La Comisión proporciona apoyos económicos, jurídicos, médicos y sicológicos a los afectados 

La violencia se puede medir no solamente desde la frialdad de los números y estadísticas. Habita desde hace tiempo, pero su reciente transpiración se volvió más palpable. Empaña la economía: negocios cerrados y miles de desempleados. Gotea en las calles dando a luz a riachuelos rojos recorriendo las colonias, a la vista de todos. Enmohece la percepción de seguridad: calles deshabitadas a temprana hora, escuelas vacías, nombres y rostros de desaparecidos pegados en los postes de luz, y el desfile de militares evidencian el agrietamiento de una sociedad.

Las instituciones públicas intentan hacer su parte. Durante estos 14 meses de recrudecidos conflictos, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) resiente el impacto de aquellas víctimas que se leen en la prensa. Tan solo en 2025, se han atendido 5 mil 564 personas, de acuerdo con su registro de víctimas con corte a la segunda semana de noviembre, y aunque esta cifra no responde enteramente a personas que perdieron la vida durante hechos delictivos, sí están dentro de una atmósfera impactada por el conflicto.

Las víctimas varían; algunas de sus historias se leen en los periódicos, provocando manifestaciones y el hartazgo de la ciudadanía, lo que tambalea las estrategias de seguridad. Algunos de estos hechos se enlistan como “víctimas colaterales”; desde su posición, la CEAIV no reconoce el término y, en su lugar, prefiere emplear dos categorías: víctima directa e indirecta.

Directa, para quienes fueron afectados durante hechos violentos. Al dar ese tratamiento lingüístico, considera que aquellas personas a las que se les podría llamar “víctimas colaterales” son, en realidad, víctimas directas. La razón detrás de esta clasificación es que estas personas reciben una afectación en su persona derivada de un hecho victimizante.

Al considerarlas víctimas directas, la comisión les proporciona atenciones integrales de acuerdo con sus necesidades: atención médica, apoyos económicos en gastos funerarios, asistencia jurídica, seguridad y protección, y atención psicológica.

Víctimas indirectas: la familia. Ellos responden a las afectaciones que la conducta delictiva dejó a su paso. Es decir, son quienes sufren la afectación debido a lo que le sucedió a una víctima directa. Esto incluye a hijos, esposa o esposo, hermanos y tíos que vivían junto con la víctima. El papel de la CEAIV es darles acompañamiento dependiendo del tipo de daño.

Se busca, en otras palabras, restituir el proyecto de vida de las familias, que fue pausado de manera inesperada. La restitución se complejiza, por ejemplo, en el caso de familias con personas desaparecidas; la Comisión atiende al núcleo familiar, lo que puede representar entre seis y ocho personas en atención continua.

“Con ellos desde un primer momento se les da la atención jurídica y se le da la atención sicológica y de requerir, la atención siquiátrica. Incluso hemos apoyado más allá con cuestiones médicas de medicina general para estas personas que el hecho es tan doloroso, tan traumático, tan dañino y que hay veces que el núcleo familiar se enferma de una cosa u otra derivadas del hecho victimizante”, detalló Gloria Armida Uriarte Uriarte, titular de la CEAIV.

Antes, previo a la guerra, el estatus normal de atención de la Comisión era de 50 personas a la semana. En estos meses, se incrementó a 80, hasta 120 personas o más por semana. Esto no significa que semanalmente 80 personas toquen la puerta a la vez, sino que, al trabajar junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), estos reúnen los casos y los entregan en masa a la Comisión, generando una saturación.

En un informe semanal se realizaron 209 acciones legales, 70 atenciones sicológicas, 58 personas visitadas por trabajo social y 93 atenciones generales.

Casas funerarias

Durante 2025 la CEAIV ha gastado en apoyos funerarios 7 millones 374 mil pesos en 635 casos. Por lo tanto, el gasto promedio por caso es de aproximadamente 11 mil 617 pesos.

Los convenios que la CEAIV tiene con las distintas casas funerarias se especifican en 10 mil pesos. La familia elige la casa funeraria y el servicio básico, como velación, ataúd y traslado al panteón, es pagado por la Comisión, mientras que la familia se encarga de pagar el terreno; de esta manera se mitiga el gasto. El coste del plan ofrecido puede aumentar: si el cuerpo fue encontrado en muy mal estado, las funerarias incrementan su precio, o si los traslados se realizan de un estado a otro. Esto significa que los 10 mil pesos destinados a apoyos pueden variar.

Por ejemplo, si un cuerpo es identificado en Sinaloa, y la familia es de Veracruz, a los familiares que se encuentran en Sinaloa se les proporcionan medidas de atención como alojamiento y alimentos, y luego se les da para el regreso a su casa junto con el cuerpo del familiar.

En 2024 se atendieron 234 casos, lo que representó 3 millones 674 mil pesos, y en 2023 la cifra fue de 133 apoyos, con un gasto aproximado de 1 millón 330 mil pesos.

La Comisión de Víctimas y la FGE operan con roles distintos en la atención y la investigación de los hechos:

“Es fiscalía quien nos hace las labores de investigación y nos dice esta víctima, esta persona no reúne las características de ser víctima. Ellos lo identifican diciendo que era una persona que portaba armas, que realizó disparos, utilizaba ropa táctica, fue localizado en tal circunstancia, en tal situación. Entonces, ellos son los que determinan que esa persona no era una víctima, sino era una persona generadora de violencia y la excluyen”, anotó Uriarte.