Ahora lo vinculan a proceso por 118 millones de pesos en compras parcializadas para no licitar

Funcionarios de la UAS fueron vinculados a un nuevo proceso penal por compras presuntamente ilegales de equipos y consumibles de cómputo por los que facturaron 118 millones de pesos, de los que pagaron 64 millones de pesos.

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Con este proceso, para el rector separado del cargo Jesús Madueña Molina, suman siete causas penales abiertas; y cuatro para los ex integrantes del Comité de Adquisiciones conformado por Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez y Óscar Orlando Guadrón.

En la audiencia de más de 10 horas, el juez Carlos Alberto Herrera, ordenó la separación temporal del cargo de rector de Jesús Madueña, puesto del que ya había sido separado desde octubre de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, durante 2021 y 2022 los funcionarios adquirieron de manera ilegal computadoras de escritorio, laptop, impresoras, multifuncionales, cartuchos de tinta, tóner, teclados, memorias USB y discos duros para diversas unidades académicas.

La fiscal, Yire Liliana García Nevárez, señaló que en total facturaron 118 millones 327 mil 987 pesos, pero solo pagaron 64 millones 770 mil 404 pesos.

Aseguró que las compras fueron fraccionadas para hacerlas por adjudicación directa y evitar alcanzar el monto con el que tendrían que haber hecho licitación pública.

Las compras fueron realizadas a la empresa Soluciones en Informática del Noroeste, propiedad de César Abraham Cuadras López y Yareli López Sotelo, quien es secretaria académica en la Facultad de Informática de la UAS.

Detalló que en 2021 el proveedor expidió a nombre de la universidad 1 mil 954 facturas por 60 millones 920 mil 157 pesos y en 2022 fueron 2 mil 504 facturas por 57 millones 407 mil 679 pesos.

Abundó que, por esas facturas, la UAS en 2021 hizo 127 transferencias bancarias por 45 millones 505 mil 151 pesos y en 2022 fueron 87 transferencias por 19 millones 265 mil 253 pesos.

La ministerio público aseguró que los integrantes del Comité actuaron de manera dolosa al realizar las compras de manera directa porque sabían que era ilícito y aun así decidieron hacerlo.

Afectaron el servicio público por no desempeñarse de manera correcta y causaron un daño al patrimonio de la UAS.

Jesús Madueña, indicó, tuvo conocimiento de que el Comité estaba realizando esas adquisiciones ilegalmente a través de órdenes y no por medio de licitación pública.

Manifestó que era obligación de Madueña Molina supervisar al Comité y evitar que se causara un daño al patrimonio de la universidad.

El dueño de la empresa beneficiada, César Abraham López Cuadras, dijo en una declaración ministerial que desde 2010 es proveedor de la universidad y que actualmente la UAS tiene un adeudo de aproximadamente 25 millones de pesos.

Señaló que su socia, Yareli López, quien trabaja en la universidad, solo tiene acciones en la empresa, pero no tiene ninguna injerencia en las ventas.

La fiscal Kitzia Ojeda Castro mencionó que la universidad compraba los equipos a sobreprecio.

Como ejemplo, mencionó, que el proveedor compró una computadora Dell Vostro en 13 mil 175 pesos y la UAS pagó por un equipo igual 26 mil 616 pesos.

El abogado de Madueña Molina, Milton Ayala Vega, expresó que las computadoras pueden ser de la misma marca pero con características diferentes por lo que el precio varía y pidió a la fiscal que leyera las características de la computadora que compró el proveedor y de la que compró la universidad, tal y como se muestra en las facturas.

La fiscal solo leyó las características del equipo que compró el proveedor y dijo que la adquirida por la UAS era igual.

Los defensores Milton Ayala y Alfonso Carlos Ontiveros Salas aseguraron que los universitarios no son servidores públicos y que los recursos que recibió la universidad son de origen federal por lo que no es competencia de autoridades locales.

Señalaron que en la formulación de imputación no se detallaron los montos individuales de las facturas, sólo se citó un monto global por cada año, y se presentaron tres cuentas bancarias de donde supuestamente se pagaron las compras, argumentando que en ellas la UAS recibió recursos públicos estatales, cuando una de ellas es de recursos propios de la universidad y las otras dos son recursos de origen federal.

Madueña Molina comentó que es muy lamentable que el Poder Judicial del Estado esté sometido al Poder Ejecutivo.

“Ya no es novedad, lo he dicho cuántas veces vengamos al juzgado vamos a ser vinculados, vamos a ser separados, vamos a tener exhibiciones por parte de los fiscales y lamentablemente vimos ahí el comportamiento parcial del juez, todo lo que la defensa solicitaba sobre la Fiscalía el juez callaba y cuando era al revés, actuando de manera parcial”, expresó.

Tras dictar la vinculación a proceso, el juez Carlos Alberto Herrera dio a la fiscalía un plazo de tres meses para cerrar la investigación y como medida cautelar Madueña Molina y el comité de adquisiciones debe acudir a firmar cada mes y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.

Madueña Molina quedó vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones por desempeño irregular de la función pública.

Artículo publicado el 22 de septiembre de 2024 en la edición 1130 del semanario Ríodoce.