El titular del SESESP señala que el recurso legal es por una investigación por compra de patrullas a empresa de Javier Gaxiola Coppel

Tres años después de que Ríodoce dio a conocer el posible conflicto de interés en la compra de patrullas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación.

En octubre de 2023 el semanario publicó que el titular del SESESP, Ricardo Jenny del Rincón, en un concurso de licitación adjudicó un contrato por 47 millones de pesos a Premier Chevrolet, propiedad del entonces secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, su familia, y de Eugenio Coppel Luken, quien también es accionista de la empresa Coppel.

En sus declaraciones patrimoniales de 2022 y 2023 Jenny del Rincón declaró que tenía una relación laboral con la empresa Coppel por la que recibía 90 mil pesos mensuales.

El Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones establece que las entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con aquellas personas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga un interés personal, familiar o de negocios o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.

Tras la publicación, un partido político presentó denuncias contra varias dependencias de la administración de Rubén Rocha Moya y una de ellas era por la compra de las patrullas por posible conflicto de interés y entre las pruebas presentó las notas periodísticas del semanario.

Tres años después la FGR continúa integrando la carpeta de investigación y el 13 de mayo pasado, en medio de las denuncias de EU de presuntos vínculos con los Chapitos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha y exfuncionarios de su gabinete y de seguridad pública estatal y municipal, Jenny del Rincón presentó una demanda de amparo contra una posible orden de aprehensión.

Jenny del Rincón aseguró que el amparo fue una medida preventiva debido a que recientemente personal de la FGR realizó actos de investigación como parte de la integración de la carpeta.

Detalló que los agentes estuvieron investigando si él trabajaba en el SESESP, corroborando los domicilios de Premier Chevrolet y de las empresas que participaron en la licitación y que éstas existan y estén debidamente constituidas.

“Mi abogado personal, mi abogado familiar, pues me recomendó presentar un recurso de amparo de manera meramente preventiva, no por ninguna razón en específico, me dijo: Ricardo, pues mientras la FGR está realizando sus diligencias, yo te recomiendo que promuevas este recurso de amparo, pues es un derecho ciudadano que te brinda las garantías constitucionales y que vale la pena tenerlo de manera preventiva en caso de que tengas que acudir a una audiencia o que tengas que atender una diligencia de parte de la Fiscalía”, dijo.

Señaló que desde que se inició la carpeta la FGR le ha solicitado información y la ha entregado y hasta el momento no ha recibido citatorio para declarar.

Comentó que confía en que la carpeta de investigación será cerrada y no será judicializada porque no hay ningún conflicto de interés.

“Al tratarse de una carpeta de investigación aún en etapa de integración todavía no existe una imputación formal ni se ha judicializado ni nada, está digamos en una etapa de integración, nosotros creemos que si el ministerio público pues determina que no hay materia y que no se configura un conflicto de interés, como yo te lo he expresado en varias ocasiones, prevemos que la carpeta se cierre próximamente una vez que desahoguen sus diligencias ellos y que no se judicialice”, indicó.

En octubre de 2023, tras la publicación de Ríodoce la Secretaría de Rendición de Cuentas abrió una investigación y en marzo de 2025, en la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación también señaló que había un posible conflicto de interés e inició una indagatoria por “la presunta responsabilidad administrativa correspondiente de una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la persona servidora pública, en razón de un posible conflicto de intereses personales o de negocios”.

“Hemos entregado información en tiempo y forma no solamente a la FGR con este tema sino también le hemos entregado información a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la propia Auditoría Superior de la Federación, quienes han rescatado estas notas periodísticas y han integrado cada una por su cuenta su investigación y pues siempre hemos mencionado que no hay elementos para configurar un presunto o un supuesto conflicto de interés”, expresó.

Señaló que la Secretaría de Transparencia le informó que la observación que hizo la ASF está en etapa de seguimiento y el órgano fiscalizador está próximo a resolver.

Aseguró que en sus declaraciones patrimoniales se interpreta que estuvo prestando sus servicios profesionales a Coppel al mismo tiempo que era servidor público, pero su relación con la empresa terminó cuando entró al SESESP.

Jenny del Rincón no quiso dar a conocer qué partido político fue el que presentó la denuncia.

El contrato adjudicado a Premier Chevrolet fue para la compra de 45 patrullas para la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Investigación.

Artículo publicado el 24 de mayo de 2026 en la edición 1217 del semanario Ríodoce.