Acusan que el Congreso de Sinaloa violó la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno Municipal que versan sobre las facultades del cabildo para designar alcaldes provisionales

La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó a la corte electoral estatal para que en 10 días, a partir la sentencia del 9 de julio (2025) del expediente SG-JDC422/2025, emita una nueva sentencia al caso TESIN-JDP-09/2025 que desechó por no haber encontrado causales de procedencia sobre el alegato de que el Congreso de Sinaloa vulneró los derechos políticos electorales de la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdez, al impedirle ostentar el cargo que protestó previo a la designación de presidente municipal sustituto de Menéndez de Llano Bermúdez.

La regidora había sido designada como alcaldesa provisional luego que Gerardo Octavio Vargas Landeros recibiera licencia para ausentarse por 90 días.

Gabriela del Valle Pérez, magistrada ponente de la sentencia, que fue aprobada por unanimidad validó que el Congreso de Sinaloa violó el artículo 119 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los artículos 20 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal que versan sobre las facultades del cabildo para designar alcaldes provisionales por licencias del presidente municipal.

Además, expuso, que los actos parlamentarios son revisables cuando vulnerase el derecho humano de índole político-electoral de ser votado, en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo y representación de la ciudadanía, lo que aconteció.

La magistrada dejó a salvo los derechos de la regidora de proceder por violencia política de género, así como de otros agravios de procedimiento cometidos por los integrantes del Congreso.

El revire de Gerardo

En tanto, en plena madrugada del miércoles 9 (2025) día siguiente a su vinculación a proceso, el alcalde de Ahome desaforado por el Congreso de Sinaloa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, posteó “violaciones procesales” como respuesta a la jornada de casi 10 horas en que se convirtió la continuación de la audiencia inicial en la que finalmente se le vinculó a proceso.

De la misma audiencia, la síndica procuradora, Cecilia Hernández fue excluida por una determinación judicial, no podía representar los intereses de la comuna por conflicto de intereses al ser parte de una carpeta secundaria. La determinación se sacó de contexto y corrió como reguero de pólvora que el juez de control había ordenado su separación del cargo.

“No fue tal cosa, sólo fue una decisión para un expediente que no involucra una sentencia de culpabilidad o inocencia. Por tanto, estoy firme en el cargo”, dijo este viernes la funcionaria.

Ambos posicionamientos, distintos pero coincidentes y unidos, porque Vargas Landeros era el jefe del Poder Ejecutivo municipal y la síndica es la parte legal, ahora están vinculados a proceso.

Vargas Landeros acusó violaciones sistemáticas a los procedimientos penales durante la audiencia inicial en la que se le vinculó a proceso el martes y sostuvo que por dignidad dará la pelea legal, cualquiera que sea el rumbo que esta siga.

“Hoy viví una audiencia en los juzgados de casi 10 horas. Una jornada marcada por nuevas violaciones procesales, que, en su momento, haré valer por las vías legales correspondientes”, asentó en un comunicado.

“Fui nuevamente vinculado a proceso, por dos delitos que ya me habían sido imputados. Esto, a pesar de los dictámenes técnicos y financieros que demostraron claramente que no hubo daño alguno al patrimonio público, sino por el contrario; hubo un beneficio para la sociedad por el arrendamiento de patrullas para nuestro municipio”, secundó en la misiva difundida a través de sus canales de comunicación, en Los Mochis.

Reiteró que de suceder una hipótesis igual de inseguridad, lo resolvería de la misma manera, porque, consideró, ningún procedimiento administrativo debe estar por encima de la seguridad de la gente.

“Porque no fue una ocurrencia ni una improvisación. Fue una medida necesaria, en medio de una pandemia global, cuando la escasez de vehículos era crítica por la falta de micro-procesadores (chips) y cuando la inseguridad exigía respuestas inmediatas. Gracias a esa acción, Ahome logró un ahorro de más de 12 millones de pesos y la inseguridad disminuyó en más de un 47 por ciento. Eso no es teoría, es resultado.”.

“Siempre he respetado la ley, lo he demostrado una y otra vez y lo seguiré haciendo. Pero también tengo claro que la justicia no es un trámite, es un acto de dignidad, y esa dignidad la vamos a defender hasta el final. Aquí seguimos, por Ahome y por la verdad”, concluyó.

Mientras que Cecilia Hernández aclaró que mientras no exista una sentencia definitiva y condenatoria, ella podrá mantenerse en el cargo porque el proceso no difiere sus actividades legales.

“Además, el alcalde, los regidores y la comunidad saben de mi proceder como funcionaria. No hay temor”, enfatizó.

Aseguró que, al desahogarse el proceso, ella comprobará que no existe delito por perseguir y que no incurrió en ningún supuesto que pretender hacer valer la Fiscalía General de Justicia del Estado pues se le informó lo que tramitó.

Artículo publicado el 13 de julio de 2025 en la edición 1172 del semanario Ríodoce.