El síndico procurador, Fred Flores Rubio, en conjunto con el Organo Interno de Control, presentaron los resultados de la investigación en la cual concluyeron que no existen elementos jurídicos para acreditar actos de nepotismo dentro del gobierno de Guasave, encabezado por Cecilia Ramírez Montoya.

Flores Rubio informó que se actuó de oficio y en coordinación con el OIC para abrir expedientes formales, realizar diligencias, solicitar información a distintas áreas y recibir comparecencias.

La investigación que inició el dos de abril arrojó que no existía sustento para sancionar a los funcionarios señalados.

“El derecho administrativo sancionador descansa sobre principios como la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la responsabilidad individual. No es optativo, es obligatorio”, puntualizó El síndico, añadió que, al aplicar el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se acreditaron todos los elementos necesarios para determinar la existencia de nepotismo.

El titular del Órgano Interno de Control, Báez Rochín, explicó no se encontraron pruebas que acreditaran intervención por parte de los funcionarios investigados “Se les cita a las personas, se busca a ver si no hubo por ahí alguna persona que acepte que tuvo una indicación, ya sea verbal, por escrito o por un audio, pero no existe como tal dichas evidencias.” Señaló.

Fred Flores Rubio aseguró que, en los casos investigados donde se señalaba por presunto nepotismo a los funcionarios Edgar Adaír Espinoza Robles, tesorero municipal; José Humberto Gálvez Bernal, oficial mayor; Karen Manzaneres Bórquez, secretaria de Presidencia; así como a los regidores Soila Candelaria Lazcano Bacasegua y Fernando Cárdenas Ángulo, se comprobó que algunos de los familiares mencionados fueron contratados por organismos públicos descentralizados, los cuales cuentan con autonomía técnica y administrativa, por lo que no se configura el vínculo institucional requerido para acreditar una falta administrativa.

Sobre el caso específico del Instituto Municipal de las Mujeres, el Síndico señaló que la investigación sigue en curso y que no se puede emitir información sin poner en riesgo el debido proceso.