Activistas señalan que las políticas públicas para mitigar las violencias contra la mujer son insuficientes
Después de tres días de haber sido reportada como desaparecida, el 03 de octubre, María de los Ángeles Quevedo Camacho, fue localizada sin vida y presentando un avanzado estado de descomposición, entre la maleza de un solar baldío ubicado en la colonia Doctores en el municipio de Guasave.
La última pista que se tuvo sobre el paradero de Quevedo Camacho fue la localización de su camioneta con rastros de sangre en el estacionamiento del parque Hernando de Villafañe, el cual se encuentra cerca de las instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG), lugar donde laboraba su ex pareja, Dagoberto, con quien presuntamente tuvo contacto el 01 de octubre.
Durante la mañana del mismo viernes 03 de octubre, Dagoberto también fue localizado sin vida en el patio de la casa de su hermana; la causa de su muerte se presume como suicidio.
El segundo feminicidio del mes de octubre dentro del estado ocurrió el 08 de octubre en la colonia Las Mañanitas, ubicada en el municipio de Culiacán, día en el que se reportó la presencia de una mujer herida por impactos de bala al interior de una vivienda.
La mujer fue identificada como Alejandra “N”, quien al momento de su asesinato contaba con 36 años y era originaria de Durango.
Un delito a la alza
En Sinaloa se han presentado 41 casos de feminicidios en lo que va del 2025, cifra que supera los 31 acumulados durante el 2024, y que también ha colocado al estado en el quinto lugar a nivel nacional en incidencia de este tipo de delito, concentrando el 5.6 por ciento de los casos suscitados durante este año.
Para Priscila Salas Espinoza, líder del colectivo feminista No Se Metan Con Nuestras Hijas, la prevalencia e incremento de los crímenes por razón de género, además de la inexistencia de una política pública para prevenirlos, se debe a que el presupuesto asignado no resulta suficiente para actuar oportunamente.
“En Sinaloa, no tenemos política preventiva, no tenemos ninguna política pública e incluso la que está orientada para la alerta de violencia de género, pues tampoco está siendo muy enfocada. Estamos preocupadas porque hay una ausencia total de interés, de voluntad política, de presupuesto y de sentarse a diseñar algo desde el gobierno del Estado para evitar que esto siga sucediendo”, expresó.
Pese a que Sinaloa es un estado que desde el 2017 recibió una declaratoria de alerta por violencia de género contra las mujeres, el gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya, este 2025 aplicó una reducción del 7.87 por ciento al presupuesto asignado a las diferentes instituciones públicas involucradas en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Sinaloa: foco rojo por violencia de género
De acuerdo con datos proporcionados por Salas Espinoza, desde 2015 Culiacán se ha mantenido entre los municipios con más feminicidios en México, ocupando posiciones del primero al quinto lugar; la activista también advirtió que, tras los hechos ocurridos en septiembre, mes en los que el estado podría volver a encabezar las cifras nacionales.
“Estamos en un nivel tan alto que compartimos los primeros lugares con entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, que tienen una densidad poblacional mucho mayor. Eso habla de la gravedad del problema”, subrayó.
Priscila Salas añadió que México fue reprobado recientemente ante la Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) debido a la carencia de estrategias efectivas para combatir la violencia de género.
Impunidad
Salas Espinoza señaló que el 97 por ciento de los casos de feminicidios permanece en la impunidad, así como las denuncias previas por violencia de género o familiar, de la cual muchas de las víctimas de feminicidio habrían interpuesto una denuncia previa ante las instancias correspondientes; sin embargo, las autoridades no actuaron.
“La impunidad en violencia familiar ronda el 97 por ciento. En feminicidio también es altísima, y los casos antiguos siguen archivados sin justicia”, afirmó.
Aunado a la falta de acción institucional, denunció que el gobierno suele estigmatizar a las colectivas que se manifiestan para exigir justicia y reiteró que cualquier solución real debe partir de un diagnóstico con respaldo presupuestal y compromiso político.
“No se puede diseñar una política pública sin dinero ni voluntad. Mientras eso no cambie, seguiremos contando víctimas”, concluyó Salas Espinoza.
Colectivas: las cifras no se toman en cuenta
Mónica Ortega, vocera del colectivo feminista Amapas del Norte, realizó un exhorto a las autoridades a actuar frente a las denuncias de crímenes con razón de género, para que estos no se diluyan o queden archivados frente a las querellas por otros delitos de alto impacto que han venido sucediendo en el estado desde que inició el conflicto interno del Cártel de Sinaloa.
“Las autoridades deben incentivar a que se abra cualquier caso que se intente denunciar y sea tratado con la importancia que merece, que no se demerite, que no se estigmatice, o se diluyan entre los números”, mencionó.
Artículo publicado el 12 de octubre de 2025 en la edición 1185 del semanario Ríodoce.
