El titular del OIC y el síndico procurador de Guasave concluyen que denuncias por nepotismo no proceden jurídicamente
Mientras que el titular del Órgano Interno de Control OIC y el síndico procurador afirman que jurídicamente no existe nepotismo dentro del gobierno municipal de Guasave, miembros del cabildo y abogados cuestionan los resultados de las investigaciones, argumentando que no es visto como moralmente correcto.
El síndico procurador de Guasave, Fred Flores Rubio, en conjunto con Marco Antonio Báez Rochín, titular del OIC, concluyó que no existen pruebas de nepotismo en la administración municipal, luego de que un regidor denunciara posibles vínculos familiares y gastos irregulares que ascienden a 493 mil 642 pesos por parte del Instituto Municipal de las Mujeres. Sin embargo, la investigación relacionada con IMMUJERES sigue en curso.
Los funcionarios que sometieron a investigación por nepotismo fueron Karen Manzanares, Édgar Adaír Espinoza Robles, la regidora por Morena, Soila Lazcano Bacasegua y Fernando Cárdenas Angulo, por el PAN.
Los resultados de la indagación que comenzó el 2 de abril fueron presentados el 24 del mismo mes por Flores Rubio y Báez Rochín, quienes dijeron que después de una exhaustiva investigación en los casos de nepotismo, y apegándose a la norma jurídica, se determinó que no existe tal dentro de la administración encabezada por Cecilia Ramírez Montoya.
El titular del OIC informó que, en estricto apego al marco legal, se aperturaron formalmente expedientes de investigación, en los cuales se realizaron diligencias, análisis normativos, recepción de comparecencias, así como solicitudes de información a diversas áreas administrativas.
“Para cada uno de los casos pues se le hizo una revisión minuciosa a cada una de las carpetas, se hacen las investigaciones correspondientes; se solicita la información de las contrataciones de las personas que se señalaron y finalmente para poder llegar a una determinación, pero no existen dichas evidencias por tanto nos tenemos que apegar estrictamente a derecho para poder determinar que no se da el nepotismo en estos casos”, determinó Báez Rochín.
De acuerdo con ambos funcionarios, para determinar responsabilidades sobre el caso, se apegaron principalmente al artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Federal; el cual establece que, cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su cargo, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal en el ente público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
“No hicimos nosotros nada en función de relaciones personales lo hicimos en apego estricto a la norma jurídica y ese es el resultado que arroja desde el departamento de investigación del Órgano Interno de Control, que de manera oficiosa le dimos turno nosotros desde la sindicatura de procuración, en esa parte queda el nepotismo, los expedientes están cerrados”.
En el caso de la denuncia de carácter ciudadano también por nepotismo y gastos irregulares dentro de la paramunicipal, que se presentó ante la ASE, Flores Rubio declaró que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Auditoría para brindarles documentos sobre los casos.
Cuestionamientos
Mónica López Hernández, regidora por el Partido Revolucionario Institucional, se pronunció en torno a los resultados de la investigación presentada, y aunque reconoce que legalmente no se configura el delito de nepotismo, aún persisten “eslabones sueltos” y preocupaciones legítimas desde lo social y lo ético, por lo que anunció una etapa de vigilancia estricta al desempeño de las personas involucradas.
La regidora destacó que el enfoque del informe fue meramente legalista, “ellos pueden argumentar que no se está incumpliendo en términos legales, exclusivamente se han apegado a la normatividad. Pero… ¿y la percepción social?”, cuestionó.
López Hernández subrayó que ahora corresponde al cuerpo de regidores asegurar que el desempeño de los funcionarios en cuestión sea evaluado rigurosamente, especialmente en términos de competencia, imparcialidad y méritos reales.
La edil también destacó que, si bien las instancias municipales cerraron la investigación legal, aún permanece abierta la realizada por la Auditoría Superior del Estado, especialmente en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres.
El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, acusó a los responsables de la investigación de seguir un guion y de insultar a la ciudadanía con una indagatoria “cínica” y carente de transparencia.
“Insultan a la ciudadanía con esas expresiones fuera de contexto… ¿Cuál marco jurídico? Si es público lo que está sucediendo”, cuestionó Beltrán Verduzco, al denunciar que múltiples familiares de funcionarios de alto nivel están colocados en puestos dentro del Ayuntamiento sin que se explique cómo llegaron ahí.
El líder jurídico exigió una explicación clara y pública sobre las contrataciones, sugiriendo que podría haber tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
Durante la sesión de cabildo celebrada el miércoles 19 de marzo, el regidor por Movimiento Ciudadano, Gregorio Hernández Romero, denunció que en la Dirección Administrativa de Seguridad Pública, fue contratado Christian Martín Verdugo Castro, esposo de Karen Manzanares, secretaria de presidencia, y el hermano del tesorero, Édgar Adaír Espinoza Robles, ocupa el puesto de gerente de administración en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) y su concuño, Jesús Alfredo Gutiérrez, también fue designado coordinador administrativo del IMUDEG.
El edil también acusó a sus homólogos Soila Lazcano Bacasegua y al panista, Fernando Cárdenas Angulo, de supuestamente posicionar a sus hijos en puestos auxiliares. La hija de Cárdenas Angulo en el Tribunal de Barandilla y el de Soila Lazcano en tesorería.
Artículo publicado el 27 de abril de 2025 en la edición 1161 del semanario Ríodoce.





