Al ser descubierto, además de devolver el dinero, el elemento de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Culiacán renunció

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Culiacán pidió 120 mil pesos a la madre de un desaparecido para darle información sobre su hijo y al ser descubierto renunció, antes de que lo destituyeran; y el titular de la Fiscalía y otro Ministerio Público fueron sancionados con una amonestación por omisiones en la integración de una carpeta de investigación iniciada hace ocho años.

En marzo pasado, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado resolvió separar del cargo al agente de ministerio público que pidió dinero, pero él había renunciado en diciembre de 2024; y sancionar con una amonestación privada al titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, José Luis Leyva Rochín; y a otro ministerio público.

De acuerdo con documentos de la FGE, en noviembre de 2024 un agente del Ministerio Público del que omiten su nombre en el expediente, pidió 120 mil pesos a una víctima indirecta y tras ser descubierto los devolvió.

El Órgano Interno inició un procedimiento administrativo en el que señala que el dinero lo pidió a la madre de un desaparecido a cambio de proporcionarle información sobre el paradero de su hijo y dio un número de cuenta para que hiciera el depósito.

El Ministerio Público fue descubierto y otro agente de la misma Fiscalía Especializada lo cuestionó y aceptó haber pedido el dinero y le pidieron que lo devolviera.

Los días 6 y 9 de diciembre el ministerio público regresó 80 mil y luego 40 mil pesos a la señora a la que se los había pedido.

Tras iniciar el procedimiento administrativo fue llamado a comparecer y el 6 de febrero de 2025 acudió a dar su versión y reconoció que aceptó el dinero, pero negó que él se lo hubiera pedido a la señora.

“En ningún momento se le pidió dinero, sí es cierto, no se niega que se aceptó la dádiva a la señora, que quede claro que jamás se le pidió dinero. Durante mucho tiempo la señora estuvo insistiendo que nos daba un apoyo o dádiva al suscrito”, declaró.

Tras la investigación, el Órgano Interno determinó que “se aprovechó de su investidura de Agente del Ministerio Público para solicitar y recibir de la víctima indirecta la cantidad de dinero anteriormente mencionada, con la finalidad de proporcionarle información sobre su hijo desaparecido”.

Señala que el funcionario infringió las reglas de integridad que rigen el ejercicio del servicio público, el cual debe desempeñar respetando los derechos de las víctimas.

Sí se acredita la existencia de los hechos que la ley señala como faltas administrativas y la responsabilidad plena del licenciado en su desempeño como Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas Región Centro, establece la resolución.

Como sanción determinaron separarlo del cargo, pero el Ministerio Público ya había renunciado por lo que solo quedará como un registro administrativo.

“La sanción de destitución se ha determinado como la sanción adecuada, sin embargo, dado que el funcionario ya no ocupa el cargo que desempeñaba, esta sanción se considera sin efectos en términos de ejecución. La destitución, en este caso, actúa como una forma de registro administrativo y para garantizar que el acto quede documentado en el expediente del referido servidor público”, indica.

La Fiscalía también sancionó al titular de la Fiscalía Especializada, José Luis Leyva Rochín; y a un agente del Ministerio Público, con una amonestación privada por omisiones en una carpeta de investigación por la desaparición de cuatro personas en 2017.

Ocho años después de iniciada la investigación, la FGE determinó que había omisiones luego de que las hizo de su conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Órgano Interno de Control determinó que los ministerios públicos omitieron solicitar el informe de los elementos de la Policía Estatal Preventiva que acudieron al lugar de la privación de la libertad, a fin de verificar la existencia de testigos y realizar las diligencias pertinentes, omitieron solicitar a los familiares documentos con la firma y huella dactilar de las víctimas a fin de realizar cotejos y tampoco llevaron a cabo un interrogatorio exhaustivo del entorno de los agraviados.

Los agentes tampoco elaboraron oficios de colaboración para la búsqueda y localización, dirigidos a los titulares de las instancias de procuración de justicia, así como solicitarles información de registros o antecedentes de dichas personas en sus bases de datos, para obtener información con la que se pudo haber dado celeridad a la investigación y la posibilidad de obtener algún dato importante para la localización de las víctimas, ya que tratándose de delitos de privación de la libertad es primordial llevar a cabo acciones necesarias para la búsqueda y localización de las víctimas de manera inmediata.

En su defensa, durante el procedimiento Leyva Rochín declaró que no tenía bajo su responsabilidad directa la carpeta de investigación y por el cúmulo de trabajo no pudo percatarse de las omisiones del Ministerio Público que la tenía bajo su responsabilidad.

“Aun y cuando es mi obligación supervisar el trabajo, resulta humanamente imposible hacerlo con todos y cada uno de los expedientes por la cantidad tan grande que existen”, dijo.

El Órgano Interno determinó que las conductas acreditadas evidencian que los servidores públicos no realizaron diligencias dentro de la investigación a su cargo, que permitiera allegarse de elementos de prueba que llevaran a la localización de las víctimas y probables responsables de los hechos, dejando pasar el tiempo sin que se le diera el trámite correspondiente a la carpeta de investigación.

La FGE resolvió sancionar al titular de la Fiscalía Especializada y al agente del Ministerio Público con una sanción privada.

Artículo publicado el 18 de mayo de 2025 en la edición 1164 del semanario Ríodoce.