Rigoberto Rodríguez niega imputaciones por acoso laboral y distribución de información para incitar otros delitos

La investigación judicial para deslindar responsabilidades en la debacle de la Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa comenzó este jueves, cuando un juez de control dio entrada a una carpeta que la Fiscalía General de Justicia del Estado integró por los presuntos delitos de acoso laboral y la distribución de información para incitar otros delitos.

En la carpeta figura como acusado el secretario general de la unión, Rigoberto Rodríguez Pineda y seis choferes como ofendidos.

Este declaró en audiencia que los hechos imputados no son ciertos pues no tiene autonomía, sino que es la asamblea general de socios la que determina acciones en contra o a favor de los miembros de la organización. “Solo ejecuto las decisiones que la asamblea me dicta, porque así son los estatutos que todos los integrantes protestaron cumplir y hacer cumplir”.

Escuchados los argumentos iniciales, el juez no emitió resolución, aunque ordenó a Rodríguez Pineda no abandonar el estado sin autorización judicial.

El juez de control, Luis Nicanor Barajas Peregrina, corrigió la plana a los agentes del Ministerio Público del fuero común que pretendían judicializar una carpeta con hechos y ofendidos diversos, resolviendo que se hicieran acusaciones individuales.

“Lo que usted, señor fiscal pretende no se ha hecho, y hay riesgo de que no se otorgue justicia a uno o a otro ofendido o al señor acusado, así que vamos a reconsiderar el procedimiento a procedimientos individuales por aparentes ofendidos, sin definir nada aún”.

La resolución del juez dejó conformes a la parte acusadora y a la defensa del imputado, iniciándose ese jueves el caso 163/2025 que partió de la carpeta 1006/2025 que comenzó con la denuncia de seis choferes por una secuencia de acciones del líder gremial en contra de estos.

Las restantes audiencias se realizarán a partir del 8 al 12 de septiembre, donde serán presentadas las imputaciones individuales.

Después de estas audiencias, el juez acordará con las partes la acumulación de los casos a desahogarse por cuerdas separadas.

Todas las decisiones judiciales en el caso inicial no tuvieron réplica por las partes y se aceptaron sin oposición.

En la audiencia del pasado jueves, el fiscal narró que el ofendido Francisco Javier Araux Ruiz sufrió una serie de hechos que a su juicio son materia de acoso laboral y de incitación a cometer otros delitos.

Dijo que las acciones fueron recurrentes desde el 15 de noviembre del 2023 y consistieron en la interrupción de la aplicación digital y de señal radial para los servicios como una medida coercitiva para forzarlo a comulgar con la administración y callar los abusos en contra de los agremiados, excluyéndole de laborar con su vehículo.

La acción se repitió el 14 de mayo del 2024 cuando recibió una llamada de Rigoberto Rodríguez a su celular insultándolo y vejándolo, previo a la asamblea a desarrollarse ese día en donde exhibió la carpeta de investigación que previamente se estaba integrando por amenazas, incitando a la audiencia a su expulsión de la misma, lo cual ocurrió.

El 28 de mayo del 2024 negó de nueva cuenta los sistemas de comunicación de servicios y se repitió el 18 de junio del mismo año cuando se negó a pagar 412 pesos de un nuevo seguro contra siniestros, porque él ya contaba con uno.

Las acciones, dijo el fiscal, fueron reiteradas.

Ante las imputaciones, Rigoberto Rodríguez optó por responder y negó ser autor de los hechos imputados, reiterando que sus acciones no fueron individuales sino ordenadas por la asamblea, que se constituye en máxima autoridad en el gremio. “Lo que resuelva se hace”.

Dijo que como secretario general está obligado a realizar lo que los socios determinen.

“No son ciertos los hechos”, reiteró.

Su defensa dijo que por el momento sería la única diligencia a rendir y que en el proceso dejarían la aportación de pruebas.

Estos pidieron la duplicidad del término constitucional para presentarlas.

Mientras estas diligencias se realizan, en la Unión de Trabajadores continúan los altibajos, pues el secretario general suplente, Enrique Palma Medina, despacha con el reconocimiento de la oficina de Vialidad y Transporte.

De acuerdo a seguidores de Palma Medina, se está en la revisión de los permisos de taxis que el gobierno de Sinaloa ha liberado para ser dados en vías de emancipación, a los socios más antiguos, pero que han terminado en venta a particulares ajenos a la asociación.

Ante estos, Rodríguez aseguró que el caso es falso lo mismo que permita la circulación de “taxis piratas”.

Es la grilla interna, defendió.

Las escaramuzas en la Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa se recrudecieron cuando Rigoberto Rodríguez Pineda armó su campaña para una segunda reelección al mismo tiempo que su suplente, Enrique Palma Medina, hizo lo propio y apareció un tercer aspirante, Heriberto Urías Castro, quien ha llamado a la reconciliación.

Artículo publicado el 29 de junio de 2025 en la edición 1170 del semanario Ríodoce.