La FGE acusa que el exalcalde de Ahome debió además licitar el contrato y no adjudicarlo directamente
El ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, pagó a una consultora 33 millones de pesos para que hiciera un trámite ante el SAT para el que no requiere intermediarios y es gratuito, reveló la Fiscalía General del Estado.
La semana pasada la FGE llevó ante el juez a Vargas Landeros y a los ex funcionarios Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Genaro García Castro, Cecilia Hernández Flores, Marysol Morales, Judith Elena Luna Castro, Gerardo Hervás Quindos y Fausto Rubén Ibarra Celis.
El ex alcalde está imputado por ejercicio indebido del servicio público y los otros ex funcionarios por desempeño irregular de la función pública.
De acuerdo con la FGE la empresa contratada es Consultora Humana Acsora, representada por Andrés Castillo Martínez, para que recuperara el Impuesto Sobre la Renta de las participaciones federales de 2015 a 2021.
La Fiscalía señaló que los ex funcionarios contrataron los servicios ilegalmente con recursos públicos y que el actuar de Vargas Landeros fue doloso porque sabía que la contratación era ilícita y decidió hacerla.
Los fiscales dieron a conocer que el 3 de noviembre de 2021 la consultora fue dada de alta en el padrón de proveedores del Ayuntamiento y el día 7 en el Palacio Municipal se reunieron representantes de la empresa con Héctor Adonai Beltrán y Humberto Vega Arellano.
En la reunión los representantes de la consultora explicaron a los funcionarios cuáles eran sus servicios y que habían detectado que el municipio podía recuperar ISR debido a que tenían errores de timbrado de nómina y ellos podían hacer los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria.
La Fiscalía señaló que desconocen cómo la empresa obtuvo información de las participaciones federales para detectar que había errores de timbrado y podían recuperar el ISR.
En la reunión los funcionarios respondieron que analizarían la propuesta y un mes después, el 7 de diciembre, propusieron al Comité de Adquisiciones contratar a la empresa sin licitación y la propuesta fue aprobada por Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Marysol Morales, Judith Elena Luna Castro, Gerardo Hervás Quindos y Fausto Rubén Ibarra Celis.
Horas más tarde firmaron el contrato Andrés Castillo Martínez, representante de la consultora; el alcalde Gerardo Vargas Landeros; el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; la síndica Procuradora, Cecilia Hernández Flores; y el tesorero, Humberto Vega Arellano.
En el contrato la empresa se comprometía a recuperar 94 millones de pesos de ISR de las participaciones federales y el Ayuntamiento a pagarle el 30 por ciento del monto recuperado más el 16 por ciento de IVA.
El contrato tenía una vigencia del 7 al 29 de diciembre de 2021.
Un día después, el 8 de diciembre, hicieron una modificación y adicionaron una cláusula que establecía que la empresa tenía que depositar una fianza del 10 por ciento del monto que recibiría como pago, para garantizar el cumplimiento del contrato.
La consultora recuperó 96 millones 899 mil 78 pesos y el 29 de diciembre recibió como pago 33 millones 720 mil 879 pesos.
Los fiscales señalaron que la contratación fue ilegal porque debió ser mediante un concurso de licitación pública y no por adjudicación directa.
Detallaron que además el Ayuntamiento no necesitaba contratar a un intermediario para recuperar el ISR.
Aseguraron que las Reglas de Operación del Convenio de Coordinación Fiscal emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecen que las entidades y municipios no requieren contratar asesorías, consultoras o externos para solicitar las devoluciones y que es un trámite gratuito que pueden hacer directamente con el SAT.
En 2022 la Auditoría Superior del Estado hizo una auditoría en la que detectó la contratación y la observó como irregular y estableció como probable daño al erario los 33 millones 720 mil 879 pesos que pagaron a la consultora.
El 4 de junio de este año el alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la irregularidad detectada por la ASE.
Según los fiscales Vargas Landeros tuvo conocimiento que la contratación podía afectar el patrimonio del municipio y estando dentro de sus facultades no la evitó.
Durante la audiencia celebrada la semana pasada, la Fiscalía pidió al juez vincular a proceso penal a los ex funcionarios y los abogados solicitaron un plazo de 144 horas para presentar datos de prueba por lo que el próximo miércoles el juez resolverá la situación jurídica.
Este será el tercer proceso penal que abre la FGE contra Vargas Landeros y el segundo contra el resto de los funcionarios.
Vargas Landeros y Cecilia Hernández tienen un proceso penal por abuso de autoridad por negarse a proporcionar información a la Fiscalía para integrar la carpeta de investigación por el arrendamiento irregular de patrullas.
El ex alcalde y el resto de los funcionarios tienen otra carpeta por ejercicio indebido y desempeño irregular de la función pública por contratar sin licitación el arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos.
Artículo publicado el d de octubre de 2025 en la edición 1184 del semanario Ríodoce.
