La Fiscalía General del Estado expulsó del predio propiedad de la primaria Valentín Gómez Farías a poco más de 100 personas

Un grupo de poco más de 100 personas —hombres, mujeres y niños— invadió el pasado 21 de noviembre un predio perteneciente a una escuela primaria en la colonia República Mexicana, al sur de Culiacán. La ocupación irregular se convirtió en un conflicto que incomodó a vecinos y padres de familia; y escaló hasta las autoridades. La noche del jueves 4 de diciembre, elementos de la Fiscalía General del Estado desalojaron a los invasores y aseguraron el inmueble, estableciendo un perímetro de vigilancia policiaca.

No es un caso aislado. En una ciudad donde los desplazamientos por violencia se multiplican y la crisis de seguridad no cede, las invasiones han ido apareciendo como respuesta desesperada. Actualmente existen varias ocupaciones activas en Culiacán, aunque casi todas se encuentran en la periferia y en predios sin servicios públicos básicos. Este caso es distinto: ocurrió en la mancha urbana, justo detrás de una escuela.

“Son los mismos de aquí la mayoría de los que se metieron”, aseguró un vecino que prefirió proteger su identidad. “Hasta el señor que es dueño de los camiones de la ruta Huizaches, que vive allá abajo, acaparó como seis terrenos para él y sus familiares. Él fue el que les trajo los hules negros para tapar la reja y hacer unas casitas”, denunció. La sospecha es al menos comprensible.

Vecinos incómodos

La primaria Valentín Gómez Farías atiende a más de 400 alumnos cada mañana. Una malla ciclónica separa las aulas del predio contiguo que también pertenece al plantel. Fue ese terreno —amplio, abandonado, enmontado desde hace años— el que decenas de personas ocuparon repentinamente la tarde del viernes 21 de noviembre, según relató la directora.

Los invasores levantaron tiendas de campaña, improvisaron hornillas, fraccionaron el terreno y lo dividieron. Algunos llevaron sillones; otros, incluso, comenzaron a plantar árboles.

“Fue el viernes 21 por la tarde, cuando algunos padres de familia se dieron cuenta que llegaron dos camionetas con gente, como unas 60 personas, y traían cosas para instalarse en el terreno. Me reportaron que bajaron hules, cartones y empezaron a hacer casas para instalarse. Yo llamé al 911, incluso fui al Ministerio Público, pero me dijeron que tenía que ir a la Secretaría de Educación y tuve que esperar hasta el lunes. Durante el fin de semana se siguieron instalando, y en cuanto fue posible fui a exponer la situación en la SEPyC”, dijo la directora.

Para los padres de familia, la preocupación era inmediata: una malla de alambre separaba a sus hijos de un asentamiento improvisado.

La presión surtió efecto. Cuatro días después, la titular de la secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, confirmó que la dependencia había presentado una denuncia ante la Fiscalía.

“Se trata de una propiedad privada, pertenece a la Secretaría de Educación Pública, pero además es un bien público, un beneficio para la niñez de toda esa zona”, señaló.

Invasores de esperanzas

Elizabeth no conocía el conflicto. Madre soltera con cuatro hijos, vecina de Los Huizaches y empleada doméstica en La Primavera, vio la invasión desde el camión y pensó que quizá ahí estaría su oportunidad.

“Pasé en el camión y vi que estaban ahí, aparecieron de repente. Yo le comenté a mi mamá y decidimos venirnos a invadir aquí. La verdad ha sido difícil porque los vecinos y los padres de familia nos dicen cosas; incluso los niños nos gritan (…) que somos unos muertos de hambre”, relata la joven de 35 años.

“No me da vergüenza porque yo estoy buscando algo para mis hijos, para dejarles a ellos. No pido que nos lo regalen, pero que nos apoyen, que nos lo puedan vender con facilidades. Es un terreno que tiene muchos años abandonado y que no hacen nada con él”, añadió.

Laura, de 29 años, también llegó buscando un terreno. Rentaba junto a su esposo y sostenía parte del gasto familiar con un puesto de frituras, pero una hernia discal y la violencia que ha desplomado el comercio informal la dejaron sin ingresos.

“Yo vendía chimichangas, pero con la violencia se vino abajo todo eso, y por la espalda está muy difícil conseguir trabajo. Mi esposo trabaja y me mantiene, pero está difícil seguir pagando renta, y nos venimos para acá con la esperanza de hacernos de un terreno”, explicó.

Y aunque vecinos denuncian acaparamiento de personas que ya tienen casas, algunas invasoras lo niegan.

“Dicen eso pero no pueden saber, porque muchos estamos de arrimados. Yo no tengo una casa, pago renta, pero no es algo que sea mío como sí pudiera ser este terrenito que estamos cuidando aquí”, dijo Ángeles, de 43 años.

La dura realidad

Sin embargo, más allá de las historias personales, la ley es clara.

Joaquín Alfredo Camacho Vega, director jurídico de la SEPyC, confirmó que no hay posibilidad legal de vender o ceder ese terreno.

“Ocurrió un caso parecido en la escuela primaria de El Tamarindo hace 30 años. Ahí unas personas desplazadas hicieron sus casas, construyeron un patrimonio y hoy están teniendo problemas muy graves porque sus propiedades están en terrenos que pertenecen al estado, por lo que no se pueden vender ni heredar”, explicó.

“Entendemos el tema humano, pero el terreno pertenece a la escuela primaria. Es absolutamente irregular su petición”, añadió.

La noche del jueves 4 de diciembre, el desalojo llegó.

Elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal arribaron al predio cerca de las 11:00 de la noche.

“Llegaron con uso de violencia a destruir las casas de la invasión. Nos sacaron a todos, incluso a varios niños, en medio de la noche. Fueron unas 12 patrullas”, denunció Cinthya, una de las mujeres desalojadas.

El viernes por la mañana, sólo quedaban tiras de plástico negro adheridas a la malla. Del otro lado, tres patrullas resguardaban un predio rodeado de cinta amarilla. En medio, restos que aún alcanzan a contar lo que ocurrió en las últimas semanas.

Artículo publicado el 7 de diciembre de 2025 en la edición 1193 del semanario Ríodoce.