CIERRE DE CAMPAÑA EN AGUARUTO. Baile cancelado por grupo armado.

¿Qué significa que el Cabildo decida normalizar ese hecho? ¿Que los regidores determinen no indagar las causas reales de porqué varios candidatos que se habían registrado se bajaron de la contienda entre rumores de amenazas? ¿Que el ayuntamiento fingió que no vió el acto de violencia política que todos vimos en video cuando en un cierre de campaña irrumpió un grupo armado para terminar con el baile? ¿Qué significa que ya registrados, en una sindicatura se retiraron todos los aspirantes? ¿Es la forma como el presidente municipal está ganándose la gubernatura?

El fracaso del gobierno no es solo un problema de violencia: es la pérdida del control territorial, el crimen organizado gobierna donde el Estado dejó de hacerlo.

El gobierno dejó su lugar a otro poder, por complicidad y/o por ineptitud.

Permítanme citar en extenso las ideas de Jorge Javier Romero sobre crimen, estado y territorio y desarrollarlas para el caso de nuestro estado.

El gobierno sinaloense está hundido en una crisis profunda y prolongada. No se trata de una situación pasajera ni de un momentáneo problema de estadísticas de inseguridad pública; lo trascendente es que ha dejado de ser el árbitro del orden social y se ha convertido en un actor más dentro de arreglos locales de poder dominados por organizaciones criminales.

Que gobierne el crimen organizado es peor que lo haga un gobierno electo porque a este último hay algunas formas de limitar sus abusos, de controlar sus acciones y de exigirle cuentas. Inclusive, cuando todavía hay elecciones, se puede cambiar de partido en el poder.

Cuando gobierna el crimen organizado no hay límites ni formas de inconformarse. No dialoga sus decisiones.

La regresión democrática en Sinaloa es que en la reciente elección submunicipal ya no hubo elecciones. En las sindicaturas que les importaban al crimen organizado ya sus habitantes no fueron a votar, solo se enteraron de la decisión del “patrón” validada por el Cabildo. El gobierno los abandonó. Están bajo el dominio absoluto del crimen organizado.

El gobierno del estado no tiene capacidad de reducir la violencia y de garantizar derechos básicos, por complicidad y/o ineptitud, otros actores ocuparon su lugar.

En otras columnas hemos documentado cómo vivimos en uno de los estados donde menos se les paga, equipa, capacita, certifica y examina a los policías que, además, conforman las instituciones con menos elementos para garantizar la paz pública y prevenir el delito. Donde las fiscalías tienen mayores rezagos y menores recursos para investigar y perseguir el crimen. Donde el poder judicial está más rebasado por la carga de trabajo y más cooptado por intereses particulares. Donde prácticamente no hay prevención social y el debate contra la narcocultura viene perdiéndose.

Hoy, el narcotráfico es solo una fracción de los ingresos criminales, dice Romero. Extorsión, cobro de piso, control de mercados laborales, despojo de tierras, tráfico de personas, control del transporte, minería ilegal, proveedores de abarrotes, gerencia de mini casinos, y apropiación de presupuestos públicos forman parte de un portafolio diversificado de actividades que requieren algo más que corrupción ocasional: requieren gobernar territorios.

El crimen organizado ejerce funciones de gobierno en amplias regiones del estado. De organizaciones criminales han pasado a ser poderes territoriales.

Las organizaciones criminales ya no se limitan a operar en la clandestinidad, abunda Jorge Javier. Ejercen funciones típicamente estatales: regulan el acceso a la actividad económica, imponen reglas de convivencia, castigan infracciones, resuelven disputas y cobran tributos. No se trata de un poder paralelo abstracto, sino de órdenes locales concretos, sostenidos por la amenaza creíble de la violencia y por relaciones estables de colusión con autoridades formales.

La gobernanza criminal no es una falla de funcionamiento, es el funcionamiento mismo. Así funciona Sinaloa.

La frontera entre economía legal e ilegal se diluye, y la violencia se convierte en uno de los elementos del funcionamiento de la sociedad.

En la presente administración gubernamental, el control territorial por el crimen organizado se ha acompañado por el debilitamiento de contrapesos institucionales y el desmantelamiento de órganos autónomos. Esta reconstrucción del autoritarismo no ha derivado en una reconstrucción efectiva de las capacidades estatales para combatir la delincuencia.  Los violentos y los autoritarios han concatenado bien.

Las libertades y los derechos de los sinaloenses se han reducido.

El crimen organizado no es un adversario externo, razona Romero, sino un componente funcional de un orden político, donde el control territorial se negocia y los ciudadanos dan una parte de sus ingresos al gobierno y otra parte a la delincuencia.

El Estado se aleja progresivamente de un Estado social de derecho y se aproxima a un orden patrimonial, donde la ley es lo que manden los “jefes”.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, particularmente su secretario García Harfuch, no hecho nada por modificar la gobernanza criminal en Sinaloa. No ha habido acciones de reconstrucción de las capacidades de los gobiernos locales para combatir el crimen organizado ni se han depurado a los ayuntamientos del personal que obedece a los poderes fácticos.

Los gobiernos pasados tampoco lo hicieron.

El orden social y la gobernabilidad —lo que pasa en la sociedad sinaloense— depende de arreglos locales sostenidos por la fuerza y la negociación permanente fuera de las instituciones.

La permanencia en el gobierno no depende de la decisión de los electores. No hay ausencia de poder, hay un arreglo negociado fuera de la ley y que, si es necesario, se disputa con las armas.

¿Qué significa que en una región que le importa al crimen organizado sólo hubo candidatos únicos?  Se borran las ideas y las deliberaciones. Ahí manda alguien que hasta el presidente municipal obedeció.

Artículo publicado el 05 de abril de 2026 en la edición 1210 del semanario Ríodoce.