Organizaciones civiles ven preocupante que diputados dejen pendiente la Ley de Transparencia

Organizaciones civiles ven preocupante que diputados dejen pendiente la Ley de Transparencia

Representantes de organizaciones civiles manifestaron su preocupación por las solicitudes de licencia a su diputación de Teresa Guerra Ochoa, Rodolfo Valenzuela, Rodolfo Valenzuela y Kristian Alexis Espinoza, en medio de un momento determinante para la discusión y construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

En conferencia de prensa conjunto los integrantes de la  Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, detallaron que tres integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana pidieron licencia, lo que se sumó a quien encabezaba la JUCOPO.

Señalaron que la construcción de una Ley de Transparencia no puede quedar sujeta a coyunturas políticas ni a cambios de actores, ya que el Congreso tiene la obligación de garantizar que el proceso continúe con apertura, certeza, participación efectiva y máxima publicidad, privilegiando el interés público por encima de cualquier interés partidista.

Más allá de las razones personales o políticas que motivan estas decisiones, resulta preocupante que quienes asumieron la responsabilidad de conducir este proceso lo abandonen sin ofrecer certeza sobre su continuidad, los acuerdos alcanzados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo, manifestaron.

Las organizaciones hicieron un llamado al Congreso del Estado para que informe de manera clara quiénes asumirán la conducción de este proceso, cómo se garantizará la continuidad de las mesas de trabajo y de qué manera serán incorporadas las propuestas presentadas por la sociedad civil.

Sinaloa, afirmaron, necesita una legislación sólida, construida mediante un proceso abierto, transparente y con auténtica participación ciudadana, además que las instituciones deben demostrar que los cambios políticos no representan un obstáculo para cumplir con sus obligaciones constitucionales ni para garantizar derechos fundamentales.

 

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