A partir de este viernes 9 de enero, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha el proceso de registro y vinculación obligatoria de las más de 158 millones de líneas de telefonía móvil que operan en el país.

Esta medida, aprobada en diciembre de 2025, busca frenar delitos como la extorsión, los fraudes telefónicos y la usurpación de identidad al identificar plenamente a los titulares de cada número, especialmente en la modalidad de prepago.

Los usuarios tendrán como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el trámite; de lo contrario, la línea telefónica será inhabilitada de forma definitiva por los proveedores del servicio.

Para cumplir con la disposición, los ciudadanos deberán vincular su número telefónico a su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

El proceso puede realizarse de manera presencial con el proveedor de telefonía o de forma remota a través de las plataformas digitales de empresas como Telcel, Movistar y AT&T.

En el caso de las personas morales, estas deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para incorporar las líneas de sus colaboradores al padrón oficial, asegurando que cada número cuente con un responsable jurídico asignado.

Ante la preocupación por la privacidad, la normativa establece que las compañías telefónicas tienen la obligación de instaurar medidas de seguridad técnicas y administrativas para proteger la información personal, la cual tendrá carácter de confidencial.

Los proveedores únicamente podrán resguardar datos específicos como el nombre o razón social, CURP o RFC, y el número telefónico asociado, garantizando su protección contra cualquier tipo de alteración o acceso no autorizado.