Más de 2 mil universitarios “cooperaron” para que funcionarios acusados de corrupción fueran liberados de culpas

Con “coperacha” de la comunidad universitaria, los ex integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS involucrados en diversas causas penales, ya pagaron 20 millones de pesos como reparación del daño y cerraron los procesos.

Los ex funcionarios involucrados son Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.

En las mismas causas penales estaban involucrados el rector, Jesús Madueña Molina; y el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera, pero a ellos no les impusieron el pago de reparación del daño.

Los universitarios estaban vinculados a 11 procesos penales por compras sin licitación por más de 535 millones de pesos.

En enero de este año, solicitaron una suspensión condicional del proceso y propusieron pagar como reparación del daño 10 millones de pesos los funcionarios que integraron el Comité durante la administración de Guerra Liera; y otros 10 millones de pesos, quienes formaron parte del Comité con Madueña Molina.

En agosto pasado se celebró una audiencia en la que informaron al juez que ya habían cubierto la cantidad establecida como reparación del daño.

El juez dictó la extinción por cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional del proceso y cerró las causas penales.

Para reunir los 20 millones de pesos de ambos Comités, los ex funcionarios pidieron cooperación a la comunidad universitaria.

Después de que el juez autorizó la suspensión condicional, en la UAS abrieron una cuenta bancaria para que trabajadores y estudiantes hicieran aportaciones.

Las aportaciones eran de mil, 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos de universitarios que “genuinamente le nazca apoyar a los compañeros universitarios, pero, sobre todo, ayudar a la propia universidad porque ese recurso es para la institución”, dijo el abogado del rector, Milton Ayala, cuando informó que habían habilitado la cuenta.

Los universitarios tenían un plazo de seis meses, a partir de enero, para cubrir los 20 millones de pesos; y en agosto informaron al juez que la cantidad total ya estaba cubierta.

De acuerdo con la información fueron más de 2 mil los universitarios que hicieron aportaciones para que los involucrados pudieran cerrar los procesos penales.

En la audiencia no se informó qué cantidades de su bolsa habían depositado los ex funcionarios acusados de realizar compras irregulares.

Los 20 millones de pesos son para la universidad que tenía calidad de víctima en los procesos, pero no se ha dado a conocer el uso que les darán.

El pago de reparación del daño fue solo para los ex integrantes del Comité de Adquisiciones debido a que ellos estaban acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público por hacer las compras sin licitación lo que según la Fiscalía causó un daño al patrimonio de la universidad.

Guerra Liera y Madueña Molina estaban acusados del delito de desempeño irregular de la función pública por no evitar que se hicieran las compras estando dentro de sus facultades, y de acuerdo con la Fiscalía, ese delito no causa afectación económica.

Los universitarios empezaron a ser llevados ante el juez desde 2023 y acumularon 11 causas penales por compras sin licitación de tortillas, carne de res y pollo, equipos de cómputo, mobiliario, equipo de oficina, productos ferretería, consumibles de cómputo, contratación de obra y servicios de mecánica.

La primera causa penal fue por la compra sin licitación de 45 millones de pesos de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal para las casas del estudiante cuando éstas estaban cerradas por la pandemia de Covid-19, en 2020 y además, pagaron el kilo de tortillas hasta en 69 pesos.

Madueña Molina tenía otros dos procesos por abuso de autoridad por presuntamente negarse a que la Auditoría Superior del Estado auditara los ingresos propios de la universidad y fueron cerrados en cumplimiento a amparos.

La suspensión de los procesos fue uno de los acuerdos que tomaron en reuniones entre los gobiernos federal y estatal y los universitarios en 2024.

El primer acuerdo fue reinstalar a Madueña Molina en el cargo después de que fue separado por el juez en octubre de 2023; y en noviembre de 2024 regresó a la rectoría.

El segundo acuerdo fue que la universidad permitiera la aplicación de la nueva Ley Orgánica, a la que se oponían y que estaba frenada por diversos amparos; y en diciembre del año pasado desistieron de las demandas de amparo para que la Ley entrara en vigor; y el tercero fue la suspensión condicional de los procesos y en agosto pasado ya quedaron cerrados.

Tras las reuniones, el rector y el gobernador Rubén Rocha Moya limaron asperezas y terminó el pleito que tenían desde 2023.

“Hay un reconocimiento muy amplio de su liderazgo como rector, eso se demostró en el nombramiento que hicieron de su reelección. Entonces, yo espero que haya mucho éxito y nosotros vamos a contribuir también a ello para que la universidad salga adelante”, dijo Rocha Moya previo al Informe de Labores 2024-2025 de Madueña Molina a quien durante dos años había llamado corrupto.

Artículo publicado el 12 de octubre de 2025 en la edición 1185 del semanario Ríodoce.