Documentan 10 años de violaciones contra indígenas mayos-yoremes

Tres “chalecos azules” de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizaron escuchas de indígenas mayos-yoremes que acusaron que en los últimos 10 años han sufrido vejaciones seriales por al menos dos presidentes de México, tres gobernadores Sinaloa, y tres alcaldes de Ahome, con la intención de forzar la emigración de pueblos costeros para entregarles los territorios sagrados a empresas trasnacionales que buscan usar la bahía de Santa María para la instalación de industria petroquímica.

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Ricardo Cancela Neves, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, encabeza la misión junto a dos visitadoras, pero no emitió declaración sobre los diversos encuentros que se realizaron en Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones, Topolobampo y El Maviri con indígenas mayos-yoremes, pescadores, restauranteros y avecindados.

Sin embargo, al abrir la comparecencia indígena en Ohuira, dijo que durante tres días estarán en Ahome escuchando a los residentes de los pueblos originarios que han denunciado la violación sistemática de sus garantías por gobiernos de México para despojarles sus territorios, en donde se ha pretendido instalar una industria de amoniaco.

“Ustedes tienen derecho a defender su territorio de manera segura, en las instancias de gobierno locales, pero también en organismos internacionales, los vamos a acompañar. La ONU no va a resolver un problema tan complejo que están enfrentando, porque no hay una solución mágica, porque no se puede obligar a la autoridad a hacer una cosa o que deje de realizar otra, pero hay obligaciones internacionales de Derechos Humanos que se deben cumplir, y ahí los vamos a asesorar”, dijo.

El representante de la ONU aseguró que primero recopilarán la información y después evaluarán las acciones a emprender junto con los pueblos originarios, la cual será reservada.

En su presentación, entregaron diversa bibliografía de la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios que el gobierno de México debe de proteger de intereses ajenos.

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Susana Quintero Sandoval, fiestera del centro ceremonial “Nuestra Señora del Carmen”, del centro ceremonial de Ohuira, agradeció la visita de la misión de Cancela Neves, y aseguró que durante 10 años no han cedido a las presiones de los gobiernos ni de los empresarios, aunque los han segregado de todos los programas asistenciales como despensas, becas, empleo temporal, y de obra social como drenaje sanitario, agua potable, energía eléctrica, mantenimiento de calles y caminos, entre otros.

“No vamos a ceder nuestra dignidad, nuestros territorios por despensas, ni vamos a vender compañeros por unas monedas, como sí lo han hecho otros personajes de la comunidad. No vamos a claudicar, siempre tuvimos la esperanza de que alguien iba a bajar a escuchar nuestro reclamo de justicia. Seguiremos luchando, defendiendo, porque sabemos que hay leyes, pero muchas veces no hay justicia”, aseveró.

Para nosotros son un vínculo indispensable para abrir más puertas y para redireccionar la lucha a otras instancias que vinculen el resultado de la investigación, añadió.

Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, mencionó que ya han pasado 10 años en la defensa de la vida de los intereses extranjeros para mantener el territorio que ellos ocuparon antes que los extranjeros y mestizos.

Ahora, los extranjeros destruyeron 28 hectáreas de manglares, la Suprema Corte de Justicia mandató la consulta, se realizó pero no fue previa ni informada ni de buena fe, ni culturalmente adecuada; los gobiernos de Rubén Rocha Moya y de Gerardo Vargas Landeros, gobernador y alcalde de Ahome, respectivamente, fomentan la división de los pueblos e impulsan a autoridades indígenas para que les sirvan a sus intereses político-económicos y traicionen a sus pueblos, las costumbres, su dignidad, su religión y así compraron conciencias de 28 gobernadores indígenas que vendieron a su pueblo, a través de Librado Bacasegua Elenes, quien preside una organización que no representa a ningún pueblo.

“La empresa GPO falseó y engañó a las autoridades y pretendió hacerlo con nosotros aduciendo que construirían una planta de fertilizantes cuando en realidad era de amoniaco, manipuló las manifestaciones de impacto ambiental y las de riesgo ambiental, pero no cuajó; ahora resulta que la empresa GPO va a construir escuelas, paga funerales. Todo es ilegal”, acusó.

La versión de Montaño fue corroborada por Eduardo Álvarez Robles, de San Miguel, Jesús Manuel Gastélum, de Paredones, Carlos Valenzuela Valenzuela, Miguel Andrade Ramírez y Aracely Sarabia González. Los mayos yoremes de Juan José Ríos, Nuevo San Miguel y San Miguel Zapotitlán terciaron en las críticas a la industria petroquímica en sus territorios.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2024 en la edición 1139 del semanario Ríodoce.