Las  primeras frases que saltan del primer informe del gobierno del 1 de septiembre entre otras fueron, “tenemos la mayor libertad de expresión de la historia”, “no hay censura”, como discurso está bien pero como política de Estado, habrá que detenerse un poco a reflexionar en estas frases que son un  poco triunfalistas para un primer informe de gobierno.

Primero habrá que recordarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que la libertad de expresión en el concepto amplio no se limita a que cada quien pueda decir lo que quiera, sino que abarca muchos otros aspectos como el derecho a disentir, a un periodismo libre que pueda expresarse, sin el temor a ser demandados judicialmente. O bien donde el periodismo se sienta seguro para hacer su trabajo sin temor a perder la vida.

La otra es preguntarnos en este contexto, ¿mayor libertad de expresión para quién y desde dónde?

En lo que va de enero a julio de 2025, se ha registrado un aumento del acoso judicial a periodistas, según la organización Article19, “ha registrado 51 casos, en total 39 periodistas, y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra, lo que equivale a un proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio”, refiere.

Preocupa en particular el uso excesivo de la figura de “Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género”, un instrumento que originalmente fue creado para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Hoy es un instrumento que usan políticos y políticas para demandar a periodistas y medios demandando medidas cautelares irracionales, encaminadas a inhibir la libertad de expresión desde el poder. Caso por mencionar hay en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Ciudad de México, entre otros.

No está por demás recordar que en otros gobiernos la Leyes de difamación y calumnia fueron usadas de manera excesiva como una forma de inhibir la libertad de expresión, baste recordar el caso del periodista Miguel Ángel Granados Chapa o el de Sergio Aguayo, pero hoy se hace uso de los Tribunales Electorales para demandar periodistas, en particular para dictar sentencias por los Tribunales Electorales con poco sustento pero sí, favoreciendo a los demandantes claramente.  Tan solo entre julio y agosto Reporteros Sin Fronteras tuvo conocimiento de por lo menos 10 sentencias en contra de periodistas y medios por “violencia política en razón de género”.

Casos como los del periodista Jorge González, del diario Tribuna en  Campeche, la radio Comunitaria Radio Teocelo, y cuatro periodistas más en Veracruz; la demanda contra el periodista Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, el de Jesús Gabriel Castañeda Arellano, periodista, director del medio AcapulcoTrends, en Guerrero y el de la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, en Sonora; caso mejor conocido como “dato protegido”, quien recibió como medida cautelar publicar por 30 días en su cuenta de X una disculpa pública.

Hechos reiterados como los acá mencionados por su recurrencia en contra de periodistas se convierten en un acto de censura y esto no se puede pasar por alto, las y los políticos en funciones o no, están haciendo un uso excesivo de las demandas por violencia política en razón de género más como una venganza que como un recurso en el que se quiera defender los derechos de las mujeres.

Muchos políticos y políticas en México, han olvidado que los principios de libertad de expresión de la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalan que “los funcionarios públicos están expuestos a un mayor grado de crítica y escrutinio público debido a la naturaleza de interés público de sus funciones y a que han asumido voluntariamente esa posición”, no lo saben o no lo quieren saber.

El informe de la presidenta también pasó por alto que desde que tomó posesión el 1 de octubre a la fecha, han sido asesinados en México ocho periodistas en el ejercicio de su trabajo.

Todo esto pese a los compromisos asumidos por la presidenta con Reporteros Sin Fronteras en mayo de 2024, en donde se comprometió al fortalecimiento de los mecanismos de protección.

En México hay más de 170 periodistas asesinados, y 28 desaparecidos donde la impunidad continúa en un 92 por ciento en los asesinatos y el 100 por ciento en el caso de las desapariciones, el desplazamiento de periodistas continúa, las zonas de silencio en varias regiones del país, se han ampliado ahí donde la información ya no sale o porque ya no hay medios o periodistas que informen y donde el crimen organizado ha tomado control de esas zonas.

Pero eso sí, en México vamos bien, tenemos la mayor libertad de expresión de la historia, y la censura no existe.  Mientras la protección de los periodistas no se fortalezca, la impunidad no retroceda, las zonas de silencio desaparezcan y el periodismo pueda ejercer su trabajo de manera libre sin temor a ser amenazados o asesinados, es mejor reconocer con humildad que no estamos bien pero que hay voluntad para mejorar.