Líderes de Voces Unidas por la Vida y Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatal Detenidos y Desaparecidos señalan que el proceso se está realizando sin transparencia

Familias de los colectivos de búsqueda Voces Unidas por la Vida y Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatal Detenidos y Desaparecidos denunciaron falta de transparencia en los procesos de exhumación que se llevan a cabo en el Panteón 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

Esta demanda surge de una serie de prácticas que las autoridades han implementado y que limitan el acceso a la información y a la participación de los familiares.

“Lo que sí sabemos es que la fiscalía y ellos, las autoridades, tienen la obligación de tenernos informadas de qué es lo que está sucediendo ahí en la fosa, qué es lo que están sacando”, expresó Rosa Neris, activista y buscadora.

Cuando las familias preguntan sobre los hallazgos, como los “fragmentos” —o “tesoros”, como ellas suelen denominar a los cuerpos que localizan— que ven sacar en “canastitas”, nadie les responde.

La información solicitada es calificada como “información reservada”, incluso para las propias familias que son las directamente afectadas. Se percibe que el trabajo se realiza de manera muy hermética. La ausencia de información genera para ellas, una constante angustia y revictimización.

Han señalado una actitud de apatía por parte de Nora Patricia Figueroa Sauceda, subsecretaria de Derechos Humanos, quien también realiza labores de campo. Exigen que se acerque a ellas y les informe “todo lo que está pasando, lo que se está localizando”.

Las familias ya presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido a la falta de transparencia y a las condiciones en las que se están llevando a cabo las exhumaciones.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), expresó que la situación es más un asunto de “sensibilidad” que de normatividad o legalidad.

“Si ellas son las que han luchado, son las que han encontrado incluso la inmensa mayoría de esos restos humanos que están allí y le hablaron a la autoridad para que se hiciera cargo, hiciera los peritajes debidos, etcétera. Pues no entiendo yo por qué razón no pueden estar cerca, o sea, estar observando el trabajo que se lleva a cabo. No lo están condenando”, expresó.

Es prudente  —dijo— mantener líneas perimetrales para evitar la contaminación del área; sin embargo, resulta innecesario limitar la visibilidad mediante la colocación de mallas que impiden al grupo de madres observar con detalle los trabajos que realiza el personal.

Desde el 9 de julio, a las 13:09 horas, comenzaron las “labores de exhumación”, que en realidad se encuentran en la “fase 0”, es decir exploratoria, para determinar cómo se recibirán los cuerpos y en qué condiciones (esqueletizados, con tejido…).

El proyecto inició en el Panteón 21 de Marzo, identificado como la fosa común más grande de todo el estado, donde se proyecta la recuperación de 53 cuerpos en esta primera fase, con la participación de arqueólogos, antropólogos, criminalistas, expertos forenses, geógrafos, especialistas en ciencias sociales y autoridades ministeriales.

Alma Rosa Rojo Medina, líder del colectivo Voces Unidas, explicó que las primeras exhumaciones se realizaron en 2011 y 2014, aunque no fueron exhumaciones masivas como las que se plantean para este año con la extracción de 800 cuerpos. En esos dos años se logró exhumar cinco cuerpos, detallando que el proceso fue negligente, sin transparencia ni respeto por los restos.

“Miré como estaban los cuerpos en la fosa común, en hule negro, que ese hule negro cuando abrieron y sacaron el primer cuerpo de arriba, se rompe el hule y se tiran los restos. Y yo enojada, llorando porque, ¿por qué? ¿por qué hacían eso? Para mí era lo más horrible estar viendo que un cuerpo estuviera así”, relató.

Rojo Medina, quien ha buscado a su hermano por 16 años, expresa que, aunque el actual gobernador Rocha Moya ha permitido el inicio de las exhumaciones, “no… es un logro de él, es un logro de las familias…”.

Ríodoce buscó una entrevista con Nora Patricia Figueroa Sauceda, subsecretaria de Derechos Humanos, pero no fue atendida.

Centros de resguardo

La recuperación de los cuerpos se adhiere al desarrollo del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CERT), que forma parte de una política pública estatal iniciada, según Rubén Rocha Moya, el 1 de noviembre de 2021, cuando asumió el cargo.

Actualmente existen tres de estos centros de resguardo en Sinaloa: uno en Culiacán, otro en Mazatlán y el último en Los Mochis. El centro en la capital del estado tiene capacidad para 750 cuerpos y está ubicado en la sindicatura de Aguaruto.

Mazatlán cuenta con capacidad para albergar 710 cuerpos y está ubicado junto a la Universidad Politécnica de Sinaloa. El de Los Mochis tiene una capacidad instalada para 510 cuerpos, con una proyección para alcanzar los 710, y se encuentra en las cercanías de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).

Estos espacios de resguardo son instalaciones con múltiples contenedores metálicos situados en el exterior e incrustados en el suelo, donde se irán almacenando los cuerpos hasta su análisis e identificación, y cuentan con tubos que funcionan como respiraderos.

En la conferencia semanera, Figueroa Sauceda detalló que, desde enero de este año, el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda entregó mil 086 perfiles genéticos tras jornadas de toma de muestras referenciales en Sinaloa.

Todo esto ha implicado la inversión de subsidios federales y estatales. Entre 2022 y 2025, Sinaloa ha recibido 127.11 millones de pesos de este programa, siendo uno de los estados más beneficiados a nivel federal, al alcanzar el segundo lugar, después de Zacatecas. La distribución total del subsidio federal en el país para 2025 es de 621.1 millones de pesos.

Artículo publicado el 20 de julio de 2025 en la edición 1173 del semanario Ríodoce.