La Fiscalía General de la República llegó a un acuerdo con tres integrantes de la familia Weinberg para otorgarles un criterio de oportunidad en el proceso penal que se le sigue en México a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, su esposa y cinco familiares más por los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 5 mil 112 millones de pesos., informó el portal de Aristegui Noticias.
De acuerdo a su definición, el criterio de oportunidad en materia penal es un mecanismo legal que permite al Ministerio Público (Fiscalía) decidir, en ciertos casos, abstenerse de ejercer la acción penal, o reducir la pena del imputado, a cambio de la colaboración del mismo en la investigación de un delito. Es una estrategia que busca optimizar recursos y resolver conflictos penales de manera más eficiente.
El criterio de oportunidad otorgado por la FGR a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López y Natan Wancier Taub fue presentado en audiencia ante un juez de control para su autorización.
La audiencia no concluyó, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, determinó continuar el debate hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana.
En la causa penal que se sigue contra Genaro García Luna también aparecen como imputadas su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, sus hermanas Esperanza, Luz y María, todas de apellidos García Luna, su hermano Humberto y su sobrino Oswaldo Luna Valderrabano, así como más de 30 ex servidores públicos.
El criterio de oportunidad otorgado por la FGR a los Weinberg coincide con la sentencia dictada el miércoles en la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, por el presunto desvío de dinero público.
La sentencia definitiva de ese caso se deriva de la demanda civil que presentó el Estado Mexicano en septiembre de 2021, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de “la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna”, tras la asignación irregular de contratos públicos para la construcción de penales federales.
La jueza de la causa, Lisa Walsh, condenó a García Luna a un pago de 748 millones 829 mil dólares por concepto de la cantidad reclamada por el demandante, mientras que su esposa deberá hacer un pago por separado de mil740 millones.
La UIF explicó que de acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero que el Gobierno de México reclamaba a ambos demandados originalmente.
En el comunicado de las autoridades mexicanas se advierte que la sentencia final “es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.
La acusación en México
De acuerdo con la carpeta de investigación, Genaro García Luna dirigía una organización criminal desde que fungía como Secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, en la cual participaban funcionarios de otros organismos de seguridad como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Aprovechando su cargo, García Luna presuntamente “conformó una extensa red de socios comerciales” para obtener contratos ilegales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)”, obteniendo así cientos de millones de dólares en “ganancias”.
