Un cielo encapotado no desestimó a la comunidad yoreme de Ohuira, que abarrotó la enramada del templo de la Virgen del Carmen, asistiendo a la asamblea informativa convocada por el gobierno federal para dar cumplimiento a la sentencia que les obligaba a realizar la consulta indígena sobre la aprobación a la construcción de la planta de amoniaco, que deberá realizarse la semana próxima.

Como en ninguna otra reunión forzada, en esta se lograron revelaciones sobre un proyecto petroquímico calificado de sesgado.

A leguas, se veía que los yoremes habían hecho la tarea, que estaban preparados para interrogar, discutir y debatir. Que no se creerían a pie juntillas los dichos de la autoridad. Eran de esa clase de rebeldes con causa.

Los indígenas desestimaron desde el primer momento las palabras de Daniel Quezada y Benito Mirón, por Semarnat y Segob, respectivamente, así como las de Alejandro María Olivera Toro Maja y los técnicos Andrés Sarahí Oceguera Rodríguez y Olivio Moreno Gastélum, quienes aseguraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente tenía estudios del sistema lagunar desde 30 años atrás.

Los especialistas también afirmaron que no había manglar en la zona elegida para el desplante, que de fauna sólo habían encontrado una iguana y las aves eran prácticamente inexistentes, incluso no hablaron nada de larvas de camarón ni de semilla de ostión, pata de mula o de almeja.

La rechifla enseguida fue unánime y más cuando entre el público presentaron a Diana Escobedo, la única científica que ha estudiado la bahía en tres décadas y cuyas investigaciones apuntan a que los empresarios, los inversionistas, el gobierno y promotores de la planta de amoniaco eligieron el peor lugar posible para su construcción.

Aunque estaba escuchando que sus estudios pudieron ser manipulados y plagiados, ella se mostró prudente. No habló ni se hizo notar más. Estaba allí sin ser notada.

Y fue entonces cuando las revelaciones comenzaron a caer una a una: el proyecto de GPO no presentó el modelo de desalinización del agua de mar, por lo que no se tiene determinación de cuanta salmuera va desechar, el impacto de esta en la bahía ni su periodo de incorporación a la laguna; tampoco precisa el arrastre de fauna marina en su obra de toma y el uso de excluidores en ella.

Ante la revelación, los yoremes se alzaron en gritos, pues Roberto Pava Velázquez, un alawaci de los judíos, había pisado una llaga oculta en la burocracia y en el favoritismo gubernamental a los empresarios. La asamblea comenzó a presurizarse y forzó una intervención inesperada.

Juan José Jiménez Noriega, representante del Organismo de Cuenca Pacífico-Norte de la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa -Conagua- reveló que GPO no ha logrado el permiso de descarga de aguas residuales (salmuera) porque Semarnat no ha liberado la Manifestación de Impacto Ambiental, aunque el proyecto se presentó en el 2014.

“La verdad es que no lo hemos trabajado porque no se ha presentado lo primero. No sabemos el impacto de las descargas en la bahía, ustedes se preocupan por su pesca, y es viable, y muy bueno que digan en qué los va a impactar, para analizar”, dijo.

Jiménez Noriega hizo en el lugar una revelación, ese permiso será evaluado con una nueva norma de aguas residuales que se emitió y operará en enero de 2023. “Es más dura, tanto que industriales se están amparando en contra de ella”.

Sintiéndose engañados, los yoremes acentuaron el interrogatorio, y se enteraron que Semarnat no investigará el origen del predio por no tener facultades para ello, así como tampoco existe un proyecto de construcción de un muelle aunque el dragado del canal de llamada se realizará, afecte o no a la fauna marina.

También supieron que en caso de una fuga en los tanques o en amoniaducto toda vida en 15 kilómetros a la redonda se extinguiría y que dependiendo del viento y la humedad, la nube tóxica se extendería hasta 50 kilómetros, dejando secuelas a todo aquel que la respirara. La indemnización por las muertes sería a costa de la planta.

Se enteraron de que el gobierno empujaría el proyecto porque no hay obligación de reportar la actividad humana en el sitio Ramsar y sus efectos en el suelo, supieron que la planta elevará la temperatura del mar y la salinidad y que esto traería consecuencias en la fauna.

María Luisa Huitemea, José Luis Morales Tapia, Adelaida Morales Tapia, Erika Guadalupe Rocha Sandoval, Martín Bacasegua Alonso, Reyna Lucía Montaño, Jesús Armando Pava Valencia, Armando Sandoval, María Susana Quintero y Adelina Sandoval fueron las arqueras de las interrogantes y cuyas respuestas les ratificaron la convicción ¡Aquí no!

Artículo publicado el 4 de septiembre de 2022 en la edición 1023 del semanario Ríodoce.