La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señala que el alcalde desaforado de Ahome y funcionarios de su gobierno avalaron un contrato ilegal

La empresa Grinleasing SAPI de CV subarrendó a Casanova Vallejo, SA de CV, las 135 patrullas que forman parte del contrato DA-Arrendamiento-018-2021, firmado el 10 de diciembre de 2021, y que llevó al desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros y a su exsecretario de gobierno, el diputado, Genaro García Castro.

El esquema de triangulación y las empresas implicadas son las mismas que fueron señaladas en el arrendamiento también irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos en 2022, firmado por el entonces alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y por el cual se le abrió un proceso penal, aún vigente.

En la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE que forma parte de la solicitud de desafuero de Vargas Landeros, quien está acusado de los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, se menciona que aun cuando el proceso para el arrendamiento de las patrullas debió licitarse al exceder el monto señalado por la ley de 3.4 millones de pesos, este fue adjudicado de manera directa a través de un proceso de invitación a cuatro proveedores.

El contrato fue adjudicado el 9 de diciembre de 2021 y firmado un día después con una vigencia de 35 meses por un monto de 171 millones 451 mil 932 pesos, pero el 11 de diciembre de ese mismo año, Grinleasing signó un contrato de subarrendamiento con Casanova Vallejo, SA de CV.

“En el contrato de arrendamiento número DA-ARRENDAMIENTO-018/2021, no solo participó la empresa Grinleasing SAPI de CV, sino también participó una segunda empresa denominada Casanova Vallejo, SA de CV, lo que es evidente que la empresa Grinleasing (…) no tenía la capacidad para cumplir con el objeto del contrato de arrendamiento y tuvo que valerse de otro proveedor para cumplir con su obligación, situación que resulta en perjuicio del patrimonio de la administración pública del municipio de Ahome, ya que todo subarrendamiento genera el aumento del costo en cuanto a precio y financiamiento del referido contrato”, señala la indagatoria.

Añade que esto se pudo evitar con un buen estudio de mercado que permitiera que el municipio obtuviera las mejores condiciones, y también se debió investigar a la empresa Grinleasing, —fundada en abril de 2020 en la Ciudad de México—, ya que era de reciente creación y por lógica no contaba con las condiciones para cumplir con el objeto del contrato.

ENTREGA-RECEPCIÓN. Lo que mal empieza.

Además, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Culiacán, el gobierno de Ahome buscó exceptuar la licitación pública argumentando urgencia y señalando que el 70 por ciento del parque vehícular de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba en condiciones deplorables, y por sus condiciones físicas y mecánicas resultaba inoperante repararlo y prevenir el delito.

El 12 de noviembre de 2021, Vargas Landeros envío un oficio al tesorero, Antonio Humberto Vega Arellano, en el que le solicitó “contratar de manera urgente los servicios de arrendamiento puro de 40 moticicletas de dos ruedas, seis cuatriomotos, 65 camionetas tipo pick-up, y 15 automóviles tipo sedán, todos ellos equipados como patrullas para uso de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”.

“Aunado a lo anterior, la incidencia delictiva en este municipio, en últimas fechas se ha venido incrementando, mientras los cuerpos policiacos carecen de lo mínimo indispensable para hacer frente a este flagelo que lástima y lacera a la sociedad en su conjunto”, detalla el oficio.

La Fiscalía entrevistó a los dos auditores que firmaron el acta circunstanciada con la que se argumentó que el 70 por ciento del parque vehícular se encontraba en condiciones deplorables. Uno de ellos, quien acudió al Taller Municipal de Ahome el 2 de diciembre de 2021, dijo que solo revisó las condiciones físicas de 15 patrullas, pero no constató si estas encendían o funcionaban, y que no estuvo acompañado por un mecánico ni un eléctrico automotriz, y la segunda auditora mencionó que nunca ingresó al taller.

“Ambos coinciden que después de la revisión, su jefe inmediato Ramón Zamarrón Velázquez, les llevó el acta circunstanciada ya elaborada solo para que la firmaran. Posteriormente se enteran que dicha acta circunstanciada se usó para el contrato de arrendamiento de patrullas de policía”, indica.

“(…) dicha acta circunstanciada se llevó a cabo de manera apresurada e irregular, ya que, se elaboró (…) sobre las condiciones físicas, eléctricas y mecánicas sin revisar de verdad todas las unidades motrices que señalan en el acta; realizando dicha acta con circunstancias no apegadas a la realidad, a modo de conveniencia de algunos servidores públicos”.

