Crédito tras crédito, desde el 2021 el gobierno de Rocha Moya ha afrontado la insolvencia en el corto plazo; además arrastra deudas heredadas por los gobiernos de Aguilar Padilla y Malova
Además de los 2 mil 300 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado al gobierno de Rubén Rocha Moya, la administración estatal ha pedido 11 mil 875 millones de pesos en créditos a corto plazo desde 2021.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel pidieron en total 3 mil 450 millones de pesos y con Rocha Moya solo el año pasado fueron 5 mil 225 millones.
En los documentos del Proceso Competitivo para Financiamientos, mencionan que los créditos son para cubrir necesidades a corto plazo “entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
En total el gobierno de Rocha Moya ha solicitado 22 préstamos quirografarios, para los que no requiere autorización del Congreso del Estado.
Los créditos contratados son por montos de entre 300 y mil 200 millones de pesos pagaderos en un plazo de 12 meses.
Información de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) indica que, durante la administración de Quirino Ordaz, el primer año no hubo deuda a corto plazo y fue hasta mayo de 2018 cuando contrataron el primero por 300 millones de pesos.
Durante 2018 en total fueron seis créditos por mil 600 millones de pesos, en 2019 contrataron deuda por 900 millones y en 2020 por mil 600 millones.
La administración de Ordaz Coppel en total pidió 3 mil 450 millones de pesos; mientras que, del gobierno de Mario López Valdez, la SAyF dijo no tener información.
En 2021, el último año de Quirino, los créditos fueron contratados hasta que empezó el gobierno de Rocha Moya.
Apenas un mes después de rendir protesta, el 30 de noviembre firmaron el primer contrato con BBVA México por 300 millones de pesos; y en diciembre fueron cuatro más con HSBC, Azteca, Scotiabank y Santander.
En esa ocasión Rocha Moya dijo que inicialmente tenían programado solicitar 600 millones de pesos, pero eran insuficientes y en total serían mil 300 millones, y de acuerdo con la SAyF, finalmente fueron mil 600 millones de pesos.
El mandatario mencionó en diciembre de 2021 que el dinero era para solventar los gastos de fin de año porque habían pedido apoyo al Gobierno federal, pero no obtenían respuesta.
“No tenemos respuesta del gobierno federal, no sabemos con cuánto se nos va apoyar para el cierre, por eso lo más probable es que la provisión de solicitar créditos de corto plazo es la que tomemos”, dijo.
Un cuento de nunca acabar
Los problemas de liquidez continuaron y en 2022 solicitaron tres créditos por un monto total de mil 200 millones de pesos.
En marzo de 2023, el entonces secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, presumió que, con los buenos resultados en la cuenta pública, el gobierno seguiría teniendo acceso a créditos baratos.
Mencionó que contaban con una mejor disponibilidad financiera, pues se recibió el gobierno con 745 millones de pesos, y un año después ya se contaba con 2 mil 534 millones disponibles para hacer frente a los compromisos.
Tres meses después, en mayo, contrataron cuatro créditos por 2 mil 600 millones de pesos; en noviembre otros dos por 800 millones; y en diciembre uno por 450 millones; y cerraron al año con un total de 3 mil 850 millones de pesos en créditos revolventes.
En 2024 los problemas de liquidez siguieron y aumentaron, pues en mayo contrataron cuatro créditos por 2 mil 925 millones de pesos; y en diciembre tres por 2 mil 300 millones de pesos, para cerrar el año con un total de 5 mil 225 millones de pesos.
De acuerdo con la SAyF todos los créditos han sido pagados dentro del plazo de 12 meses y actualmente solo están vigentes los de 2024 que terminarán de pagarlos en mayo y diciembre de 2025, y cuyo saldo en diciembre de 2024 era de 3 mil 701 millones de pesos.
El Informe de Avance sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre de 2024, señala que al 31 de diciembre el estado tenía una deuda directa de 3 mil 424 millones de pesos por nueve créditos a largo plazo contratados entre 2006 y 2013.
De ese monto que deben por deuda a largo plazo, mil 641 millones de pesos son de créditos contratados por Jesús Aguilar Padilla y 2 mil 060 millones por Mario López Valdez.
A esa cantidad se sumarán 2 mil 300 millones de pesos que solicitó recientemente el gobierno de Rocha Moya.
En enero pasado el gobernador pidió al Congreso autorizar la contratación para compensar los 2 mil 300 millones de pesos que debe pagar al Servicio de Administración Tributaria por auditorías erráticas que se hicieron durante el gobierno de Quirino Ordaz.
El pago al SAT, señaló Rocha Moya, impactaría en la obra pública porque “de no contar con el recurso de la deuda sería prácticamente imposible cubrirla en lo inmediato y en los plazos fijados por el SAT, ya que pagarla sin la reingeniería financiera que nos proponemos supondría, hacer cero obra pública durante un año, y eso es inadmisible para un gobierno cuya obra pública y social está orientada sobre todo a los sectores más vulnerables”.
La SAyF ya licitó la contratación de mil 626 millones 938 mil 932 pesos como parte del crédito y el pasado 10 de marzo adjudicó un contrato a Santander por 500 millones de pesos, uno a BBVA México por mil millones y uno a Banorte por 126 millones 938 mil 932 pesos.
Artículo publicado el 23 de marzo de 2025 en la edición 1156 del semanario Ríodoce.
