Inicia CNDH investigación por daño ambiental en Ahome

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La Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación de oficio para determinar riesgos a la salud en pobladores del sistema lagunar de Topolobampo-Ohuira-Santa María derivados de la intervención de la industria petroquímica, que ha acelerado su instalación pese a no tener concluidos los procesos de impugnación.

La investigación directa en el territorio fue iniciada por Ivette Ivonne Lacaba Domínguez, directora del Área de Investigaciones Especiales del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Desde media semana, la funcionaria inició diversas entrevistas con habitantes de Topolobampo, Lázaro Cárdenas y Ohuira, que resultaron afectados por la inhalación de amoniaco de fugas recientes y cuyos orígenes no fueron localizados por las dependencias de emergencia, pese a que sólo había una vía de manipulación del gas: Pemex.

La funcionaria también documenta la intervención de la bahía por la industria de fertilizantes y combustibles que se ha instalado en el muelle, y las afectaciones de estos a la labor cotidiana de los habitantes, como el cierre de pescaderos tradicionales, el vertedero de fertilizante granulado al mar, la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y otros fenómenos culturales.

El arranque de la pesquisa no fue por denuncia de hechos de los habitantes, sino por publicaciones diversas en medios de comunicación masiva que dieron cuenta de la intoxicación de estudiantes, adultos y población en general por inhalación de amoniaco que fue liberado al medio ambiente.

La funcionaria no se hizo acompañar de ningún empleado gubernamental, ni utilizó protección policiaca en su visita a las comunidades para dialogar con los pobladores y que estos expusieran la vivencia cotidiana con la industria, una de las más contaminantes, así como los esfuerzos de los gobiernos por protegerlos del daño ambiental y de cuidar la salud de los gobernadores, que son derechos protegidos.

En su apertura, aseguró que la visita se derivó de las revisiones a medios de comunicación locales que dieron cuenta de las constantes fugas de gas en el puerto y que relataban la alerta de la población, los casos de intoxicación leve a moderada y que las autoridades minimizaban los hechos al no encontrar el origen de las emanaciones ni emitir sanciones.

“Los hechos demuestran que algo está pasando en el puerto con esa industria, que de no ser regulada será letal para los habitantes. Nuestra oficina es la encargada establecer esos riesgos y de pronunciarse al respecto. Si bien, las resoluciones no son vinculatorias, sí son una base para futuras resoluciones, o un argumento de peso para le emisión de normas, permisos y observaciones a gobiernos”.

Pidió a los lugareños no solo brindar testimonios, sino aportar fotografías, documentación y videos de lo que padecen cotidianamente, pues el derecho a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación debe ser garantizado por el estado.

Juan Garay, pescador de Topolobampo, resumió que durante los últimos 10 años, en el puerto “hay un desmadre, porque todos contaminan, y todos lo niegan; la autoridad no atiende las denuncias ni las quejas que los residentes interponen, y el que lo paga vienen siendo los habitantes. En Topolobampo es común observar que los trabajadores de las terminales de fertilizantes laven los muelles y arrojen los fertilizantes al mar, y nadie sanciona a los ricos que se creen los dueños del mar, del aire, del agua y de la tierra”.

En la degradación del medio ambiente y los daños a la salud de los porteños, los responsables son los políticos “porque están metidos hasta las cachas”, a ellos ni a los ricos que los representan les importa la gente, ahí nos están envenenando todos los días, ellos lo saben pero no les importa”, sostuvo Delfino García Valenzuela.

Enrique Guadalupe Rocha Sandoval reiteró que el envenenamiento de los habitantes por respirar emanaciones de amoniaco de Pemex, la termoeléctrica y de otras industrias petroquímicas, es constante “pero a la clase política nada le importa, porque pretenden hacer de la bahía un mar muerto, sin vida y sin que nada produzca”.

“Pero aún con todo, no vamos a entregar la bahía a extranjeros, aunque estos amenacen a nuestros líderes, a los representantes, sólo queremos vivir en paz, como hasta ahora”.

En las reuniones, el colectivo ¡Aquí No! se mantuvo expectante, pues ahora le correspondía a la población abierta emitir sus opiniones de lo que se vive, correspondiéndoles la defensa de la bahía, si no lo hicieron, es su responsabilidad, y si lo manifestaron, también, aseguró Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira que ha sostenido la lucha opositora en contra de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente y Proman durante 10 años.

Artículo publicado el 23 de junio de 2024 en la edición 1117 del semanario Ríodoce.