El Ayuntamiento de Ahome pagó un sobre costo de 42 millones de pesos en la renta de patrullas, reveló la Fiscalía General del Estado durante la imputación al ex alcalde Gerardo Vargas Landeros y ex funcionarios del municipio.
En una audiencia celebrada hoy la Fiscalía dio a conocer los datos de prueba y el próximo martes el juez resolverá la situación jurídica de los imputados.
La FGE detalló que el Ayuntamiento firmó un contrato para el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones 451 mil 932 pesos en diciembre de 2021; y en febrero de 2022 hicieron una modificación de marcas y modelos y se amplió a 135 vehículos y el monto total fue de 161 millones 112 millones 148 mil pesos.
El contrato fue con la empresa Grinleasing, dijo la Fiscalía, pero ésta no tenía capacidad económica para prestar el servicio por lo que rentaba los vehículos a la empresa Casanova Vallejo.
Lea: ‘La verdadera justicia saldrá a flote’, dice Gerargo Vargas previo a su audiencia
De haber arrendado las patrullas directamente a Casanova Vallejo, el municipio hubiera pagado 42 millones 415 mil 18 pesos menos.
Vargas Landeros está imputado por los delitos de ejércicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Los ex funcionarios Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano, Fausto Ibarra Celis, Julio César Romanillo Montoya, Genaro García Castro, Judith Luna y Marisol Morales, están imputados por desempeño irregular de la función pública.
De acuerdo con la FGE el 9 de diciembre de 2021 el Comité de Adquisiciones se reunió y aprobó dar el contrato a Grinleasing por adjudicación directa.
Al día siguiente, el 10 diciembre firmaron el contrato Gerardo Vargas Landeros, Genaro García Castro y Julio César Romanillo; y por parte de la empresa Raúl Antonio Hernández.
El contrato tenía una vigencia del 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía una vez concluido el contrato el Ayuntamiento compró 122 de las 135 patrullas en 3 millones 237 mil pesos.
La Fiscalía señaló que por el monto del arrendamiento el contrato debió adjudicarse en un concurso de licitación y no por adjudicación directa.
Detalló que la contratación fue ilegal porque no estuvo apegada a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.
Los imputados pidieron al juez un plazo de 144 horas para presentar datos de prueba por lo que el próximo martes el juzgador resolverá su dicta auto de vinculación o auto de ni vinculación a proceso.
