Y le restan tres más por la compra de equipo de cómputo, uniformes y mobiliario y equipo de oficina

Durante 2021 y 2022 la UAS tenía interés en favorecer a un proveedor con las compras irregulares, señaló el juez de control, Carlos Alberto Herrera, tras vincular al noveno proceso penal al rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina y el Comité de Adquisiciones, en una audiencia en la que pidieron investigar los volantes en los que señalan de corruptos a los funcionarios universitarios.

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La semana pasada inició un nuevo proceso penal contra Madueña Molina, Soila Maribel Gaxiola, Héctor Melesio Cuen Díaz, Salvador Pérez Martínez, Óscar Orlando Guadrón y Jorge Pérez Rubio.

La Fiscalía General del Estado señaló que en 2022 compraron sin licitación 55 millones de pesos al proveedor César Abraham Cuadras López, en equipos de cómputo, tecnología y accesorios.

Tras dictar el auto de vinculación a proceso, el juez dijo que en otras causas penales las compras fueron al mismo proveedor.

Mencionó que es notorio que había un interés de la universidad para favorecer al empresario.

Detalló que una causa penal es por la contratación para la realización de obras por 20 millones 964 mil 263 pesos a la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa; en otra compraron equipos de cómputo por 118 millones 327 mil 837 pesos a Soluciones en Informática del Noroeste; y en una más adquirieron materiales para construcción y electricidad a Especialistas Comerciales del Noroeste por 27 millones 647 mil 339 pesos.

Las tres empresas son propiedad de César Abraham, quien en el último proceso penal, la venta la hizo como persona física.

El abogado general de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, respondió al juez que la universidad nunca ha pretendido favorecer a alguien.

De acuerdo con la FGE, entre el 4 de julio y el 12 de diciembre de 2022, la UAS compró a César Abraham 55 millones 57 mil 847 pesos en equipos de cómputo, reguladores, equipo de audio y video, iPads, memorias, impresoras, teclados, discos duros, pantallas, escáneres, tóneres, consolas y bocinas.

La fiscal Edna Rocío Castro Gálvez dijo que por el monto de la adquisición, la compra debieron licitarla, pero la hicieron mediante órdenes de compra firmadas por el entonces director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuen Díaz.

La fiscal Blanca Virginia Morales aseguró que hubo un sobrecosto en los productos y que el proveedor se vende y compra entre sus empresas, para luego revender a la universidad.

Mencionó que, de acuerdo con una revisión de facturas, en marzo de 2022 César Abraham compró a Soluciones en Informática, empresa de su propiedad, una laptop Dell Vostro en 14 mil 325 pesos; y en junio, César la vendió a la universidad en 26 mil 216 pesos.

El defensor Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazabal dijo que la Fiscalía señaló que las compras fuero entre julio y diciembre de 2022, pero el peritaje de la FGE establece que el monto de 55 millones de pesos fue durante todo el ejercicio fiscal.

Mencionó que los imputados son personas honorables que están dando la cara porque no tienen nada de qué avergonzarse públicamente.

“Yo pregunto a los fiscales ¿dónde está su ex jefa?, ¿por qué no ha dado la cara?, manipuló una carpeta de investigación. Los imputados son personas que su honorabilidad no está en tela de juicio ni tienen que andar escondiéndose. Si no fuera por el tema de la UAS el gobierno del estado no tendría nada que ofrecer porque Culiacán se les está cayendo, Sinaloa se les está cayendo a pedazos”, expresó.

El abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas pidió al juez ordenara a la Fiscalía iniciar una investigación por los volantes que fueron repartidos en varias colonias, en los que hacen una relación de las causas penales de funcionarios universitarios.

Comentó que en los panfletos se refieren a los universitarios como corruptos, con lo que violan la presunción de inocencia.

Detalló que además usan el logotipo oficial del Gobierno del Estado, citan como fuente a la Fiscalía General del Estado y enlistan carpetas de investigación en las que todavía no se celebra la audiencia inicial.

Los volantes, indicó, solo muestran que hay odio y rencor contra algunos universitarios que se opusieron a la reforma a la Ley General de Educación Superior.

Pidió que la Fiscalía inicie una carpeta de investigación si realmente está interesada en combatir la corrupción.

El juez respondió que no podía ordenar a la FGE abrir una investigación por cosas que no pasaron en audiencia y que no le constan.

Como medida cautelar volvió a dictar la separación del cargo de Madueña Molina, los imputados deben acudir a firmar cada mes y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.

Con este auto de vinculación a proceso, Madueña Molina suma siete procesos penales por presuntas compras irregulares y dos por negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.

El rector separado del cargo y el Comité de Adquisiciones tienen pendiente de iniciar otras tres causas penales por la compra de equipo de cómputo, uniformes y mobiliario y equipo de oficina.

Artículo publicado el 20 de octubre de 2024 en la edición 1134 del semanario Ríodoce.