El Centro Penitenciario de Aguaruto nunca ha sido un ejemplo de penal de alta seguridad. Alguna vez se dijo, entre ironía y resignación, que “no se fugan todos porque no quieren”. Durante años, este centro ha sido escenario de motines, decomisos insólitos y episodios que rozan la ficción: túneles, antenas satelitales, drogas y hasta espacios que algunos internos con poder y dinero, transformaron en verdaderos apartamentos de lujo.

Hoy, el interior refleja también la cruenta guerra que se libra afuera. Ya no se denuncian privilegios, sino tortura. Decenas de familiares de internos se han acercado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar prácticas inhumanas: golpes, asfixia provocada y choques eléctricos. Su presidente, Óscar Loza Ochoa, pidió la intervención de las autoridades, mientras que el gobernador respondió que “está controlado… definitivamente mejor que en cualquier otro tiempo”.

 

Violencia y cambios de mando

Ha sido un año convulso en el penal, en medio de una guerra entre facciones del cártel.

El 20 de mayo de 2025 se registró una balacera al interior, la cual —según la versión oficial— fue controlada sin que se reportaran heridos. El incidente, sin embargo, provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad.

Un día después, el 21 de mayo, durante una revisión posterior al motín, las autoridades decomisaron un arsenal compuesto por 11 armas de alto calibre, 14 pistolas, explosivos, drogas, dispositivos electrónicos y un sistema de internet satelital Starlink. También se descubrió un túnel de 15 metros de longitud y se reportó la desaparición de Eusebio “N”, un pastor evangélico que ese día participaba en una ceremonia de rehabilitación.

En medio de esta crisis, José Israel López Alarcón dejó la dirección del penal de Aguaruto, y el 16 de junio fue nombrado como nuevo titular Julio César Pineda Arriaga, capitán retirado de la Fuerza Aérea Mexicana.

No obstante, los hechos violentos continuaron. El 26 de junio una nueva balacera dentro del penal dejó un muerto y tres heridos, generando nuevamente una amplia movilización policial. Un día después, el 27 de junio, se reportaron cuatro muertes en dos días; tres de los cuerpos fueron hallados colgados, lo que intensificó las preocupaciones sobre la falta de control y seguridad en el centro penitenciario.

 

El 15 de agosto se registró otra riña que dejó al menos tres internos lesionados. Elementos de seguridad evacuaron a los heridos y reforzaron la vigilancia en el área. Helicópteros sobrevolaron las inmediaciones, mientras efectivos de la Guardia Nacional tomaron posiciones para resguardar el penal.

Tras estos hechos, Pineda Arriaga fue relevado del cargo y, el 18 de septiembre de 2025 asumió la dirección del penal Cristóbal Amadeo Domínguez, capitán retirado del Ejército Mexicano.

Durante su gestión, la violencia no cesó. El 17 de octubre una riña dejó un interno muerto y tres lesionados, además del aseguramiento de varias armas y un artefacto explosivo. Fue el quinto enfrentamiento reportado dentro del penal en lo que va de 2025.

Al día siguiente, el 18 de octubre, un reo falleció por causas no esclarecidas en el área de urgencias del centro penitenciario.

El 20 de octubre, mientras un grupo de celadores se manifestaba denunciando hostigamiento laboral, se reportó la muerte de un interno de 23 años, el tercer deceso en apenas 72 horas. Esto reforzó la percepción de crisis dentro del penal de Aguaruto.

Desde entonces, las autoridades han realizado cateos y decomisos en días consecutivos, encontrando diversas armas de fuego y punzocortantes, equipos de telefonía celular, drogas y equipos satelitales de internet.

 

Custodios: ¿cómplices o víctimas?

La protesta de los custodios surgió luego de que, de manera sorpresiva, la dirección del penal giró la instrucción de rotar a 24 elementos hacia las cárceles de Los Mochis y Mazatlán. Los trabajadores denunciaron hostigamiento laboral y tratos abusivos por parte de los nuevos mandos.

“Sabemos que es posible que se hagan rotaciones, pero de dos o tres personas. Se me hace muy raro que estén moviendo a 24 al mismo tiempo. Nunca se habían hecho tantos movimientos así, de manera tan abrupta y tan pa’ la chingada”, declaró uno de los custodios, quien pidió mantener el anonimato.

“¿Cuál es el motivo? Si desconfían de nosotros, que nos lo digan. Pareciera que nosotros somos los que tenemos la culpa de lo que pasa en este penal, y no es así; nosotros llegamos a un sistema que ya estaba formado”, agregó otro trabajador.

“No tenemos respaldo de estos mandos, no nos escuchan ni nos dirigen la palabra. Escuchan más a los internos que a nosotros. Se comunican con ellos, les toman en cuenta cada méndiga solicitud que les hacen, mientras que a nosotros nos ignoran y nos hacen a un lado”, añadió un custodio más.

