En Culiacán, los establecimientos han sido blanco de ataques constantes; lo que ha llevado a que menos personas se internen por temor

Manuel, nombre ficticio, asumió la presidencia de una asociación de Centros de Rehabilitación en uno momento complejo para estos espacios y para quienes los operan. La violencia los ha golpeado de múltiples formas: desde agresiones directas hasta la afectación económica.

“Nosotros seguimos trabajando porque tenemos que hacerlo. Claro que ha habido mucha inseguridad y sí ha afectado bastante en los ingresos de los establecimientos. Han bajado mucho en los ingresos y, por lo cual, han aumentado las necesidades de los centros de rehabilitación”, comenta.

De acuerdo con Manuel, el número de personas internadas se ha reducido hasta en un 60 por ciento. Como ejemplo, menciona el centro que él administra: diciembre suele ser uno de los meses con más recaídas e internamientos debido a las fiestas de fin de año. Sin embargo, actualmente apenas cuentan con 22 pacientes. En otros años, para estas fechas, llegaban a tener alrededor de 50.

El miedo de las familias es una de las principales causas. “Han pasado acontecimientos en los centros de rehabilitación y las familias tienen miedo de internar a los adictos por las cosas que han pasado. De hecho, han sacado gente; gente que se han llevado ellos porque temen por su seguridad, por la misma inseguridad que se vive”, explica.

El episodio más grave ocurrió el 7 de abril de 2025, cuando el centro de rehabilitación Shaddai, ubicado en las calles Cerro San Cayetano y Cerro de la Silla, en la colonia Colinas de San Miguel, fue atacado por sujetos armados. La agresión dejó nueve personas asesinadas y cuatro heridas. Guillermo Rodríguez Gaxiola, propietario de la clínica, fue privado de la libertad y asesinado.

Manuel asegura desconocer las razones del asesinato de Rodríguez Gaxiola. “Era una persona honesta, dedicada a la rehabilitación de los adictos. De muy buen corazón, solidario… Era a todo dar”, recuerda.

Desde la red que encabeza, explica, se sugiere que se haga una valoración previa de cada paciente antes de permitir su ingreso.

“Ha habido personas que han hablado y dicen: ‘quiero que mi hijo ya no ande en la calle porque anda de puntero’. Nosotros omitimos eso y les decimos que no podemos darles el servicio, por la seguridad de los demás. Porque con tanta inseguridad, uno está expuesto”, señala.

Sobre la proliferación de centros de rehabilitación sin autorización, Manuel dice desconocer las causas. Considera que podrían ser personas con intención de ayudar, pero sin la información adecuada sobre los procedimientos necesarios para establecer un centro formal.

Corte y revisión

Sergio Payán, subdirector de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Campiña, en Culiacán, coincide en que uno de los principales problemas que enfrentan las familias de personas con adicciones es el económico.

Hay desempleo y muchas carencias que afectan la sostenibilidad de las familias y, por ende, el ingreso a los centros. “No es de ahorita, viene de mucho tiempo atrás. Desde el Culiacanazo bajaron todos los centros; igual que las colegiaturas de escuelas particulares batallan para pagar”, explica.

Ante esta situación, dice, intentan apoyar a las familias con descuentos, aunque muchas terminan retirando a sus familiares por falta de recursos. “Aun así se van, porque tienen que cubrir sus necesidades porque se endeudan y es triste que por motivos económicos no se recuperen”, lamenta.

En una pared del centro, Payán tiene pegadas notas adhesivas con los nombres y números telefónicos de algunos tenientes militares. Los soldados comenzaron a rondar la colonia y proporcionaron sus contactos para reportar cualquier incidente.

Cualquier lugar es vulnerable. Hay mucha incertidumbre, porque cualquier negocio establecido puede ser víctima, aunque sea por error, señala. Recuerda que apenas un día antes (domingo 21 de diciembre) se registraron alrededor de 10 homicidios en la ciudad.

Ante este contexto, en el centro aplican lo que Payán llama corte: valorar a los internos. “No es justo que, por una persona, la lleven a todos”, afirma.

Cuando una familia solicita el internamiento de alguien, se realiza un cuestionario previo: a qué se dedica la persona, con quién se relaciona, por qué recayó, cuál es su situación laboral y familiar. Si hay algo que no convence, el ingreso se rechaza.

“Quizás, otras personas tienen dobles vidas o gente que anda por ahí y los meten los patrones a centros de rehabilitación, aquí no se permiten esas cosas”, afirma.

Sin apoyo público

A la violencia y la crisis económica se suma la falta de apoyos gubernamentales. Miguel Guerra Angulo, director de los centros Esperanza de Culiacán A.C., acudió a cabildo abierto del Ayuntamiento de Culiacán para solicitar atención ante la ausencia de recursos públicos destinados a los centros de rehabilitación.

De acuerdo con su testimonio, desde 2023 el Ayuntamiento dejó de otorgar el apoyo económico previsto en una partida presupuestal. La única ocasión en que recibieron ayuda fue en especie, con la entrega de un aire acondicionado y sillas, repartidas entre cerca de 32 centros.

Guerra Angulo explicó que buscaron respuestas sobre la falta de un recurso que ya estaba etiquetado con la Secretaría de Bienestar y la Dirección de Salud Municipal, sin obtener una explicación clara.

“Logramos que voltearan otra vez a ver a los centros y que destinaran algo del presupuesto. Es poquito, pero se empieza por algo. Sin embargo, solo se dio un año y seguimos esperando respuesta”, expresó.

Salvador Flores, titular de la Dirección de Salud municipal, indicó que el caso se encuentra en revisión y que el recurso asignado rondaría los 400 mil pesos.

Mientras tanto, en medio de la violencia, los centros de rehabilitación continúan operando con recursos caídos y bajo constante riesgo.

Artículo publicado el 28 de diciembre de 2025 en la edición 1196 del semanario Ríodoce.