Determina Comisión Nacional violaciones a los derechos humanos en las barandillas del estado

Los separos de los Tribunales de Barandilla de los municipios de Sinaloa tienen deficiencias en el cumplimiento de salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que van desde falta de lectura de derechos hasta la carencia de baños y proporcionarles agua.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un diagnóstico sobre los Separos Municipales en los Estados de Aguascalientes y Sinaloa y, tras realizar visitas a las barandillas de ambos estados, determinó que es urgente que las autoridades adopten medidas correctivas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.

En el caso de Sinaloa señala que 11 de las 18 instalaciones de detención administrativa no son adecuadas para personas con discapacidad, no tienen espacios apropiados para la detención de adolescentes y siete de ellas no cuentan con instalaciones exclusivas para mujeres.

Menciona que “algunos juzgados cívicos se transgrede el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En este sentido, se detectó que en algunos Tribunales de Barandilla y/o Juzgados Cívicos no se suministran alimentos a las personas que se encuentran cumpliendo con una sanción administrativa de arresto, a pesar de que ello constituye una de las obligaciones básicas de las autoridades responsables de su custodia”.

Menciona que el total de las autoridades entrevistadas indicaron que les comunican a las personas privadas de la libertad sus derechos, sin embargo, el 57 por ciento de las personas detenidas entrevistadas señalaron que no se los informaron y el 57 por ciento manifestó que no le indicaron la razón de su detención.

La falta de conocimiento de los derechos que les asisten, indica, coloca a las personas privadas de la libertad en una situación de vulnerabilidad frente a castigos o sanciones no proporcionales a las faltas cometidas, así como frente a acciones arbitrarias por parte del personal, además de obstaculizar la presentación de quejas o denuncias.

El 100 por ciento de las autoridades de los tribunales dijo que las personas privadas de la libertad tienen permitido hacer una llamada telefónica, pero solo el 60 por ciento los detenidos entrevistados manifestaron que pudo hacer la llamada.

De acuerdo con el documento solo Elota, Guasave y Culiacán cuentan con ventilación artificial, la cual es necesaria dadas las condiciones de calor intenso en los municipios visitados; en cuanto a la iluminación, predomina la luz natural, aunque algunos sitios también emplean luz artificial, lo que implica que en la noche quedan a oscuras y esto genera un entorno inseguro y aumenta el riesgo de accidentes o situaciones de riesgo para las personas privadas de la libertad.

“Cabe destacar el caso de Navolato, cuyas estancias no cuentan con lavamanos ni agua corriente, y poseen, en tres de las cuatro estancias, botes de pintura adaptados como inodoros, los cuales se encuentran a la vista, sin privacidad; mientras que en la última estancia sólo se encuentra un hoyo en el piso para que las personas realicen sus necesidades fisiológicas; asimismo, las planchas en las estancias carecen de las condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento”, señala.

En Escuinapa la autoridad mencionó que no cuentan con sanitarios para las personas privadas de la libertad, por lo que, cuando lo solicitan, son llevadas al sanitario que se halla frente a las instalaciones, sin embargo, a partir del recorrido efectuado, se pudieron apreciar cubetas de 20 litros afuera de las estancias, donde las personas realizaban sus necesidades fisiológicas, indica.

Detalla que en El Rosario, Elota, Navolato y Guasave no proporcionan alimentos a las personas detenidas, “pero el caso de Navolato es especialmente preocupante ya que el personal entrevistado señaló que no cuentan con partidas presupuestales para otorgar alimentos, agua, medicamentos, material de curación ni material para la gestión menstrual. No obstante, sí se les proporcionan con fondos propios agua cuando así lo solicitan lo que tiene como consecuencia que no exista suministro de alimentos y el agua sea proporcionada de forma discrecional”.

Detalla que, de las personas titulares encargadas de la imposición de sanciones por faltas administrativas, ocho no habían recibido capacitación en materia de prevención de la tortura, siete en derechos humanos y nueve respecto a normatividad en el uso racional de la fuerza.

“Es de suma importancia que las autoridades responsables de la imposición de sanciones, así como aquellas que realizan actividades de revisión o valoración médica a las personas privadas de la libertad, tengan la formación y conocimientos básicos en prevención e investigación de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como las obligaciones contenidas en la Ley General, para que su actuación atienda a los estándares y obligaciones estipuladas”, establece el informe.

Tras los hallazgos, la CNDH emitió recomendaciones a los gobiernos estatal, municipales y al Poder Legislativo para que implementen medidas en el corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos humanos de las personas detenidas en barandillas.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2025 en la edición 1150 del semanario Ríodoce.