De ser el operador principal del montaje del crimen de Héctor Melesio Cuen, el 25 de julio de 2024, cuando secuestraron al Mayo Zambada, pasó a ser acusado de proteger a los Chapitos.

El vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Saavedra, vuelve estar en la palestra. Primero fue por las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y ahora por presuntamente recibir sobornos de los Chapitos.

En la acusación que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Castro Saavedra es uno de los involucrados por presuntamente proteger a los miembros de los Chapitos para que no fueran detenidos e informarles de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los EU, operaciones contra los laboratorios de drogas para darles oportunidad de destruirlos o trasladarlos.

El gobierno estadounidense señala que como parte de la investigación obtuvo listas de los sobornos, y en una de ellas aparece el nombre “Culiacán Regio”, el cual identifica a Castro Saavedra, quien supuestamente recibía 200 mil pesos mensuales.

Dámaso Castro es un abogado egresado de la UAS que ingresó a la Fiscalía General del Estado en 1999, donde ha ocupado diversos cargos desde ministerio público hasta el más reciente de Vicefiscal General.

En dos ocasiones participó en el proceso de selección de Fiscal General pero no fue electo. En 2021 fue elegida Sara Bruna Quiñónez Estrada y en 2024, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Castro Saavedra fue nombrado Vicefiscal General del Estado por Quiñónez Estrada y desde entonces permanece en el cargo.

En 2024, durante el proceso de selección de fiscal, el gobernador Rubén Rocha Moya seleccionó la terna conformada por Mónica Cecilia Luna Barrientos, Claudia Zulema Sánchez Kondo y Dámaso Castro y la envió al Congreso del Estado.

Los diputados eligieron a Sánchez Kondo como fiscal y ella ratificó a Dámaso como vicefiscal.

Junto con Sara Bruna Quiñónez, Dámaso sostuvo que la línea de investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuen, era el robo de vehículo.

Ambos dieron a conocer el video del 25 de julio de 2024 en el que se observa cuando la camioneta de Cuen llega a una gasolinera y un hombre le dispara.

Cuando la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, reveló diversas irregularidades y aseguró que el video de la gasolinera era un montaje y que Cuen Ojeda había sido asesinado ese mismo día en la finca donde secuestraron al Mayo Zambada.

Cuando se hizo el montaje del video, la actual Fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, era vicefiscal de la Zona Centro; y Dámaso, vicefiscal General.

Después de que la FGR exhibió las irregularidades, Sara Bruna renunció a la Fiscalía y Sánchez Kondo y Dámaso participaron en el proceso para sustituir a Sara Bruna.

El día que compareció como aspirante a Fiscal, Dámaso aseguró que no hubo ninguna irregularidad en la integración de la carpeta de investigación por el homicidio de Cuen Ojeda.

“En lo que a mí me toca, en lo que yo haya hecho, sí (estoy tranquilo), el que trabajó la carpeta cada uno es responsable y sabe lo que tiene que hacer. Más allá de los señalamientos que menciona el comunicado de FGR no veo yo que señale irregularidades”, indicó.

Aseguró que a él no le resultaba ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa por la integración de la carpeta.

Minutos después de rendir protesta como Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez, aseguró que iniciaría una investigación por las irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por el asesinato de Cuen Ojeda.

“Es mi primer día como fiscal General del Estado. Este día empezaré a dar revisión a ese asunto, es un procedimiento inicial ante una omisión o acción dolosa por parte del servidor público”, indicó.

Señaló que “en caso de que se acrediten (irregularidades) se abre un procedimiento ante el Órgano Interno de Control y de así señalarse las omisiones de manera dolosa o acciones, entonces, se inicia una carpeta de investigación”.

Hasta la fecha se desconoce en qué concluyó la investigación que la fiscal inició hace dos años.

Después de que se hizo pública la acusación en la Corte de Nueva York que involucra a Dámaso, la FGE emitió un comunicado en el que pide respetar la presunción de inocencia.

“En México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente. Asimismo, toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, señaló.

Mencionó que cualquier solicitud vinculada a estas acusaciones debe ajustarse a la Constitución mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.

La acusación señala que Dámaso proporcionó a los Chapitos acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el Ejército o la Marina de laboratorios de drogas y casas de escondite donde almacenaban drogas, armas y dinero, lo que permite a los Chapitos trasladar sus operaciones y las pruebas de actividad delictiva.

Artículo publicado el 03 de mayo de 2026 en la edición 1214 del semanario Ríodoce.