La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones de quienes dicen busca imponer un “Estado espía”, asegurando que su gobierno no espía ni espiará a nadie.

Sheinbaum se refirió a las críticas de las leyes de investigación e inteligencia y la de telecomunicaciones recientemente aprobadas por las cámaras de diputados y senadores.

Insistió en que es falso, una mentira que las leyes aprobadas tengan que con que el Estado va a espiar.

Aludiendo a dos artículos de la Constitución, aseguró que lo que dicen las leyes, es lo que dice el Código Penal, que solamente puede haber una intervención, una localización de GPS, etcétera, bajo orden judicial.

“A menos”, dijo la presidenta, “que se trate de un desaparecido, de un secuestro, en donde se pide la información directamente a la telefónica para poder atender de manera extraordinaria un caso de este tipo, que no creo que nadie se pueda oponer a eso”.

Y leyó lo que dice la Constitución en la materia.

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. —Ahora—. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca esta ley”.

“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.

Desde que surgió la polémica de las presuntan facultades que otorgan estas leyes para la intervención a cuestiones personales de los ciudadanos, la mandataria ha hecho una defensa férrea de sus proyectos de ley, los cuales ya están aprobados y casi listos para ser publicados en el Diario Oficial.