El colectivo Pitaya Árida presentó una denuncia pública por el fallo de justicia expedita en el caso de abuso sexual contra una menor de 11 años por parte de un funcionario público del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), adscrito al área de contaduría del Gobierno del Estado.

Los hechos ocurrieron en 2019, en dos distintas ocasiones, cuando la niña tenía 11 años. La agresión se produjo durante una temporada vacacional en Culiacán, mientras la menor visitaba a su familia, ya que en ese momento su madre residía en Tijuana.

La menor afectada decidió hablar hasta 2022, ya que el victimario la amenazó para que no dijera nada sobre el abuso.

La sentencia, realizada en 2025, dictó que la persona implicada era culpable. La jueza Rosario Adriana Gerardo Sánchez impuso al agresor una pena mínima de 3 años, 10 meses y 12 días, junto con una multa de 8 mil 364 pesos.

“Lo único que conlleva era que no podía votar, que no se acercara a la víctima, que no tomara, no se drogara y que no volviera a reincidir en el delito”, señaló la madre.

Se sentenció que no habría prisión para el implicado, quien actualmente se encuentra en libertad. La explicación de la jueza fue que el agresor tuvo un buen comportamiento y, por lo tanto, se le otorgó libertad condicional.

“Como calidad de víctima sentimos que se que se protegieron a toda costa los derechos del del agresor, pero los derechos de la víctima fueron ignorados, vulnerados y postergados. Se nos prometió una justicia pronta y expedita, pero la realidad ha sido lo contrario”, denunciaron.

Hasta el momento, la madre de la víctima no reconoce si la persona implicada continúa trabajando en el SATES; sin embargo, se sabe que, en caso de que ya no labore ahí, aún tendría la oportunidad de regresar al puesto.