Un esfuerzo que no acaba con décadas de abandono, afirman representantes de derechos humanos

Aunque desde el 21 de marzo del 2025 comenzaron las actividades en el aula móvil, la cual fue instalada afuera del Centro de Atención Infantil (CAI), especializado en atender a hijos de jornaleros agrícolas que llegan a la sindicatura de Ruíz Cortines, en Guasave, representantes de derechos humanos son de la idea de que falta mucho por hacer, pues son esfuerzos que no acaban con décadas de abandono a un sector tan vulnerable y olvidado.

La pequeña escuela que comenzó con 18 niños en sus primeros días de apertura y es de carácter multigrado, actualmente recibe un aproximado de 30 menores diario y cuenta con una docente para el nivel primaria y dos para preescolar; todas proporcionadas por el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA). Se estima que en un lapso de dos a tres meses los niños podrán aprender a leer.

Aunque la apertura se gestionó desde enero, no fue sino hasta marzo que se concretó la instalación del aula que actualmente desempeña el papel de escuela multigrado bajo un programa llamado “La escuela va contigo”.

Ana Luisa León Perea, presidenta del sistema DIF Guasave, explicó que la habilitación del aula se dio en el marco de un programa destinado a personas sin estudios. “Se iba a implementar ese programa, entonces yo les dije que ahí estaban esos niños que apenas iban iniciando y no tenían ninguna escolaridad, y pues se decidió ir a ponerla ahí”.

Aunque muchos de los niños ya han comenzado a retornar a su lugar de origen, se espera que la iniciativa continúe operando en las próximas temporadas agrícolas, donde la población flotante regresa a Guasave para trabajar en los campos.

A pesar de que históricamente se ha dicho que los hijos e hijas de jornaleros agrícolas carecen de acceso a la educación, Jaime Carlos Hernández, jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado (SEPyC), en Guasave y Sinaloa municipio, asegura que este sector nunca ha estado desatendido.

De acuerdo con Carlos Hernández, existe una coordinación estatal específica para la atención a la niñez migrante, encargada de implementar programas educativos en campos agrícolas, como los que se ubican en Cortines, donde actualmente operan maestros y maestras; sin embargo, admite que ha habido fallas en la organización para integrar adecuadamente a los alumnos y conformar grupos de estudio.

“Atención a migrantes siempre se ha dado. Lo que ha faltado en ocasiones es organización y espacios adecuados para trabajar”, reconoció.

Uno de los principales obstáculos ha sido precisamente la falta de infraestructura en los campos agrícolas, no obstante, en zonas como Juan José Ríos y Ruíz Cortines, se han dado pasos importantes con la instalación de Centros de Atención Infantil y aulas móviles para mejorar las condiciones de enseñanza.

Aunque reconoce avances en la cobertura educativa, el jefe de servicios regionales señala que persisten altos índices de analfabetismo entre niños y niñas jornaleras, consecuencia directa de la movilidad constante de sus familias en busca de empleo.

“Es un problema que va más allá del aula. Las familias se mueven, los niños se mueven. A veces los padres no toman medidas para asegurar la continuidad educativa de sus hijos. Incluso se los llevan a los campos agrícolas”, comentó.

El funcionario apuntó que para lograr una atención integral se requiere no solo voluntad gubernamental, sino también el compromiso de los empleadores agrícolas, quienes muchas veces omiten compartir información sobre su plantilla laboral, lo que obstaculiza acciones coordinadas en salud, educación y vivienda.

La atención a la niñez migrante es una deuda histórica que comienza a saldarse, pero que todavía exige más compromiso y acción para garantizar su derecho pleno a la educación.

Lorena Landeros Rosales, visitadora de la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que recientemente se ha reforzado la articulación entre instituciones para garantizar el derecho a la educación de esta población flotante.

Destacó la existencia de espacios tipo guardería que atienden a niños desde los 6 meses hasta los 12 o 14 años, los cuales ya están siendo vinculados formalmente con el sistema educativo.

“La SEP está autorizando que a los niños que están en estos centros, dependiendo del grado escolar que les corresponda, se les otorgue una constancia educativa para darles continuidad en otras escuelas donde se trasladen”, explicó.

Landeros calificó esta medida como un gran paso, aunque aún no es suficiente para revertir décadas de abandono institucional y falta de cultura de derechos entre la comunidad jornalera.

“Nos hace falta mucho como sociedad. Tenemos responsabilidad como ciudadanos de apoyar a estas personas y sobre todo culturalmente, hacerles saber todos los derechos que tienen. Muchos siguen en un círculo vicioso de pobreza simplemente porque no saben que hay alternativas”, puntualizó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo, está enfocada en promover estos derechos y canalizar a las familias hacia otras instancias jurídicas y sociales que puedan ayudarlas.

Artículo publicado el 06 de abril de 2025 en la edición 1158 del semanario Ríodoce.