Especialistas señalan la necesidad de transparencia para lograr un verdadero desarrollo sostenible

La corrupción en el cambio de uso de suelo es más dañina que la de los recursos públicos y tiene efectos negativos exponenciales, señaló Raquel Zapien, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

“Cuando hablamos de corrupción, la imagen que priva es la de los recursos públicos, las cuentas públicas, la obra pública, el dinero; pero sabemos que la corrupción tiene diferentes formas de manifestarse y diferentes escenarios. Hay un tipo de corrupción que está asociado a cómo se administra el suelo y consideramos que es más dañina y sus efectos negativos son exponenciales”, declaró.

Durante el Foro de Transparencia para el Desarrollo Sostenible, organizado por CPC, la periodista ambiental aludió al problema de los cambios discrecionales de uso de suelo hechos por funcionarios públicos sin una solvencia técnica.

Refirió que estos son provocados por la opacidad en dependencias de gobierno al autorizar la construcción de desarrollos inmobiliarios o condominios en áreas que estaban destinadas para la conservación ambiental o en zonas de afluencia pluvial.

“Cuando no hay transparencia, cuando eres autoridad y no le informas a la ciudadanía qué estás haciendo, qué estás aprobando y cómo estas administrando el suelo; como nadie te ve, es más probable que tú tomes decisiones arbitrarias y discrecionales que no están acordes a lo que dice la ley y que no coinciden con lo que dicen los planes y programas, y es muy probable que des permisos donde no debes y cambies usos de suelo”.

Zapien mencionó que los cambios discrecionales de uso de suelo tienen consecuencias no solo en la pérdida de ecosistemas o especies de flora y fauna, sino que también afectan la vida de los centros de población y su desarrollo económico.

Laura Beatriz Rivera Rodríguez, doctora en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, destacó que el mal uso del suelo y el territorio incrementa los riegos de desastres de las zonas donde existen centros de población.

“Los estamos llamando desastres naturales muy erróneamente, porque los desastres los estamos generando por una mala planeación, por un mal uso del territorio”.

Puso de ejemplo cómo la deforestación de manglares en zonas costeras, que sirven como barrera natural contra ciclones o tormentas, incrementan los riesgos de un mayor desastre, y construcciones sobre afluentes pluviales ocasionan que el agua no encauce y provocan inundaciones, como el caso del huracán “Otis” en Acapulco.

Agregó que el impacto ambiental ocasiona que muchas actividades productivas ya no sean redituables, como la pesca, donde existen cuerpos de agua que ya no pueden ser utilizados.

Por su parte, Zapien explicó que la sequía también forma parte de la lista de problemas que ocasiona el mal uso del suelo: la falta de árboles genera que no haya filtración del agua y esta siga su ciclo.

“Los hechos de corrupción tienen muchas formas de manifestarse y una de ellas es tomando decisiones que no están apegadas a la ley, que no están contemplados en los planes y programas de ordenamiento, territorial, ecológico y urbano. Tomando decisiones que no están alineadas y apegadas y que no respetan los riesgos, eso es una ilegalidad”, declaró.

Plan ecológico-territorial

“Desgraciadamente estamos atrasados en esta modificación de los planes de desarrollo. Necesitamos que cualquier cambio que se haga tenga el insumo de la academia, de la sociedad civil que con sus investigaciones e información le pueda dar las opciones para hacer una mejor planeación del territorio”, declaró Rivera Rodríguez.

Destacó que los planes de ordenamiento ecológico-territorial y las evaluaciones de impacto ambiental, son instrumentos de evaluación que nos pueden ayudar a hacer mejor uso del suelo, evitar conflictos ambientales y aprovechar los recursos naturales de manera sustentable.

Diferenció los criterios que tiene el ordenamiento territorial y el ecológico-territorial, aludiendo que este último tiene como objetivo aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y destacar la importancia de la participación de los sectores productivos en la toma de decisiones.

“El ordenamiento territorial tiene como función la competencia en los centros de información y la comunicación entre los diferentes centros de población en el área particular.

“En el ámbito del ordenamiento ecológico territorial es toda la limitación del municipio, del estado o el país; además de ordenar la parte no humana y destacar que se sigan cumpliendo con los servicios ecosistémicos que habitan esta área, y presentar los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población”, explicó.

Tanto Raquel Zapien como Rivera Rodríguez coincidieron en la importancia de que los ordenamientos ecológico-territoriales estén georreferenciados y sean de fácil acceso y comprensión para la mayor parte de la población.

De esa manera, la población puede denunciar, participar y vigilar que se cumplan esos planes de ordenamiento tal cual son diseñados.

Artículo publicado el 16 de junio de 2024 en la edición 1116 del semanario Ríodoce.