La medida de traslado masivo generó descontento entre los trabajadores, quienes denunciaron que los oficios de comisión no tienen fecha de regreso, que no han recibido viáticos y que no cuentan con los recursos económicos para vivir en otro municipio mientras sus familias permanecen en Culiacán.

“El actual director está haciendo un cochinero. Necesitamos que el gobernador intervenga y nos apoye. Nosotros no contamos con recursos para estarnos moviendo a otro municipio; estamos establecidos aquí y aquí tenemos familia. Yo no puedo rentar allá o estar viajando cinco veces a la semana; ganamos 7 mil pesos a la quincena, no nos alcanza. Necesitamos ayuda”, concluyó uno de los custodios.

 

Internos denuncian corrupción y tortura

El mismo día, a través de mensajes de texto enviados a un familiar, un interno denunció ante Ríodoce que los reclusos están siendo presuntamente torturados dentro del penal, y que el hombre de 23 años que la Secretaría de Seguridad Pública reportó como fallecido tras un desvanecimiento en su celda, en realidad habría sido asesinado a golpes.

Además, aseguró que algunos custodios forman parte de una red de corrupción que introduce armas, drogas y artefactos tecnológicos al interior del centro penitenciario. “Son cómplices. Las cosas se meten al penal por medio de algunos celadores que están involucrados”, afirmó.

El interno denunció que los reclusos han sido objeto de interrogatorios y torturas, que se han notado cambios desde la llegada del actual director hace poco más de un mes. Sin embargo, aclaró que no son los militares quienes ejecutan estas prácticas.

“Los policías estatales que ingresan a revisión son los que torturan a los internos con cables de electricidad; les meten los pies al agua y los electrocutan. También les colocan bolsas en la cara para asfixiarlos. Los custodios no intervienen porque vienen mandos superiores y también los intimidan”, aseguró.

El interno, quién logró capturar fotografías de algunos de los presos con marcas de golpes y moretones, afirmó que la situación es crítica y teme por su vida:

“Me siento intimidado por parte de las autoridades; ahorita corre peligro la vida de las personas que estamos aquí encerrados”, concluyó.

 

Interviene la CEDH, exige acción contra la tortura

El 22 de octubre, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, emitió un pronunciamiento pidiendo a las autoridades atender de manera urgente las presuntas prácticas de tortura al interior del penal, tras las expresiones que alrededor de 45 familiares de internos hicieron ante el organismo que encabeza.

“Hicimos un pronunciamiento como consecuencia de la visita de tres grupos de familiares que vinieron aquí a la Comisión; en total fueron alrededor de 45 familiares de internos, y ellos denuncian que en las revisiones que se practican ha habido golpes. Hablaron de tortura, muy particularmente de inmersión de la cabeza en agua y darles toques”, declaró Loza Ochoa.

El funcionario señaló que estas expresiones son alarmantes por el tipo de práctica a la que se refieren. “Nos preocupa mucho esa parte; teníamos tiempo sin denuncias al respecto. Estos son rasgos clásicos de tortura, y la lucha en contra de la tortura ha sido larga. La primera legislación en el tema se dio 15 días antes del asesinato de Norma Corona. Lo digo porque ella fue precisamente la autora de esta iniciativa, que se aprobó pocos días antes de que fuera asesinada, el 17 de mayo de 1990”, recordó.

“No podemos permitir que se realicen estas prácticas de manera impune. Yo espero que la autoridad, con sólo conocer de estas versiones, y por tratarse de un delito gravísimo, tome acción y no salga a decir que va a esperar las denuncias para poder actuar”.

 

Para el gobernador, el penal está controlado

En respuesta, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que el Penal de Aguaruto está mejor controlado que en cualquier otro tiempo. Pese a que las riñas y los decomisos persisten. “Porque es un penal y ahí hay delincuentes, deben entender que eso ocurre, pero está controlado definitivamente, mejor que en cualquier otro tiempo, controlado está el penal”, expresó.

“Está pasando lo que lamentablemente pasa en los penales, que ahí se arrastra una serie de vicios al interior y dificultades en el comportamiento de la población, pero estamos permanentemente al pendiente, por eso no se ha salido del control que debe tener la policía”.

El Centro Penitenciario de Aguaruto permanece como un reflejo de la violencia y la corrupción que atraviesa el sistema penitenciario: motines, decomisos, disputas entre custodios y acusaciones de tortura, marcan el día a día. Mientras las autoridades insisten en que el penal está controlado, los testimonios de familiares e internos, junto con los cateos y decomisos recientes, muestran una realidad distinta, donde la impunidad permanece como una constante.

Artículo publicado el 26 de octubre de 2025 en la edición 1187 del semanario Ríodoce.