Comuneros del pueblo de Santa María se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de una deuda millonaria relacionada con la construcción de la presa Santa María.

Originalmente, se les debían 190 millones de pesos por la expropiación de sus tierras para dicha obra. Esto reubicó a más de 300 familias, bajo la promesa de una prosperidad económica y la restitución de sus hogares, de los cuales solo 56 han sido construidos.

“A parte eso de las casas, todavía no nos han dado título de propiedad, o sea, sí, esta casa es tuya, pero no hay un documento, no hay un papel. Todo ese tipo de de anomalías hay muchas”, denunció un habitante.

A los comuneros que no vivían directamente en el pueblo principal, pero que tenían terrenos (la comunidad cuenta con 100 hectáreas), se les prometió un pequeño terreno y la construcción de una casa por parte del gobierno; esta promesa tampoco se ha cumplido.

De los 190 millones, se recibieron 30 millones de pesos, pero aún se les adeudan 60 millones de pesos de ese monto inicial.

Además, se prometió un cheque de 30 millones de pesos en mayo del año pasado y otro de 30 millones en junio, que no ha llegado.

Hay 100 millones de pesos adicionales que supuestamente estaban destinados a infraestructura, pesca, ecoturismo y apoyo a la comunidad, pero que no se han entregado directamente, ya que el gobierno planea usarlos para esos fines.

La comunidad recalcó que la administración de Rubén Rocha Moya no ha mostrado disposición para pagar y que, aunque los han atendido en reuniones, nunca han cumplido sus promesas.

Durante la toma, una comitiva estableció una reunión con Adolfo Beltrán, de Gobernabilidad Democrática, quien respondió que no cuentan con los recursos para saldar la deuda ni cumplir con el convenio, que lleva un año vencido.

Ante esto, los manifestantes decidieron instalar un plantón hasta que la problemática sea resuelta.