Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentó la propuesta de reforma para impulsar la vivienda a favor de las y los trabajadores, y reveló una serie de casos de corrupción y desvíos de recursos dentro del Infonavit.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Oropeza expuso el caso de Telra Reality, contratada en 2014 por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia, al finalizar el plazo en 2016, la empresa no entregó el servicio contratado y pagó una indemnización de cinco mil millones de pesos.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del Infonavit, dos de los cinco socios de Telra devolvieron al Instituto dos mil millones de pesos, pero los otros tres socios se han negado a devolver los tres mil millones restantes.
El funcionario exhibió un documento atribuido al despacho legal White & Case, presentado por la Dirección Sectorial empresarial del Infonavit, como justificación del pago de indemnización de los cinco mil millones de pesos, y que obra como prueba en la carpeta de investigación por el caso.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de TELRA existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit, y la cuenta bancaria del Asesor del Director General en 2018 del mismo instituto.
Ante la intervención de la ASF, por alguna razón, los Sectores Empresarial y de Trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el Informe de Resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del Sector Gobierno y la oposición de la Dirección General.
A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF. El argumento principal es que la ASF, no tiene competencia para auditar los “recursos privados” que pertenecen a los trabajadores.
Por otro lado expuso el caso de línea III, un programa que se creó para financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, proyectos que son propuestos por las Direcciones Sectoriales de los Trabajadores y Empresarial, y son presentados al Consejo de Administración para su autorización, sin que existan diagnósticos o estudios previos.
Oropeza indicó que se han identificado 22 proyectos autorizados en 2017 y 2018 que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit de 575 millones de pesos; mientras que hay 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos.
El titular del Infonavit detalló que esos 22 proyectos recibieron recursos públicos para la compra de terreno, licencia y permisos de construcción de infraestructura; sin embargo, ninguno construyó vivienda alguna y, en el caso de cuatro desarrolladoras, incluso se les dio más dinero que era parte del crédito de los trabajadores.
La reforma de la Presidenta propone que se den créditos baratos, que el Infonavit desarrolle viviendas y las construya, y que se ofrezcan arrendamiento y posterior compra. Las personas podrán rentar una vivienda sin exceder el 30 por ciento de su salario.
Información de SinEmbargo
