Integrantes de la Dirección Política Estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron dos decretos recientemente firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales modifican la edad de jubilación y otorgan mayores pensiones.

A pesar de que estos cambios representan avances parciales, la CNTE considera que no responden a su demanda central: la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007, implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Esos decretos tienen relación con una demanda que hemos venido desde hace años insistiendo: que se derogue, se retire definitivamente una ley que fue creada por Felipe Calderón hace 18 años y que, por dos ejes, dos rubros, vino a perjudicar al magisterio nacional”, denunció Carlos Ramón López Torres, integrante de la dirección política estatal de la CNTE.

La Coordinadora considera que los nuevos decretos son apenas “parches” que no resuelven de fondo el problema generado por la reforma de 2007. Antes de esa reforma, las y los trabajadores podían jubilarse al cumplir 28 años de servicio y los hombres con 30 años, sin tomar en cuenta la edad biológica. Sin embargo, la ley modificó estas condiciones y estableció nuevos requisitos que, según el magisterio, han sido perjudiciales.

El pasado 23 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos decretos que reducen la edad mínima para acceder a una pensión jubilatoria: a partir de 2034, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55. Estos decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Sheinbaum reconoció que el sistema actual obliga a los trabajadores a depositar una parte de sus ahorros en una Afore, lo cual otorga pensiones bajas. Por lo cual, planteó complementar las pensiones con recursos del programa Pensiones del Bienestar. Un maestro podría pasar de recibir 4 mil 600 pesos a 16 mil pesos mensuales, con una aportación adicional de 12 mil pesos.

La CNTE advierte que estos beneficios no están garantizados, ya que se establecen por decreto y no mediante una ley.

“Aparentemente está bien, pero resulta que eso que hace la doctora es un decreto, no es una ley”, destacó López.

Al tratarse de un decreto, cualquier gobierno futuro (del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano) podría derogarlo sin necesidad de pasar por el Congreso. “Si se tratara como una ley, esta podría ser votada, inscrita en la Constitución y ofrecer mayor confianza y permanencia”, añadió.

Finalmente, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador también había prometido revertir la reforma de Calderón y regresar al esquema de jubilación basado exclusivamente en los años de servicio. Sin embargo, no logró concretar esa promesa por no contar con la mayoría necesaria en el Congreso.