y una mejor administración de los recursos, que puedan ser canalizados a las áreas de bienestar para la población, como seguridad, educación y salud.

Adicionalmente señalaron que bajo la nueva normatividad había sido ya rebasado el anterior modelo que depositaba la garantía de la transparencia en función de la existencia de órganos garantes, y que ahora el nuevo esquema deposita la responsabilidad en las instituciones, a través de sus órganos internos de control.

Tras la votación, la agrupación Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana cuestionaron que la reforma se realizó a espaldas de la ciudadanía, sin un proceso de deliberación pública, sin discusión de fondo y sin considerar las voces ciudadanas.

Cuestionaron que los diputados adelantaron la sesión para aprobar la reforma “fast track” para posteriormente abandonar el recinto y no escuchar las manifestaciones ciudadanas.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, consideró preocupante que las garantías de transparencia y el derecho queden en ahora en manos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, una dependencia que ha mostrado un desempeño limitado en el combate a la corrupción y que no ha logrado completar la conformación de los órganos internos de control encargados de investigar faltas administrativas en el ámbito estatal.

Artículo publicado el 21 de diciembre de 2025 en la edición 1195 del semanario Ríodoce.