La Auditoría indaga la compra de patrullas por 49 mdp a Premier Chevrolet, debido a que uno de los socios de la empresa de la familia Coppel y Ricardo Jenny del Rincón trabajó para ellos

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación administrativa al secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Ricardo Jenny del Rincón, por posible conflicto de interés en la compra de patrullas por 49 millones de pesos a Premier Chevrolet, debido a que uno de los socios de la empresa es de la familia Coppel y él trabajó para grupo Coppel.

En octubre de 2023 Ríodoce dio a conocer que en un concurso de licitación el SESESP adjudicó un contrato a Premier Chevrolet para la compra de 45 patrullas para la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Investigación por 47 millones 76 mil 923 pesos, pero después se hizo una modificación para comprar dos patrullas más y el monto se amplió a 49 millones de pesos.

La publicación menciona que, de acuerdo con las actas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Premier Chevrolet era propiedad del entonces secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel y de Rubén Eugenio Coppel Luken, quien a su vez es accionista de grupo Coppel y Jenny del Rincón tenía una relación comercial con la empresa Coppel.

En el informe de la cuenta pública de 2023, la ASF señaló que revisó el expediente técnico de la licitación pública nacional, actas constitutivas y declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos del año 2022 y 2023.

La auditoría menciona el contrato y el convenio modificatorio número SESESP 10/2023-4, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023, que corresponde a la compra de patrullas a Premier Chevrolet, y por el que finalmente se pagaron 49 millones 173 mil 700 pesos.

En el resultado de la revisión establece que se constató la existencia de una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la persona servidora pública, en razón de un posible conflicto de intereses personales o de negocios.

“El representante del Órgano Administrativo Dependiente contratante (servidor público) afirmó, mediante las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales 2022 y 2023, haber realizado alguna actividad lucrativa con una empresa independiente al empleo o cargo que desempeñó en el Gobierno del Estado de Sinaloa, así como de haber obtenido una ganancia mensual de la misma, de los cuales uno de los socios o accionistas de dicha empresa tiene relación de acuerdo con el acta constitutiva como Tesorero del proveedor adjudicado”, indica.

Menciona que hay un posible incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

La ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa en la que pide a la “Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente de una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la persona servidora pública, en razón de un posible conflicto de intereses personales o de negocios”.

La ASF detalla que la adjudicación viola el Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones que establece que las entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con aquellas personas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga un interés personal, familiar o de negocios o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.

El mismo artículo también señala que se abstendrán de recibir propuestas de aquellas personas que “desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría en el caso de las dependencias y del órgano interno de control en el caso de las entidades”.

De acuerdo con la publicación de Ríodoce en sus declaraciones patrimoniales de mayo de 2022 y mayo de 2023, Jenny del Rincón mencionó que en los últimos dos años el principal cliente para el que realiza una actividad lucrativa independiente al empleo, cargo o comisión, es Coppel S.A. de C.V. y recibía un ingreso mensual de 90 mil pesos.

En el gobierno de Rubén Rocha Moya ya se había presentado un caso de conflicto de interés también con Premier Chevrolet, en la primera licitación de vehículos de la administración.

En marzo de 2022 Ríodoce publicó que la Secretaría de Administración y Finanzas adjudicó un contrato para la compra de vehículos a Premier Chevrolet y había relaciones comerciales entre el entonces titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega y el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel y su familia, propietarios de la empresa ganadora.

Tras la publicación, Rocha Moya aseguró que no había ninguna irregularidad y una semana después reconoció que había conflicto de interés y se canceló la firma del contrato por 3 millones 629 mil pesos.

Artículo publicado el 9 de marzo de 2025 en la edición 1154 del semanario Ríodoce.