De acuerdo con el discurso del secretario de Administración y Finanzas (SAyF), Joaquín Landeros Güicho, para el cierre de 2027 el Gobierno de Sinaloa habrá pagado más de 14 mil 272 millones de pesos en omisiones, sentencias y adeudos heredados de administraciones anteriores.
Se menciona que las omisiones, sentencias y adeudos heredados de las administraciones, principalmente las de Mario López Valdez (MALOVA) y Quirino Ordaz Coppel, suman 11 mil 890 millones de pesos.
El pronunciamiento señala que, si se añade la deuda a largo plazo reconocida oficialmente en la entrega-recepción de 2021, por 5 mil 251 millones de pesos, la deuda heredada por gobiernos anteriores asciende a más de 17 mil 141 millones de pesos.
En el discurso, el secretario puntualizó diversas afrentas financieras que ha tenido que sortear el gobierno estatal. Una de ellas es el pago del aguinaldo 2021, una responsabilidad presupuestada pero omitida por la administración de Quirino Ordaz Coppel. Se distribuyeron más de 1 mil 416 millones de pesos entre 95 mil trabajadores activos y jubilados, monto que debió estar resguardado en las cuentas del gobierno.
Otro caso es el pago de 2 mil 300 millones de pesos derivados de malas prácticas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en 2020.
Dicho monto, equivalente a un año de obra pública estatal, afectó a más de 1 millón 300 mil personas y evitó la creación de más de 20 mil empleos directos e indirectos, señaló en el texto.
También se destacó que el Estado garantizará, durante los próximos dos años, las prestaciones correspondientes a más de 14 mil 900 trabajadoras y trabajadores jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, afectados por las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz, al haber retenido y no enterado más de 2 mil 600 millones de pesos.
“Tendríamos recursos suficientes para pagar las nóminas de jubiladas y jubilados durante los próximos años”, acusa el documento.
Agrega también el pago del Fondo de Vivienda, que retenía el 5 por ciento del salario de maestras y maestros, sin que ningún jubilado hubiera sido beneficiado.
“Hemos devuelto el fondo a más de 7 mil 700 maestras y maestros jubilados, y se estima una inversión al año 2027 de 860 millones de pesos”, se añade en el discurso.
A ello se suma la necesidad de solventar laudos, sentencias e indemnizaciones a proveedores derivados de procesos de la administración de Mario López Valdez, los cuales suman 1 mil 645 millones de pesos.
El discurso refiere también la culminación del programa de rescate financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que generó un gasto de 2 mil 992 millones de pesos ante el SAT, derivado de un crédito fiscal por omisiones en el pago de Impuesto Sobre la Renta durante el periodo 2015-2019.