El 9 de diciembre el Comité de Adquisiciones se reunió. Ahí, el tesorero Antonio Vega Arellano presentó el acta circunstanciada para avalar las condiciones de las patrullas, y un estudio de mercado en el que cuatro empresas presentaron cotizaciones.

De las cuatro empresas, Vega Arellano dijo que dos ofertaron tiempo de entrega inconvenientes para el Ayuntamiento y precios de arrendamientos más altos, y Grinleasing dijo contar con la disponibilidad de bienes apegándose a los tiempos de entrega y necesidades del Ayuntamiento, además de ofrecer el mejor precio.

La Fiscalía consideró que el supuesto estudio de mercado, no fueron “más que simples cotizaciones sin mayor sustento; pero no abarcó el tema sobre un análisis más profundo sobre que convenía más al municipio, en el que se analizara sobre si convenía más rentar las 135 unidades motrices o ir comprando las diversas unidades mes con mes, tomando en cuenta la capacidad presupuestaria del ente municipal”.

CASANOVA VALLEJO. El tercer invitado.

El 10 de diciembre de 2021 se concretó el contrato de arrendamiento puro de 126 patrullas, por parte del Municipio. Fue firmado por el alcalde y el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; y por parte de la empresa, Raúl Antonio Hernández Mendoza, como corresponsable firmó el secretario de Seguridad, Julio César Romanillo Montoya; y como testigos, el tesorero, Antonio Humberto Vega Arellano; y el director de asuntos jurídicos, Dalvingh Iturrios Corrales.

La Fiscalía señaló que un día después de que se firmara el contrato de arrendamiento puro de 126 unidades por un monto de 171 millones 451 mil 932.40 pesos, Grinleasing firmó un contrato de subarrendamiento con Casanova Vallejo.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, Vargas Landeros avaló una modificación al contrato para aumentar el número de patrullas de 126 a 135.

En la denuncia se señala que en ningún momento se comprobó que el haber realizado el contrato mediante licitación pública pondría en riesgo la seguridad pública, además que al momento de que se realizó la contratación, la Secretaría de Seguridad Púlica contaba con patrullas adquiridas entre 2016 y 2021.

También se menciona que las patrullas arrendadas, se entregaron en cuatro entregas, el 11 de diciembre de 2021, 2 de febrero, 1 de abril y 2 de mayo de 2022, lo que demuestra que no existia urgencia para contar con dicho parque vehicular.

“Para la segunda, tercera y cuarta entrega de las unidades motrices, transcurrieron dos, cuatro y cinco meses, respectivamente con relación a la fecha del contrato de arrendamiento que fue el 10 de diciembre de 2021; por lo que, tenemos que no había un hecho urgente y este no representaba un riesgo para la seguridad pública municipal, que les diera motivo para haberse rentado con esa premura las unidades motrices mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando bien se pudieron llevar a cabo por el procedimiento de licitación pública”.

Además de Vargas en la investigación también están implicados los integrantes del Comité de Adquisiciones, Antonio Humberto Vega Arellano, Tesorero Municipal; Gerardo lván Hervás Quindos, director de Administración; Cecilia Hernández Flores, Sindica Procuradora, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, director de Egresos; Fausto Rubén Ibarra Celis, contralor del Órgano Interno de Control, las regidoras Marysol Morales Valenzuela y Judith Elena Luna Castro, y José Fabián Postlethwaite Hernández, jefe de Suministros.

“Así las cosas, tenemos que el procedimiento de adjudicación directa autorizado por los integrantes del comité de adquisiciones del municipio de Ahome, Sinaloa y el contrato de arrendamiento celebrado y firmado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, fue deficiente, limitativo y, en consecuencia, irregular, motivo por el cual la renta en total de 135 unidades motrices mediante adjudicación directa, recae en una contratación y pago ilegal”.

Durante el proceso contra Jesús Estrada Ferreiro, la Fiscalía encontró que Grinleasing no contaba con camiones ni capacidad económica para prestar el servicio de arrendamiento de los 40 camiones recolectores de basura, y que estos eran propiedad de Casanova Vallejo, con domicilio fiscal en la Ciudad de México.

Casanova Vallejo ha sido sancionada en diversas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública. Del 19 de septiembre al 12 de noviembre de 2022, fue inhabilitada por la renta de ambulancias con sobreprecio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La sanción se interrumpió por efectos de una suspensión definitiva del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio de 2023, fecha en la cual el tribunal colegiado resolvió modificar y negar la suspensión, por lo tanto, la inhabilitación continuó vigente a partir del 7 de junio de este 2023.

Artículo publicado el 04 de mayo de 2025 en la edición 1162 del semanario Ríodoce.