La Fiscalía General de la República (FGR) no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos.

La funcionaria explicó que, tras los señalamientos de las autoridades estadounidenses, la FGR abrió carpetas de investigación contra Rocha Moya y los demás funcionarios y exfuncionarios mencionados; sin embargo, precisó que las indagatorias se limitan exclusivamente a los delitos señalados por Estados Unidos y no se han ampliado a otras conductas.

“No hemos ampliado la investigación a otros delitos. Incluso están señalados los delitos por los que ellos dicen que debemos pedir la orden de aprehensión y esos son los delitos”, declaró.

Godoy Ramos también descartó que la Fiscalía esté investigando las finanzas del mandatario con licencia o las de su círculo cercano, al señalar que las acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense se centran únicamente en presuntos delitos relacionados con tráfico y distribución de drogas, así como portación de armas.

No obstante, aseguró que la FGR ha realizado diversas diligencias como parte de las investigaciones. Indicó que tanto Rubén Rocha Moya como los demás funcionarios y exfuncionarios señalados han sido citados a declarar, además de que se han integrado carpetas de investigación, recabado informes y levantado los reportes correspondientes.

La fiscal agregó que, pese a las solicitudes de Estados Unidos, Rocha Moya y el resto de los funcionarios señalados no serán entregados a la justicia estadounidense por razones de seguridad nacional. Señaló que este caso es distinto al de los 90 internos que recientemente fueron entregados a ese país debido a sus vínculos con cárteles mexicanos y organizaciones del crimen organizado.

Por su parte, el fiscal de Control Regional, David Boone, explicó que la investigación se inició a partir de la solicitud de detención provisional presentada por las autoridades estadounidenses en contra de los funcionarios y exfuncionarios señalados. Precisó que dicho requerimiento constituyó únicamente el punto de partida de las indagatorias, ya que la Fiscalía investiga hechos que, conforme avanza la investigación, pueden o no configurar delitos.

No obstante, afirmó que, hasta el momento, la información contenida en la solicitud no ha aportado pruebas suficientes para cumplir con el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana.

De acuerdo con una ficha informativa difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición del gobernador con licencia por los presuntos delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración relacionada con armas.

Según el documento, Rocha Moya y los demás funcionarios señalados habrían colaborado durante años con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de presuntos sobornos, apoyo político y protección institucional.