Se prevé un año de estancamiento y recortes de personal debido a la inseguridad y un presupuesto federal insuficiente. Sectores inmobiliario y agrícola reportan colapso

Sinaloa se encuentra en el “sótano” del desempeño económico a escala nacional. Si la economía regional no se moderniza ni muestra avances, provocará un desgaste político y económico que multiplicará las problemáticas sociales. Esto encuentra su explicación en la crisis de inseguridad pública que se ha prolongado tras 15 meses de conflictos internos del Cártel de Sinaloa.

La proyección fue realizada por Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa. No solo la crisis de inseguridad ha provocado malestar ante la exhibición explícita de la violencia, sino también una emergencia económica que ha ocasionado el cierre de casi mil empresas, la pérdida de 10 mil empleos y más de 8 mil despojos de vehículos. Esto ha generado un clima de incertidumbre que frena la inversión y obliga a empresas y familias a emigrar.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, destacó que, ante el estancamiento de las inversiones en el estado, se prevé un impacto directo en el recorte de personal para 2026; esto limitará las oportunidades de crecimiento económico.

En el último trimestre de 2025 hubo un repunte temporal en la renta de locales —añadió— de entre un 20 y 30 por ciento; sin embargo, se estima que aproximadamente 100 a 150 establecimientos comerciales cerrarán sus cortinas después del 6 de enero o a finales de diciembre. Esto se debe a que muchos negocios solo pudieron sostenerse por la euforia pasajera del aguinaldo y las fiestas navideñas; al concluir las festividades, los comercios retornarán de nuevo a la realidad los primeros días de enero.

“Evidentemente estamos en una situación donde las empresas solo están administrando lo mejor posible el deterioro. La gente solo está tratando de conservar sus empleos, pero el futuro de Sinaloa es realmente preocupante. Se siguen perdiendo inversiones, se siguen perdiendo empresas y seguimos perdiendo población porque muchos, muchas familias han optado por irse de aquí. Así que todo anuncia que para el año 2026 Sinaloa continuará con la crisis de inseguridad pública, con el deterioro en su economía y con la disminución en la calidad de vida de la población”, anotó Sánchez.

Lo que antes representaba un gremio con mucho impacto en la entidad, hoy el ramo inmobiliario se encuentra en “ruinas”. Las constructoras están colapsadas al trabajar a niveles inferiores al 50 por ciento. La actividad agrícola vive su peor crisis sin auxilio oficial y, en Mazatlán, más del 70 por ciento de la flota camaronera permanece inactiva. Por su parte, la educación ha perdido pertinencia y calidad.

Dicho fenómeno económico no es reciente, viene arrastrando su lastre desde finales de la década de los 90 debido a la falta de un modelo que modernice la estructura productiva de la entidad. A diferencia de otros estados que recuperaron su ritmo de actividad previo a 2021, Sinaloa aún no logra alcanzar los indicadores que tenía antes de la pandemia y, con el recrudecimiento de la violencia, la situación se ha agravado.

“Advertimos que nuestra entidad se está alejando peligrosamente del crecimiento productivo y del progreso social. Necesitamos un proyecto de estado que inspire a cada uno para hacer la parte que le corresponde, pero hay que definir lo que podemos hacer y lo que queremos ser en el futuro”, mencionó.

Para los gobiernos federal y estatal —anota Sánchez— existe un desinterés en fomentar la economía local. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla una disminución del 0.9 por ciento en el gasto federalizado para Sinaloa, siendo una asignación menor a la de 2020. Además, se han eliminado programas de apoyo fundamentales para la agricultura, la pesca y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

“Parece ser que el régimen de gobierno que actualmente tenemos es muy opuesto a la idea de modernizar la estructura productiva, a la idea de generar empresas, de generar inversiones, porque sus prioridades están en otros ámbitos, en otras actividades de la vida pública. Pero el problema es que si como sociedad desatendemos el crecimiento económico, pues nos estamos condenando a no generar empleos, a no generar mejores salarios y a multiplicar los problemas sociales que tanto nos afectan”, añadió.

Reyes comparte su opinión con Sánchez: “Yo espero que el 2026 no sea determinado por el gobierno, sino que sea determinado por la sociedad participativa, comunicativa, informada, sí, capacitada para poder tener mejores funcionarios. Tenemos los mejores funcionarios de acuerdo a los mejores ciudadanos que somos. Entonces, hay que sacar la cuenta si estamos conformes con eso”, complementó.

El alza en la violencia —retomó Reyes— genera angustia y mantiene a la población en un estado constante de alerta. Por consecuencia, la ciudadanía sale a las calles únicamente por necesidad, lo que impacta directamente a los comercios. Las celebraciones, además, no se realizan como en años anteriores; los horarios se han reducido para evitar transitar durante la madrugada. Hizo hincapié en las convocatorias que realiza el Gobierno del Estado para los festejos de Año Nuevo, como los que se llevarán a cabo en Mazatlán, cuestionando si realmente existen las condiciones de seguridad adecuadas e implicando que asistir es exponer a las familias a riesgos.

Artículo publicado el 28 de diciembre de 2025 en la edición 1196 del semanario Ríodoce.