Prepara OCM denuncias penales y administrativas contra la alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios y el secretario Moisés Ríos
Por el presunto delito del ejercicio indebido de la función pública, Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentará denuncias administrativas y penales en contra de la alcaldesa Estrella Palacios y el secretario Moisés Ríos.
Gustavo Rojo Navarro, director de dicha asociación civil, precisó que la causa es la publicación del decreto en el periódico oficial del estado de Sinaloa, en el que se establecen las modificaciones que aprobó el Cabildo en pleno al Reglamento de Gobierno de Mazatlán.
Rojo Navarro cuestionó que, en un tiempo récord de tres días hábiles, se haya publicado la derogación de los artículos del Reglamento con los que la administración pública retrocede en materia de transparencia, coarta la participación ciudadana y abona a la opacidad en la rendición de cuentas.
La publicación del decreto el 18 de diciembre, sin que el acta de la sesión de Cabildo fuera aprobada en la siguiente sesión como dicta el procedimiento oficial, es un error, asentó.
Ya esta semana había anunciado que Observatorio Ciudadano prepara una demanda de amparo en contra de la aprobación que hizo el Cabildo en pleno el viernes 13 de diciembre.
La publicación considerada ilegal, agregó, robustece el amparo que solicitarán a un Juez de Distrito.
Y ahora se le sumarán las denuncias administrativas y penales en contra de Estrella Palacios y Moisés Ríos.
“Sí, vamos a presentar las denuncias correspondientes, tanto administrativas como penales; la administrativa la presentaremos ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito del ejercicio indebido de la función pública, tipificado en el Código Penal del Estado de Sinaloa”, mencionó.
Ni el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, ni los regidores, tienen fuero, dijo, pero la alcaldesa sí.
“Sin embargo, pues hay procedimientos, que si derivado de un delito que se comete hay los elementos suficientes, se presentan los argumentos ante el Congreso para que le retire de su fuero (a Estrella Palacios)”, explicó.
En el caso de los regidores, aun y cuando formaron parte de un proceso de elección popular, dijo, la Constitución no contempla la solicitud de procedencia y tampoco el juicio político como a la alcaldesa, que son dos cosas diferentes. Este juicio político aplica en unas situaciones y la solicitud de procedencia es cuando te digo que se da, que existe en la comisión de un delito, y si la fiscalía tiene los elementos suficientes para ir al Congreso, los lleva, los presenta y le retiran el fuero constitucional al servidor público para que enfrente esos delitos como un civil”.
Estimó que será para enero de 2025 cuando se presenten las denuncias y la demanda de amparo.
¿El ‘enemigo’ en casa?
Gustavo Rojo mencionó que es sospechoso que Santiago Antonio Campillo García, quien se ha desempeñado como encargado de Asuntos Jurídicos en la Secretaría del Ayuntamiento, haya estado en la reunión privada que sostuvo Observatorio Ciudadano con Estrella Palacios, Moisés Ríos y la Síndica Procuradora Minerva Osuna Zavala para presentar el proyecto de la Agenda Ciudadana Anticorrupción 2024–2027.
“Porque cuando nosotros presentamos la propuesta para modificar el Reglamento, él (Santiago Campillo) elaboró el dictamen qué se discutió, se aprobó y modificó el Reglamento, en esta ocasión, al estar presente él en la reunión donde se habló de la revocación del Reglamento, manda la señal de que él trabajó ahora el dictamen de revocación de los artículos”, mencionó.
Eso da a entender que él es el asesor que tienen en estos temas, “y nos está costando muy caro, porque pues aparte de que él cobra su pensión, también cobra un contrato, y yo creo que aquí tienen que poner más atención en quienes son los asesores porque a como nosotros vimos, y encontramos la ilegalidad por no respetar lo establecido en Reglamento de Gobierno, pues, entonces su asesoría no es muy buena, ¿no? Porque pues aquí a final del día los que salen son responsables, pues son los que firman, y quienes firman son la presidenta municipal y el secretario, no el asesor”.
Tiene que poner atención con los que los están asesorando porque se los están llevando a incurrir en faltas administrativas, incluso penales, “entonces, pues ¿qué calidad de asesoría les están dando?”
Si los “chamaquearon”, eso no les quita el mérito, acotó.
“La Constitución no prevé para ningún cargo público ya sea presidente de la República, senadores, diputados, gobernador, alcalde, regidor, para ninguno establece un perfil, entonces, pero lo que tienen que hacer es rodearse de gente que sí le sepa, buenos asesores de que les ayuden a sacar adelante el trabajo, obviamente les ayudan a que esa curva de aprendizaje pues sea lo menos costosa posible”, explicó.
¿Qué se publicó en el periódico oficial del estado?
Se trata del decreto municipal número 71 por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64, así como la derogación de la fracción L del artículo 43, 64 bis, bis A, bis B, bis C, bis D y bis E, y 92 bis, todos correspondientes al Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento de Mazatlán.
Gustavo Rojo consideró que el gobierno municipal se fue por la interpretación literal del artículo 134 que establece que el ayuntamiento debe ordenar la publicación en el periódico oficial los acuerdos y resoluciones de carácter general que apruebe el Cabildo, en un plazo que no exceda los cinco días naturales a partir de la fecha de su aprobación.
“Le dieron para adelante sin autorizar el acta (…) es más, ni existía el acta todavía”, señaló.
Artículo publicado el 22 de diciembre de 2024 en la edición 1143 del semanario Ríodoce.
