Incumple orden de la CEAIP sobre crédito de 60 mdp

“En Guasave tenemos claro que la confianza ciudadana se construye todos los días y se fortalece cuando servimos con transparencia, con rendición de cuentas y en apego a los valores que nos rigen”, afirmó la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya el pasado 28 de abril, aun cuando el ayuntamiento que dirige ha incumplido durante más de dos meses la orden de la Comisión Estatal para el Acceso de Información Pública (CEAIP) de transparentar el uso de un préstamo de 60 millones de pesos.

¿Cuándo se solicitó el crédito?

El 25 de septiembre del 2025, luego que el entonces tesorero municipal, Édgar Adair Espinoza Robles, gestionara un préstamo de hasta 60 millones de pesos y que el Cabildo lo aprobara por mayoría, Ramírez Montoya informó que el banco Banorte sería el que les facilitaría el recurso.

Esta petición llegó después de que, en cinco ocasiones, se recibieran adelantos de participaciones federales equivalentes a 83 millones de pesos, bajo el argumento de que el municipio seguía presentando una falta de liquidez, y que el recurso era urgente para garantizar la operación de servicios públicos y cubrir compromisos laborales, pues la nómina de la dependencia gubernamental oscilaba entre los 47 y 48 millones de pesos.

Cuando Espinoza Robles ya había dejado su cargo en Guasave, se le cuestionó a Cecilia Ramírez Montoya sobre el destino del crédito, a lo que la mandataria respondió que ya se había gastado en su totalidad, sin especificar en qué rubros. En esa misma intervención, exhortó a la prensa a hacer solicitudes de información si querían saber el desglose.

“Está en transparencia y quien lo solicite se le puede, se le va a dar en tiempo y forma en que nos solicitó”, apuntó.

Tiempo y forma

El 5 de enero del 2026, Ríodoce realizó una solicitud de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a cómo se ejerció el recurso financiero; en esta se especificó que se informara de manera detallada y desglosada el destino específico de los 60 millones de pesos, indicando los conceptos en que fue utilizado, monto y factura, así como obras, acciones, programas y pagos realizados con dichos recursos.

Luego de recibir esta petición, la institución gubernamental recurrió a una prórroga para atender la petición de datos, por lo que la información fue entregada el 26 de enero por el ayuntamiento de Guasave; no obstante, esta no cumplía con lo requerido en la solicitud inicial, ya que no se especificó detalladamente la manera en que se dispersó el crédito, además se pedía efectuar un pago de 7 mil 196 pesos con 34 centavos para tener acceso al resto de la información, pues según lo expresado en el documento, las 3 mil 306 copias de los pagos sólo se encontraba disponible en formato físico.

Debido al monto excesivo que se solicitaba a cambio de emitir una respuesta completa, el 3 de febrero se interpuso una queja en la Plataforma de Transparencia, respaldándose en el artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual establece que procede la inconformidad cuando la entrega de la información se condiciona al pago de un monto indebido o excesivo, representando una barrera injustificada para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Al analizar el caso, la CEAIP concluyó que el ayuntamiento incumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, motivo por el cual, determinó que no se justificó de manera fundada el cambio de modalidad de entrega digital a física, ni la imposibilidad de proporcionar la información a través de la PNT, como fue solicitada originalmente.

Además, la Comisión consideró incorrecto el cálculo del costo por copias, al señalar que la tarifa aplicada por el órgano gubernamental excedía lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

En su análisis, la CEAIP subrayó que la digitalización de documentos y su entrega en formatos electrónicos es una práctica viable y acorde con los principios de eficiencia, gratuidad y máxima publicidad, asimismo, señaló que el volumen de documentos no constituye una justificación válida para restringir el acceso, ya que existen herramientas tecnológicas que permiten su compresión y envío.

La resolución, emitida el 24 de febrero del 2026 por la Comisión, también aclaró que, dadas las fechas en las que se solicitó la información correspondiente al crédito, esta no podía considerarse en proceso, pues corresponde al ejercicio fiscal 2025, el cual debió haber sido cerrado y documentado conforme a los procedimientos administrativos del propio ayuntamiento.

A pesar de que la CEAIP resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado y le ordenó entregar la totalidad de la información requerida, incluyendo el destino específico de los recursos, contratos, documentación comprobatoria, calendario de ministraciones, saldos y estatus del préstamo en un lapso de cinco días a partir del 24 de febrero; el gobierno encabezado por Cecilia Ramírez Montoya no acató el decreto, por lo que, a más de dos meses, la información sigue sin entregarse, en desacato a la resolución y en posible violación al derecho de acceso a la información.

Al no acatar la petición de la CEAIP, el gobierno de Guasave podría ser acreedor a una amonestación pública y a una multa.