En el estado han abandonado los penales 75 internos sentenciados por tráfico de drogas
Con la Ley de Amnistía promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador 458 personas recluidas en penales han sido puestas en libertad y el mayor porcentaje son de Sinaloa, sentenciados por tráfico de metanfetaminas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, del total de personas liberadas 75 son del Centro Penitenciario Aguaruto y Goros II, que representan el 16 por ciento de los amnistiados.
La Ley fue aprobada en 2020 y promovida por el entonces presidente López Obrador como una acción humanitaria para “la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia”.
En cuatro años la Comisión de Amnistía ha analizado y concluido mil 799 solicitudes de todo el país y en mil 341 les fue concedida la amnistía.
Según Gobernación, el 36 por ciento de las solicitudes recibidas son notoriamente improcedentes por no adecuarse al Artículo 1 de la Ley de Amnistía, ser delitos graves o no cumplir con la prevención realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía.
Del total de solicitudes admitidas para análisis de fondo, el 49 por ciento han sido determinadas procedentes por la Comisión.
Los datos de la Comisión de Amnistía indican que el mayor porcentaje de amnistiados estaba recluido en penales de Sinaloa.
En cuatro años obtuvieron su libertad gracias a la amnistía 53 hombres y 22 mujeres de los Centros Penitenciarios Aguaruto, en Culiacán; y Goros II en Los Mochis; y actualmente hay 27 solicitudes en análisis.
Todas las personas beneficiadas estaban presas por delitos contra la salud en su modalidad de transporte, de las cuales 59 fueron detenidas cuando transportaban metanfetamina, seis con fentanilo, cinco con cannabis sativa y cinco con cocaína, opio o diacetilmorfina.
El supuesto por el que fue concedida la amnistía a las 75 personas es encontrarse en situación de pobreza.
Las personas puestas en libertad fueron detenidas por el delito contra la salud en la modalidad de transporte, por el que el Código Penal Federal establece una condena de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
Después de Sinaloa lo estados con mayor cantidad de personas liberadas son Chiapas con 49, Guerrero con 46 y Jalisco con 41.
La Comisión de Amnistía señala que la amnistía es el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas.
Se busca que recuperen la libertad y se reintegren a la sociedad quienes hayan cometido delitos contra la salud ejecutados bajo alguna situación de vulnerabilidad; los cometidos por personas indígenas que durante su proceso no hayan contado con intérprete o defensor en su lengua y cultura; robo simple y sin violencia; por sedición, es decir, el levantamiento de un grupo de personas sin uso de armas por cuestiones políticas, y aborto, indica.
La Amnistía aplica para los delitos de aborto, contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación u obligados por algún familiar o miembro del crimen organizado; cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión y sedición.
A nivel nacional 334 personas recibieron la amnistía por el supuesto de cometer delito contra la salud en condición de pobreza extrema, 36 por pertenecer a una comunidad indígena y 11 por extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación.
Entre las personas liberadas solo se registra un caso de un hombre de origen hondureño obligado por la delincuencia organizada y detenido en Chiapas por transporte de Cannabis Sativa.
El 15 de junio del año pasado entró en vigor una reforma a la Ley de Amnistía que amplió la facultad del presidente de la República de liberar o indultar a personas de manera directa y sin intermediarios.
La reforma también fue impulsada por Obrador bajo el argumento de que “es para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con casos de violación de derechos humanos, y si en ese caso hay una violación de derechos humanos como también está demostrado que existe, esta nueva ley permite que se pueda, cuando hay una justificación válida, liberar a una persona”.
En los informes de la Comisión de Amnistía no se registran casos que hayan sido solicitados por el presidente, solo que han sido tramitados por propio derecho, por familiares, defensores, asociaciones civiles y autoridades penitenciarias.
Artículo publicado el 19 de enero de 2025 en la edición 1147 del semanario Ríodoce.
