Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, para evitar ser detenido o extraditado.
Mérida Sánchez está acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con los Chapitos, junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general, Dámaso Castro; el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; los ex jefes de la Policía de Investigación de la FGE, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex subdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
El general de brigada Diplomado del Estado Mayor retirado de la Sedena, promovió el juicio de amparo 539/2026 el pasado 1 de mayo contra actos de los Jueces de Distrito adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades, y ayer martes el juez tercero de distrito, Rafael Linares Rivera, se lo concedió.
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“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”, señala el documento.
El amparo estará vigente hasta que se realice la audiencia constitucional, programada para el 1 de junio de 2026.
De acuerdo a la acusación de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, que se hizo pública el pasado 29 de abril, Mérida Sánchez, quien fue secretario de seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, recibió sobornos de 100 mil dólares mensuales de los Chapitos, a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas, no detener a sus miembros, y notificarles las operaciones de las autoridades contra ellos.
Como ejemplo, se menciona que en 2023 advirtió a los Chapitos sobre redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones.
Los cargos contra el exfuncionario originario de Veracruz son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Mientras el general retirado solicitó el amparo para evitar se detenido y extraditado, en Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal en sus cargos de gobernador y alcalde de Culiacán, mientras se realizan las investigaciones, en tanto que el senador Enrique Inzunza, dijo que atenderá las acusaciones desde su escaño.
