La reunión convocada por mandos militares el 30 de diciembre y a la que asistieron alcaldes del sur de Sinaloa y líderes de sectores empresariales, llega después de que Escuinapa tiene semanas padeciendo una creciente ola de eventos violentos, que ya cobraron la vida de dos civiles.

El objetivo de la reunión, de acuerdo con información proporcionada por uno de los asistentes que pidió guardar la confidencialidad, fue ofrecer un informe de las acciones y resultados obtenidos en ese y el resto de los municipios.

La “Perla Camaronera” ubicada en la frontera con Nayarit es tierra de disputas entre grupos de la delincuencia organizada que buscan el control del territorio, lo que ha afectado la estabilidad regional por el bloqueo carretero y enfrentamientos a plena luz del día, además del “bombardeo” de artefactos explosivos improvisados (AEI) que lanzan con drones.

La víspera de Navidad, fechas en las que la actividad económica, agrícola y turística inyecta de flujo de efectivo y transacciones, se vieron mermadas con el encierro forzoso de las familias y el obligado cierre de cortinas a temprana hora.

Los jefes castrenses expusieron ante los alcaldes de Escuinapa, Rosario, y los representantes de Concordia y Mazatlán, y líderes camarales y empresarios, datos sobre decomisos y detenidos.

También aclararon que el artefacto que cayó sobre el Almacén Municipal no fue un ataque intencional al gobierno de Escuinapa, sino que iba dirigido al establecimiento contiguo que funcionaba como centro botanero y actualmente estaría operando con fines ilícitos.

Convencidos de que la atención debe de ser no solo con fuerzas armadas, sino que además deben atenderse las causas, los jefes militares expusieron que los hechos delictivos no los tomaron por sorpresa, toda vez que saben de las intenciones de grupos delictivos por incursionar desde la zona serrana de Durango y Nayarit, siendo Escuinapa la puerta de entrada.

Unos empresarios vieron la necesidad de incrementar el presupuesto en materia de seguridad, aunque diputados locales opinaron que se trata más de atención a las causas.

Reclutamiento forzoso

Otro fenómeno expuesto en la reunión, dijo, es el reclutamiento forzoso de civiles.

“Mencionaron que se está dando el fenómeno de que están reclutando a la fuerza a algunas personas de escasos recursos, como jornaleros, personas que no tienen otras oportunidades”, dijo uno de los asistentes.

Se ejemplificó con casos de Nayarit, Guerrero y otras zonas del país, de los que Sinaloa no está exento, y que es notorio, tras su captura, quién lo hace por delinquir y quién obligado bajo amenazas, lo que le da otra dimensión al problema porque se habla de derechos humanos, que el Estado mexicano debería de estar poniendo como prioridad, pero no se habla de eso.

Muchas de esas personas han venido a trabajar al sur de Sinaloa como jornaleros, agregó, donde son capturados por los grupos delictivos.

Militares piden 60 hectáreas para construir un Batallón de 1 mil 200 mdp

A ocho años de que por primera vez estuvo a punto de contar con instalaciones propias para la base de un Batallón de Infantería, la Sedena gestiona de nuevo el apoyo.

Fue en el sexenio del expresidente Felipe Calderón que se consideró que en el proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu se donara un espacio a la Sedena, pero tras la publicación del decreto en agosto de 2023, en el que 2 mil 489 hectáreas fueron declaradas área natural protegida Juan M. Banderas, el Ejército se quedó sin terreno para construir su Batallón de Infantería.

En la era de la 4T, los militares pidieron a los asistentes a la reunión el apoyo para obtener en donación 60 hectáreas en las que invertirán 1 mil 200 millones de pesos en la construcción de una unidad habitacional, escuela, campo deportivo y pista de atletismo para albergar a 500 efectivos.

El antecedente

En julio de 2017, el exgobernador Quirino Ordaz Coppel firmó un convenio para invertir 305 millones 465 mil 507.88 pesos con la Sedena para construir un Batallón de Ingenieros de Combate con su Unidad Habitaciones Militar en Las Cabras, municipio de Escuinapa.

Pero al declararse que el proyecto técnicamente resultaba inviable por las características del terreno, implicando una mayor inversión a la contemplada inicialmente, el municipio se quedó sin la obra.

A cambio, el gobierno estatal redireccionó la inversión apoyando el proyecto de edificación de una Brigada de Policía Militar en el campo Militar Número 9-F, ubicado en la Comunidad de El Sauz, sindicatura de Costa Rica, Culiacán, con un costo de 739 millones 750 mil pesos.

La diferencia fue gestionada por el gobierno del estado, según quedó asentado en un nuevo convenio.

Artículo publicado el 04 de enero de 2026 en la edición 1197 del semanario Ríodoce.