En Culiacán, los grupos antagónicos que mantienen una disputa desde septiembre de 2024 utilizan los artefactos en las principales vialidades, dañando los vehículos que transitan por la zona
Los daños causados por ponchallantas en los neumáticos, que son arrojados por grupos delictivos en vialidades de Culiacán, no entran en el programa de indemnizaciones del municipio, aun cuando la responsabilidad primaria del Estado es proteger la libertad, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.
En los últimos dos años el Ayuntamiento de Culiacán ha erogado 1 millón 621 mil 858 pesos por concepto de indemnización por daños a vehículos y en lo que va de 2025, 78 mil 016 pesos por este concepto.
Pero de ninguna manera contempla los daños causados por ponchallantas en los neumáticos.
El testimonio
Joaquín (nombre ficticio) circulaba por el bulevar Manuel Clouthier en la ciudad de Culiacán, en los inicios del conflicto que mantienen las dos facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, cuando sufrió la ponchadura de una llanta de su vehículo y nadie se hizo responsable.
“En esos casos, ¿qué hace uno? ¿Ante quién acude uno para que se responsabilice de los daños? Es obvio que no le vas a exigir a los ‘punteros’ que te paguen la reparación o que te compren una llanta. En estos casos yo creo que el gobierno es el que debe hacerse responsable. Pero no…” expresa.
El automovilista cuenta que, para su fortuna, el daño no fue mayúsculo y lo solucionó con una “parchada” en la llantera.
El altruismo
Cristyan Ochoa Díaz de León, propietario de EFI Llantas, de manera altruista se ha dedicado a reparar las pinchaduras de llantas causadas por los ponchallantas.
La idea le llegó con los primeros casos de amigos y conocidos que sufrieron un percance por estos artefactos, lanzados por “punteros” o desde vehículos con el propósito de sacar de circulación a patrullas de elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales durante una persecución.
“Sobre todo porque hay gente que sí tiene algunos problemas económicos en esos momentos. Ahí es donde nosotros dijimos, ‘oye, no podemos ser apáticos ante la situación que está pasando”, comenta.
Esta labor altruista, como le llama, continuará en tanto no disminuyan los hechos de violencia e inseguridad en Culiacán.
“De momento va a quedar hasta que la violencia llegue a cesar un poco, porque ha habido personas que nos marcan ‘oye, tuvimos este percance. Queremos ver si nos pueden ayudar’. Ya les decimos que vengan para acá y los apoyamos”, manifiesta.
Los casos que atienden son variables, dice, porque depende del sector donde se presenten los hechos delictivos, así como los daños causados en el neumático, que va desde un orificio que se puede reparar con un parche, hasta un daño mayor que implica el cambio de la llanta.
Sin garantía
Melvin Noé Márquez Harper, director de defensa jurídica de la sindicatura de procuración de Culiacán, dice que no existe una obligación de indemnizar al ciudadano por el vandalismo generado por ponchallantas en la vía pública.
Las solicitudes de apoyo para una indemnización por percances causados entre particulares, agrega, son improcedentes.
Para una indemnización, ilustra, las afectaciones deben ser producto de una gestión, omisión, administración y/o acción irregular, que se relacionen a bienes o servicios públicos cuya responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Culiacán.
“En el caso de ponchallantas donde se solicitan indemnizaciones por afectaciones en los neumáticos de vehículos que circulan por la ciudad de Culiacán, mismos que fueron dañados por una acción dolosa, presuntamente realizada por la delincuencia o vándalos, se desprende, por lo tanto, que en ningún momento existió participación o responsabilidad alguna del municipio”, argumenta.
En estos casos, continúa, se trata de hechos vandálicos aislados que corresponden su atención a las autoridades del ámbito judicial, por lo que se debe interponer una denuncia en contra de quienes realizaron ese acto vandálico.
“En orden a lo anterior no existe obligación alguna del municipio para indemnizar al particular”, subraya.
Sin apoyos
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, informó que gobierno del estado ha dado apoyos a mil 331 personas que han sido víctimas de violencia desde septiembre de 2024.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, dio a conocer, ha registrado 752 víctimas directas e indirectas como resultado de los hechos delictivos, en el contexto de inseguridad que vive Sinaloa.
Pero quienes sufren una ponchadura por ponchallantas tampoco entran en este tipo de apoyos.
La iniciativa
Los diputados de Morena en el Congreso del Estado han presentado una iniciativa que tipifica como delito el uso de ponchallantas, con la que se pretende sancionar a quienes incurran en esta práctica con una penalidad que va desde uno a cinco años de prisión y una multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización (UMA), que rondaría entre los 4 mil 435 y 18 mil 431 pesos.
Con esta medida se busca también sancionar a quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos artefactos que en Culiacán se ha vuelto una práctica entre los grupos delincuenciales que se encuentran actualmente en pugna.
Artículo publicado el 23 de febrero de 2025 en la edición 1152 del semanario Ríodoce.






