El dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la Renovación y Conversión a Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica “José Aceves Pozos” presenta omisiones relevantes en materia de riesgo ambiental, por lo que es necesaria la intervención de Protección Civil para garantizar la seguridad en una zona con crecimiento urbano acelerado, consideró Joel Bojórquez.

El investigador de la Facultad de Ciencias del Mar, adscrito a la carrera de Gestión de Zonas Costeras, señaló que, si bien la modernización de la planta representa una mejora en términos de eficiencia y reducción de emisiones, esto no exime al proyecto de cumplir con la normatividad ambiental vigente ni de atender aspectos técnicos que, hasta ahora, no han sido suficientemente desarrollados.

Uno de los principales señalamientos se centra en el manejo de descargas hacia el estero, dijo, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se reconoce que el agua residual será vertida a altas temperaturas y contendrá aceites y otras sustancias químicas, sin embargo, no se detalla con claridad el sistema de control o filtración que evitaría afectaciones al ecosistema, lo que abre un margen de incertidumbre sobre el impacto real de estas descargas.

A la par, explicó, el proyecto contempla la remoción de aproximadamente media hectárea de manglar, además de vegetación de selva baja caducifolia, y aunque la legislación permite este tipo de intervenciones bajo esquemas de compensación, la reforestación no debe limitarse a la siembra, sino que implica un seguimiento prolongado hasta garantizar que la nueva vegetación alcance condiciones equivalentes a las originales.

“El problema no es solo reforestar, sino asegurar que lo que se plante tenga las mismas condiciones ecológicas que lo que se elimina, lo cual puede tomar años o incluso décadas”, asentó.

En este contexto, advirtió que el tipo de manglar afectado, particularmente el mangle rojo, asociado a condiciones hidrológicas específicas, representa un reto adicional, ya que su restauración requiere características ambientales difíciles de replicar, lo que podría traducirse en una compensación incompleta en términos cualitativos.

El punto crítico

El punto más crítico identificado por Joel Bojórquez está relacionado con el almacenamiento de combustibles y la ausencia de un estudio de riesgo integral. El resolutivo expuso que el proyecto contempla tanques con capacidad aproximada de 10 mil litros y el manejo de volúmenes significativos de combustible, lo que, si bien no lo clasifica automáticamente como altamente riesgoso, sí rebasa los umbrales establecidos por la normativa para exigir un análisis de riesgo ambiental.

“Lo relevante no es solo la cantidad, sino que se supera el límite que obliga a presentar un estudio de riesgo, y ese estudio no está integrado en la manifestación de impacto ambiental”, señaló.

Esta omisión cobra mayor relevancia considerando que otras dependencias, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), condicionó el proyecto a la obtención de permisos adicionales para el uso de agua y la intervención en cuerpos estuarinos, lo que evidencia que la autorización ambiental no cubre la totalidad de los requisitos regulatorios.

Ante este escenario, Bojórquez enfatizó que corresponde a las autoridades de Protección Civil exigir la elaboración del estudio de riesgo, ya que este instrumento permitiría evaluar escenarios de contingencia y definir límites al crecimiento urbano en el entorno de la planta.

“El estudio de riesgo es clave, sobre todo porque se trata de una zona que se está poblando rápidamente, este tipo de análisis puede determinar hasta dónde es viable que avance la mancha urbana sin comprometer la seguridad”, advirtió.

Pese a las observaciones, consideró que el proyecto no debe ser cancelado, sino sujeto a una supervisión rigurosa que garantice el cumplimiento de todas las condicionantes ambientales, la correcta implementación de medidas compensatorias y la tramitación de permisos pendientes.

Las opiniones técnicas

En el proceso de evaluación del proyecto diversas dependencias federales y locales emitieron opiniones técnicas en el ámbito de sus competencias, destacando observaciones y recomendaciones específicas para fortalecer su viabilidad ambiental.

Entre las instituciones que emitieron opinión técnica se encuentran:

CONAGUA 

Señaló que, para emitir una valoración completa en materia hidrológica e hidráulica, es necesario que el promovente presente el proyecto ejecutivo y realice los trámites correspondientes ante esa dependencia.

DGEILCA (Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire)

Recomendó que el promovente realice la determinación anual de emisiones contaminantes, documentando la metodología utilizada, como medida de control atmosférico.

DGGFSOE (Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico)

Advirtió que el programa de rescate de flora propuesto es insuficiente para compensar la pérdida de vegetación.

La densidad de reubicación podría generar sobrepoblación vegetal.

No se contemplan medidas específicas para la protección de quirópteros (murciélagos), por lo que recomendó incluir acciones concretas.

En conjunto, las opiniones técnicas no frenan el proyecto, pero sí obligan a ajustes relevantes en materia ambiental, particularmente en agua, biodiversidad y monitoreo de emisiones.

Artículo publicado el 26 de abril de 2026 en la edición 1213 del semanario Ríodoce.