Las fuerzas de seguridad de Venezuela y los grupos aliados han cometido “violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y tortura equivalentes a crímenes contra la humanidad”, según han determinado los investigadores de la ONU este miércoles.

En un informe se encontró que el aparato estatal venezolano respondió con tácticas represivas a las protestas de la oposición, que crecieron especialmente después de que Maduro fuera reelegido en 2018 en medio de una protesta por los resultados.

Las sospechas de que Nicolás Maduro junto a sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron en delitos graves para silenciar a la oposición han sido confirmadas en un informe de la misión de Naciones Unidas en el país latinoamericano, publicó el diario español El País.

La mayoría de las ejecuciones ilegales por parte de los agentes estatales “no han sido procesadas en Venezuela, donde el Estado de derecho y las instituciones democráticas han fallado”, agregaron.

La misión de investigación de la ONU ha apuntado que la Corte Penal Internacional junto a otras jurisdicciones nacionales, que empezaron un estudio preliminar en Venezuela en 2018, deberían considerar procesar a los implicados. Para ello, los investigadores abrirán la base de datos que contiene los nombres de los oficiales identificados por las víctimas.

“La misión de investigación ha encontrado motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad han planificado y llevado a cabo violaciones de derechos humanos desde 2014″, entre ellas asesinatos y el uso sistemático de la tortura, “que equivalen a crímenes contra humanidad”, ha afirmado la presidenta del grupo, Marta Valinas.

El Gobierno de Maduro no ha dado una respuesta inmediata al informe, que se basa en más de 270 entrevistas con víctimas, testigos, exfuncionarios, abogados y documentos confidenciales. “Lejos de ser actos aislados, estos delitos fueron coordinados y comprometidos conforme a las políticas de Estado, con el conocimiento o apoyo directo de comandantes y altos funcionarios del Gobierno”, según Valinas. El informe encontró que el aparato estatal venezolano respondió con tácticas represivas a las protestas de la oposición, que crecieron especialmente después de que Maduro fuera reelegido en 2018 en medio de una protesta por los resultados. “Las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Las fuerzas de seguridad también usaron armas menos letales de manera letal, lo que resultó en la muerte de los manifestantes”, dice el informe.

El grupo ha determinado que oficiales del Ejército, policía e inteligencia han cometido ejecuciones extrajudiciales. Uno de estos asesinatos fue el del exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el general Christopher Figuera.

El equipo de investigación ha afirmado que tiene “motivos razonables” para creer que los servicios de inteligencia falsificaron o sembraron pruebas contra las víctimas y que sus agentes han torturado a los detenidos. Entre ellos se encontraba el legislador opositor Fernando Alban, de quien el Gobierno dijo que se suicidó en 2018 pero cuyo partido dijo que fue asesinado.

Se cree que el capitán de la Armada Rafael Acosta murió por tortura bajo la custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM el año pasado, según los expertos. El panel, creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones desde 2014, no tuvo acceso a Venezuela. Más de 5 millones de personas, una sexta parte de la población, han huido de la crisis política, económica y humanitaria del país.

Jorge Valero, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, ha declarado que el Gobierno estaba cooperando con la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en particular para facilitar las visitas a las cárceles. Valero denunció las últimas sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estaban “causando sufrimiento y muerte al pueblo venezolano”.

Estados Unidos, junto con docenas de otros países, reconoce al político opositor Juan Guaidó como el líder interino legítimo de Venezuela, que tras conocer el informe ha declarado que se trata de un “documento único”: “Relata el drama que hemos atravesado los venezolanos”, ha afirmado. “Evidencia una sistemática destrucción y violación de los Derechos Humanos”, ha añadido además de equiparar a Maduro con Muamar Gadafi en Libia o el de Sadam Husein en Irak.